¿Cuántas veces viendo las noticias piensa: este chato es un vendido? ¿No le pasa que encuentra que las portadas de la prensa mexicana más que tomar la forma de un colorido y diverso mosaico de pluralidad se comportan como un equipo de nado sincronizado?
La explicación de lo anterior puede estar en la capacidad de perforación de los billetes. La democracia requiere medios libres y críticos. Los que tenemos en México son adictos al dinero público. La práctica de querer convencernos de las bondades de los gobiernos usando el dinero de nuestros impuestos ha llegado a extremos.
¿Sabía que se estima que el dinero gastado por partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales, diputados y el gobierno federal alcanza cada año 40,000 millones de pesos? Si a esto agregamos los maletines en efectivo que muchos periodistas reconocen siguen circulando, no es tan difícil entender que a punta de perforaciones con billetes nuestra democracia esté tan agujerada.
La Constitución prohíbe desde hace mucho (en su artículo 134) el gasto en propaganda para promover la imagen de personas en el servicio público. Pero de nada ha servido tal restricción, pues ya sabemos que el objeto más maltratado y la autoridad más desobedecida en este país son uno mismo: la Constitución.
Pero ahora el Poder Legislativo está obligado a aprobar una Ley sobre el tema. El episodio más reciente de esta larguísima historia es el siguiente: en 2014, en el marco de la reforma político – electoral, el Congreso aprobó un artículo transitorio que les obligaba (a ellos mismos) a regular la publicidad oficial a más tardar en abril de ese año. Pero no les pegó la gana hacerlo. A esa desobediencia de un mandato de legislar se le conoce como “omisión legislativa” y el Congreso mexicano la comete a cada rato. Ya se sabe, primero se aprueban reformas a la Constitución y luego quedan compromisos de detallar las reglas en leyes, pero o se hacen guajes o lo hacen mal.
Pues eso mismo estaba sucediendo con la llamada publicidad oficial: se venció el plazo para legislar y nada. Y en esa pachorra estaba el Congreso cuando una organización de la sociedad civil llamada Artículo 19 vino a sacudir el tablero. Presentaron una demanda de amparo alegando que la parálisis legislativa viola derechos y que la publicidad oficial es un tema de interés público que requiere regulación. (Da click aquí para más detalle del caso).
Y es por eso, y no por la convicción democrática de nuestros representantes populares, que llegamos a este momento: el 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte le dio la razón a Artículo 19 y emitió una sentencia histórica en la que obliga al Congreso a cumplir con el mandato claro (pero nada sencillo) de la Constitución: tener una legislación en materia de publicidad oficial.
Frente a esto, el colectivo #MediosLibres presentó hoy una serie de principios y ejes que -como mínimo- tendrían que ser la base de cualquier propuesta decente. Son argumentos construidos sobre una sólida base de evidencia, estándares internacionales, mejores prácticas en otros países e innovaciones en función de nuestra propia realidad.
La amplitud de lo propuesto va desde el tipo de Ley que se requiere (una que obligue a todos los que gastan recursos públicos) hasta consideraciones sobre la forma más republicana, eficiente y democrática de orientar el gasto (incluida un uso inteligente de los tiempos del Estado). Detallan criterios para dar transparencia al procedimiento, no burocratizan ni inventan reglas absurdas y por el contrario, dan parámetros para implementar medidas en beneficio de la sociedad, la pluralidad de medios y el derecho a recibir más y mejor información.
Pero ya sabemos cómo suele ser la furibunda reacción de los grandes corporativos, los periodistas cuyo negocio es la venta de posturas, los vividores del presupuesto y la clase política agachona. Por eso importa que nos informemos, que la sociedad se sume al debate, que exija mejores medios y rendición de cuentas en el gasto público.
Mucho hemos discutido sobre el daño que el clientelismo, la compra del voto o la corrupción electoral, pero muy poco sobre la pluralidad informativa. Sin rollos: la arbitrariedad y el abuso en la #PublidadOficial afectan gravemente el paisaje mediático y sin #MediosLibres la democracia es inviable.
****
Por si les interesa el tema, resalto y comento aquí algunos de los contenidos de la propuesta de #MediosLibres que en lo personal considero más importantes:
La Publicidad Oficial no debe desaparecer
Sin extremos ¡por favor! La publicidad oficial bien usada es ideal para cumplir con el derecho a la información. Incluso hay países en los que ha servido para fortalecer el pluralismo mediático garantizando la diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos.
Una Ley General y completa
Sin parches ni chipotes. Prácticamente no hay autoridad que no riegue el tepache en este tema. Algunos la han usado como chantaje y en otros casos ha sido hasta pretexto para darle contratos a compadres que se montan un negocio con un panfleto o portal de Internet.
El diagnóstico de lo que por ahora hay que corregir es claro. Por ejemplo: a) el contenido propagandístico de la publicidad, b) la discrecionalidad y discriminación en su asignación, c) la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, d) las deficiencias en la planificación, e) la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones, f) la inequidad de la contienda y g) la poca utilidad pública de las campañas.
Seguramente vendrán nuevos problemas. No hay que ser inocentes y en este tema hay que estar permanentemente informados.
Máxima publicidad
Ya estuvo bueno de que traten como un asunto privado lo que es de todos. La rendición de cuentas y el control de la publicidad oficial requieren como principio transversal la transparencia. Con los avances tecnológicos actuales, es imperdonable que no haya una plataforma de transparencia detallada y en tiempo real.
Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada
A mi en qué me beneficia ver sus rostros, sus abrazos con Juan Pueblo o las sonrisas que les regala Juana de los Pitayas. El contenido debe ser informativo, útil y necesario y no debe en ningún caso promover la imagen de los funcionarios. La Constitución no deja lugar a dudas, el párrafo 8 del artículo 134 de nuestra Carta Magna prohíbe el uso de “nombres, imágenes, voces y símbolos relacionados con la promoción de cualquier servidor público”. No pueden existir excepciones a esta prohibición, aunque en la actualidad se utilice la publicidad en torno al informe de gestión.
Uso racional de los recursos públicos
Por decencia, ya párenle. Urge limitar el gasto e impedir el sobre ejercicio del presupuesto. El gobierno de Enrique Peña Nieto ya va en un gasto superior al 71% de lo presupuestado.
Deben usarse de forma adecuada el denominado tiempo oficial -que engloba los tiempos fiscales y del estado. Esto representa 65 minutos diarios en cada estación de radio y 48 minutos en cada canal de televisión. Repensar la administración adecuada de estos tiempos permitiría limitar el gasto en publicidad oficial.
