Por Patricia de Obeso
Cierto que cada vez vemos menos televisión. Entre que se fue Chabelo y desapareció el Chavo del 8 y que de Cuna de Lobos ninguna novela tuvo sentido, dejamos de poner atención. Ni hablar de los noticieros. Además, apareció Netflix.
Con todo, la cosa sigue estando dividida. Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet 2016, casi la mitad de los mexicanos cuentan con televisión de paga, mientras el resto solo tiene acceso a televisión abierta. El único medio (y el más popular) para informarse además del radio.
Todo esto para decir que estamos expuestos a lo que los pocos y monstruosos medios de comunicación tienen que ofrecernos. Hagan memoria, ¿cuántos spots de los grandes logros del presidente han visto en los últimos años?, ¿cuántos han escuchado en el radio?, ¿lo bueno cuenta y cuánto cuesta?, ¿cuántas páginas a color han visto en el periódico anunciando prácticamente la cara del gobernador o de la alcaldesa?
A esto se le llama #publicidadoficial y no está regulado. Por años, los servidores públicos han tenido la libertad de gastar nuestros recursos en promocionar su imagen. Ojo, comunicar lo que están haciendo y rendir cuentas es su obligación, y nosotros tenemos el derecho a enterarnos de lo que hacen con nuestro dinero. El problema está en la calidad de esta información, las cantidades exorbitantes que gastan con fines políticos y sin la menor restricción. Tan solo en 2016, el Gobierno Federal gastó 70% más de lo presupuestado en comunicación social, un total de 8,500 millones de pesos. Lo mismo sucede a nivel estatal.
Seguramente los montos se ponen más interesantes si pudiéramos conocer lo que se paga por debajo del agua a los medios de comunicación para influir en sus líneas editoriales. Esto coarta la libertad de expresión y, una vez más, nuestro derecho a recibir información de calidad. O como si no hubiera problemas más grandes en el país que necesitan de recursos: la reconstrucción, el acceso a la salud y a la educación, la pobreza y un largo etcétera.
En este obscuro panorama, se veía una luz al final del túnel. A finales del 2017, la Suprema Corte le dio un amparo a Fundar y Artículo 19, dos aguerridas organizaciones de la sociedad civil, que obligaba al Congreso a legislar sobre el tema. O lo que es lo mismo, obligaron al Congreso a hacer su trabajo, un fallo histórico. Tenían hasta el 30 de abril para hacerlo, pero como en todo caso que les conviene, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en 5 minutos para sacar la ley. ¿Cuál fue el resultado? Garantizar lo que ya venían haciendo: gasto sin tope, promoción individual de su imagen y sin reglas claras.
El resultado para nada es esperanzador, pero creo que el proceso sí lo ha sido. El trabajo del colectivo de #medioslibres es digno de reconocerse por su profesionalismo y persistencia, dos valiosas cualidades que escasas veces encontramos entre nuestros legisladores. No hay momento más intenso que los tiempos electorales en el que somos obligados a consumir (y a pagar) sus anuncios; por lo tanto se vuelve más importante exigir que paren. Y que nos digan de una vez: de a cuánto el anuncio.
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