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En la última semana de febrero, Samantha, de 26 años, y Karla H, de 35, fueron asesinadas  a balazos en Uruapan y Zamora. Un mes antes, Angiie Aguilera, de 25, también fue baleada en Tarímbaro, estado de Michoacán. Las tres eran trabajadoras sexuales.
Samantha vivía en Apatzingán y se  había mudado para resguardarse de la transfobia. Era trabajadora sexual y hacia show en algunos bares. Según la prensa local, el cuerpo estaba amarrado y con signos de tortura.

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Angiie Aguilera había estudiado enfermería y le faltaba un año para recibirse.  “Le dieron 14 impactos de balas de diferentes calibres. Se me hace injusto que a personas como ella no se les apoye, la verdad es que estamos en un mundo muy discriminativo. Por qué se ensañaron tanto con ella, si ella no se metía con nadie. Cuando nos entregaron el cuerpo decían que no traía ni llaves, ni bolsa ni el teléfono, o sea cosas personales de ella no nos entregaron nada. Ni sus aretes, ni cadenas, ni sus esclavas. Dicen que el cuerpo lo encontraron sin nada” contó a Presentes la madre de Angiie.
Desde 2014 en el Código Penal del estado de Michoacán se tipifica como agravante de homicidio la orientación sexual o identidad de género.Hay 27 casos desde 2014 a 2020. En 2020 van 3 casos, aunque no se investigan como tales, denuncian desde las organizaciones de la diversidad sexual. Además la Fiscalía General de Michoacán sacó un comunicado hablando de “hombre vestido de mujer”, por lo que la prensa local también usó esa terminología para referirse a las víctimas.
“La fiscalía de atención a derechos humanos están llevando estos crímenes. Nosotros solicitamos una reunión con la titular y les pedimos que hicieran un reunión de trabajo no discursiva. El problema no es solo de acceso a la justicia sino también la tipificación si es feminicidio o transfeminicidio o cómo. Los peritos e investigadores dejan fuera de línea de investigación los temas de orientación sexual e identidad de género”, dijo a Presentes Raúll Martínez, coordinador de la organización Michoacán es Diversidad.

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“En Michoacán hay una disputa entre carteles. En algunas situaciones las trabajadoras sexuales trans son utilizadas como halconeo o narcomenudeo. Halconeo es dar aviso si viene la patrulla o la policía, servir de mironas. En algunas ocasiones las obligan porque están paradas en la esquina o en la calle. Con esto no quiero decir que todas estén involucradas en esto pero sí me parece que la Fiscalía  se agarra de ahí para sostener que son víctimas del crimen organizado. Le es más fácil a la fiscalía cerrar carpeta diciendo que era un tema de ajuste de cuentas o de narcomenudeo y no investigan más allá”, agregaron desde Mochocán Diversidad.

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