Por Gonzalo Sánchez de Tagle
La destitución del Fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), bajo el argumento que había trasgredido el Código de Conducta de la Procuraduría, alerta y preocupa por dos razones principales. Por un lado, investigaba actos de corrupción que podrían estar directamente involucrados en el círculo cercano de Peña Nieto y en su campaña presidencial; y segundo, ya iniciado el proceso electoral del próximo año, se elimina al funcionario clave en la investigación de delitos electorales. En cualquier caso, el gobierno federal da un mensaje esencial: las instituciones son irrelevantes.
La FEPADE investiga (en apariencia lo continúa haciendo) la relación entre Emilio Lozoya y la empresa brasileña Odebrecth, por la supuesta entrega de más de 10 millones de dólares durante la campaña presidencial en 2012. Este vínculo se produjo cuando Lozoya fungía como coordinador de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto. Hay tres posibles escenarios: si Lozoya dice la verdad y no recibió nada, entonces es inocente. Sin embargo, si en efecto recibió el dinero, éste pudo haber tenido dos destinos. El bolsillo del propio Lozoya, ante la promesa de influir en el Presidente para posteriores licitaciones y otorgamientos de contratos o bien, fueron destinados a la propia campaña del PRI.
En cualquiera de los tres escenarios, es preocupante que se haya removido a Santiago Nieto como titular de la FEPADE. Ya sea porque el ex director de PEMEX recibió el dinero para su beneficio o del Presidente, la gravedad del asunto, aun y cuando resultara inocente, se deriva del hecho de que eliminar al Fiscal que investiga vínculos de corrupción dentro del entramado de alianzas presidenciales, no es otra cosa sino el reflejo voraz de la impunidad con que se conduce el gobierno. Naturalmente que el Fiscal resulta muy incómodo para partidos políticos, gobernantes y representantes populares. En la regularidad, ellos y sus conductas serían el objeto de sus investigaciones.
Por otro lado, la destitución del Fiscal debilita la procuración de justicia en materia electoral, ya iniciado el proceso para la elección de presidente, diputados y senadores el próximo año. No sólo la debilita, sino que envía un mensaje de irrelevancia, en tanto que el poder político se impone a las instituciones. El poder y el hombre, por encima de la ley. Es así como el órgano encargado de investigar y perseguir delitos electorales recibe el tiro de gracia, precisamente por hacer su trabajo. Eso tendrá como consecuencia un enorme debilitamiento de la fiscalía especializada en investigar actos criminales en los procesos electorales.
Más allá de la legalidad del despido de Santiago Nieto, su cese nos lleva a las siguientes conclusiones. Por un lado, huele al dicho “el que nada debe nada teme”. Esta destitución probablemente ayude a Lozoya en su proceso, pero sin duda, queda el tufo de que el despido tiene causas profundas que se encuentran en la verdad de los hechos, que quizás ya había encontrado. Por otro lado, descabeza a la autoridad investigadora de delitos electorales, en un tiempo en que la ilegalidad y criminalidad para obtener votos es la norma. Finalmente, nos demuestra que al presidente le importan poco las instituciones, cuando sus intereses están en entredicho. Nada más es cosa de ver: no hay procurador; no se ha avanzado en la legislación relativa a la fiscalía autónoma, por lo que no hay fiscalía ni fiscal general; no tenemos nombrado al fiscal anticorrupción, y despiden al electoral. No se necesitan más pruebas para concluir que para este gobierno las instituciones no importan.
Cuando el país se cae a pedazos por la impunidad, la inseguridad, la corrupción, la violación a derechos humanos, el crimen organizado y mucho más, el gobierno y el congreso tienen a las instituciones de procuración de justicia acéfalas. Buen remedio para tamaño mal. Es el cinismo descarnado, enfierado por conservar el poder y su propia impunidad.
Es ahora el Senado de la República quien tiene que decidir si restituyen a Santiago Nieto como Titular de la FEPADE y en ello, un poco de dignidad institucional; o si actuarán como siempre, en la pasividad atractiva que le otorga a la oposición, estar en buenos términos con el poder.
Todo esto es un síntoma de la profunda crisis por la que atravesamos.
