Por Miguel Pulido
El comportamiento del gobierno de México es más cercano al de los países de África que al de Noruega, me dijo con total contundencia en una ocasión alguien que sabe de geopolítica e industria energética. Quiero ser claro –subrayó- la comparación con África no es con afán de ofender, es objetiva, y determinará cómo los trate el sector energético.
Esa frase (en primera instancia irritante) no fue un desplante. Al contrario, fue sólo uno de los múltiples argumentos provocadores en un intenso debate al que asistí el año pasado en Yale.
La referencia volvió fresca a mi memoria a propósito de la carta pública del Canciller de Egipto, en la que considera similar lo que sucede en su país y en el nuestro. Aclaro que no trataré el tema del ataque a nuestros compatriotas en aquel país del norte de África. Es sólo que la idea de cómo se nos percibe en el exterior se quedó dando vueltas en mi cabeza (¿más cerca de África que de Europa?). Volví a las notas que tomé durante aquel debate y me pareció que por incómoda que sea, la mirada que del exterior tienen sobre nosotros puede ayudarnos a entender mejor la magnitud de lo que sucede en el país.
Por supuesto se trata de un ejercicio restringido. No sostengo que así nos ve el mundo. Simplemente que, al hablar de política y derecho, en especial de corrupción en el sector energético, puede ayudar saber cómo nos ven algunos.
Clase política y legalidad
La relación de la clase política mexicana con la Ley es atípica. Por citar un ejemplo, la cantidad de violaciones que cometen a la Ley Electoral en su trayecto para ser gobierno es abrumadora. La legalidad es –también- un sistema social y requiere de mensajes claros de las autoridades. El que mandan los gobernantes mexicanos es que no siempre importa la Ley. Ese mensaje ya ha sido captado por los actores que participan en el sector energético, y de inmediato encontrarán los espacios en los que hacer negocio y obtener ganancias sea más importante que respetar la Ley.
Un sector muy agresivo para instituciones tan débiles
Esta no es pura especulación, el sector energético es feroz. La forma en la que las compañías de gas y petróleo operan en el mundo es una preocupación seria de algunos gobiernos y han hecho esfuerzos judiciales por controlarlas. Así, el mundo del petróleo se sacudió en 2004 cuando los tribunales de Noruega encontraron culpable por actos de corrupción a Statoil (la empresa petrolera pública de aquel país). En 2006 y por el mismo caso, la compañía alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Entonces la empresa insignia del país que presume menor tolerancia a la corrupción tuvo que pagar multas de 21 millones de dólares, por pagos ilegales cometidos en Irán. Los directivos de entonces fueron removidos y los actuales han reconocido el daño que esto generó a la imagen de Noruega.
En Inglaterra, la Oficina de Fraudes Graves (SFO en inglés) está investigando a una compañía petrolera dirigida por el exlíder del partido conservador: Lord Howard. Se trata de millonarios pagos hechos por una compañía que opera en Somalia. Pero este no es un caso aislado. De hecho, un informe publicado en el Reino Unido (Global Fraud Survey) reconoce que 1 de cada 5 casos en los que hay acusaciones formales sobre corrupción son de ese sector. El mismo informe afirma que no hay otro sector con más casos de sobornos a oficiales de gobierno de otros países que el energético. 26 casos de acusación judicial, tan sólo entre 2008 y 2012, contra empresas británicas.
El problema, consideran en el Reino Unido, es que las empresas británicas (cito el informe en traducción propia) “operan principalmente en países en desarrollo y al tener alianzas corporativas con empresas propiedad del gobierno están más expuestas a la corrupción”. El informe menciona con preocupación a las compañías que operan en Nigeria, señalando que ocupa el lugar 143 en el Índice de Percepción de la Corrupción, y en Angola, que ocupa la posición 168.
México ocupa el lugar 103 en el mismo Índice y la reforma energética obliga a las empresas extranjeras a hacer negocios con Pemex una compañía que ha estado envuelta en permanentes casos de corrupción sin que a la fecha se castigue a los culpables.
Legalidad e impunidad política
En México, el discurso de la legalidad es el de la impunidad política. No es que los políticos de otras partes del mundo no reciban (o intenten recibir) beneficios por parte de contratistas o proveedores. Es que saben que las consecuencias por hacerlo son severas. Aunque la ley no los castigue, políticamente no los perdonan.
Para el contraste, le ofrezco dos ejemplos. En Inglaterra en 2009, la Ministra del Interior Jacqui Smith se vio obligada a renunciar después del escándalo por el uso de recursos públicos para beneficio privado (entre ellos el pago del alquiler de 2 películas pornográficas). En Alemania, en 2012 y después de un largo conflicto político y jurídico, se vio forzado a renunciar el presidente alemán Christian Wulff, acusado entre otras cosas de haber recibido un crédito para vivienda a tasa 0.
La impunidad total frente a los recientes escándalos por las mansiones del Presidente y del Secretario de Hacienda mandan la señal de que México es el paraíso para los tiburones de los negocios sucios. Y ese es un mensaje que también captó de forma instantánea el sector energético.
A la luz de estos argumentos ¿le sorprende que –al hablar de petróleo- nos asocien con África y no con Noruega? A mí no.
