**AUTORA: ADRIANA MURO
Han pasado pocos días del triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el equipo de transición ya se puso a chambear. El ejercicio de socialización encabezado de Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, ha involucrado diferentes temáticas en la ecuación de paz para México, donde la política de drogas se presenta como un eje fundamental en el debate de las últimas semanas tanto a nivel nacional como internacional.
Ya con la emoción más estabilizada de lo que significó la elección del 2 de julio, acá van algunos puntos que deben ser leídos en conjunto para entender mejor el cuento de la política de drogas.
¿Qué opciones hay? ¿En qué hay que tener cuidado? ¿Cómo podemos aprender de otras experiencias, teniendo en cuenta la importancia de generar un proceso propio que atienda al contexto mexicano? Veamos:
Desmilitarización y capacidad estatal
La lógica militarista ha causado demasiado daño. Ya está más que diagnosticado que la realización de tareas de seguridad por parte de las fuerzas armadas aumenta la violencia y por ende aumenta la comisión de las graves violaciones a derechos humanos tanto por agentes estatales como por particulares. Los costos son muy altos y los resultados dudosos. El regreso de los militares a los cuarteles debe materializarse. Sin embargo, eso no puede lograrse sin garantizar la capacidad estatal y la separación de la esfera del crimen de la esfera del Estado. Ahí es donde las personas expertas serán fundamentales en el equipo de AMLO para no repetir errores del pasado. Será central generar estrategias de reestructuración de instituciones de seguridad, entender mejor las redes de protección y el impacto que la transición tendrá en las dinámicas de la delincuencia organizada en los diferentes mercados ilícitos.
Desarrollo Alternativo
La guerra contra las drogas, desde su irracionalidad, ha afectado desproporcionadamente a la población cultivadora de plantas declaradas ilícitas. Pensar en un mundo donde todas las drogas estén despenalizadas es un reto a largo plazo. Mientras tanto, hay que buscar opciones menos ridículas a la prohibición que permitan reducir daños en la producción. La sustitución de cultivos y de usos son experiencias que se han intentado en otros países productores que vale la pena mirar y que pueden implementarse desde una dimensión local no necesariamente nacional.
Ojo que éstas tienen que revisarse con cuidado, sobre todo frente a las promesas incumplidas y las amenazas del crimen organizado. Dichas experiencias deben revisarse siempre de la mano de otras perspectivas como la de desarrollo y garantía de derechos. También vale la pena tener claridad sobre las posibilidades económicas y políticas de la sustitución de usos en el caso de la amapola y la marihuana en el mercado legal.
Regulación gradual
La despenalización de las drogas debe estar en la agenda de tránsito hacía una política con enfoque de derechos. Empezar por la marihuana es una estrategia que ya está siendo probada en la región de forma positiva en países consumidores. El sustento de derechos es lo suficientemente fuerte para lograrlo, ahora hay que pensar cuál es la forma más estratégica de hacerlo en países productores como México y cuál es el impacto en el mercado ilegal. Es importante aclarar que la medida se está pensando a través de la regulación ¿Qué significa esto? Que la marihuana tendría que tener reglas como las que tienen actualmente otras sustancias ahora legales como el tabaco y el alcohol.
Reducción de daños en el consumo
Una nueva política de drogas no puede entenderse sin una estrategia de salud pública que parta de que las personas continuarán consumiendo y que requieren estrategias para reducir daños y que cuentan con evidencia sólida. Ello implica dejar afuera estrategias de seguridad que criminalicen conductas relacionadas con el consumo, implementar políticas que garanticen el acceso a la información responsable sobre los efectos de las drogas, examinar sustancias para determinar su calidad, y poner en marcha procesos de rehabilitación que vayan más allá de la abstinencia y garanticen, en cambio, el trato digno a las personas. Dichas políticas deben ir acompañadas de un cambio de narrativas frente a las personas usuarias de drogas que contribuyan a erradicar estigmatización basada en prejuicios morales y discriminatorios. En el caso mexicano se necesita una refundación ideológica de instituciones como la CONADIC (Comisión Nacional Contra las Adicciones), que históricamente ha apostado por la búsqueda de la erradicación del consumo y la persecución de personas usuarias.
Intersección entre política de drogas y proceso de paz
Uno de los puntos más interesantes es la lógica con la que el nuevo gobierno vincula la política de drogas con la construcción de paz. En la experiencia comparada en procesos de este tipo no se había visto dicha interacción hasta el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC, que incluyó por vez primera todo un punto relacionado con política de drogas. Respecto a este punto, hay que leerlo con detenimiento y observar la implementación y los obstáculos en el camino.
No hay que perder de vista que el proceso de paz al que apostamos, si bien coincide en visibilizar esta interacción, es distinto por lo menos en la propuesta de campaña. El acuerdo de Colombia fue construido entre el gobierno y la guerrilla asentada en territorio colombiano por más de 50 años, que negoció, además del punto de drogas, la participación política y un proceso de justicia transicional con una jurisdicción especial. En ese sentido, toca aterrizar mejor cómo nos estamos imaginando estos espacios de construcción de paz teniendo en consideración la presencia e influencia de los actores al margen de la ley, que si bien no tienen una afiliación política como las FARC hoy tienen un control territorial y poblacional importante.
De amnistías y enfoques diferenciales
En torno a este punto, circulan datos imprecisos, sobre todo de grupos opositores al proyecto de AMLO. Ante ello, la propuesta debe ser explicada al detalle. No sé si el concepto de aministía es el más preciso, en tanto el gobierno no está aspirando a negociar. En caso de que hubiera alguna negociación (ya sea con gobiernos anteriores o grupos al margen de la ley) hay unas reglas claras y procesos claros desde el derecho internacional que deben respetarse, como la prohibición de amnistías frente a crímenes de lesa humanidad.
Hacia donde apunta, al parecer, la propuesta de AMLO es a utilizar enfoques penales diferenciales en favor de los eslabones más débiles de la cadena de producción, que incluyen cultivadores o personas privadas de la libertad por delitos como posesión de drogas declaradas ilícitas. Ahí parece que hay que centrar la discusión normativa y de política pública. Vale la pena mirar dentro del acuerdo de paz en Colombia, como experiencia comparada, el apartado relacionado con dichas políticas diferenciales. Si bien la reglamentación hoy está a debate, como idea en el marco de un proceso de construcción de paz puede darnos luces de cuál es la mejor vía en favor de estas personas.
Influencia de México en el debate ante el sistema internacional de fiscalización de política de drogas
Ya el gobierno de Estado Unidos y, próximamente, el sistema internacional de fiscalización de drogas se pondrán sus moños sobre estas ideas que incluyen regulación, desmilitarización y enfoque diferencial. En ese sentido, es importante que la política exterior del próximo gobierno se sume al discurso que contribuye a una reforma a nivel internacional. Esto puede darse de forma productiva junto con la sociedad civil en escenarios de Naciones Unidas como UNGASS, en 2019.
Estos puntos seguramente tendrán que articularse con otros ejes en materia de seguridad, derechos humanos, la situación de cada entidad federativa, entre otros.
Mientras tanto, lo que nos toca es seguir pendientes de la propuesta y elevar el debate en estos meses de transición.
