**AUTORES: PATRICIA DE OBESO y ALEJANDRO ANAYA
La brutal ola de crimen y violaciones a los derechos humanos, causada en gran parte por la impunidad que ha imperado en el país los últimos diez años, demanda que el Estado reconozca y repare el daño a sus víctimas.
La indemnización es un primer paso que ciertamente no repara el daño plenamente. La afectación a la integridad, la salud o el plan de vida de las personas afectadas difícilmente puede repararse solo con dinero e incluso se puede argumentar que el tasar el sufrimiento humano es un ejercicio inapropiado, por decir lo menos. Sin embargo, a nivel internacional la indemnización a las víctimas es un componente básico de un proceso de justicia transicional (un proceso amplio de rendición de cuentas y de otras medidas que incluyen el derecho a la verdad, restitución y no repetición). Desde esta perspectiva, la reparación del daño es un acto de justicia y un derecho humano.
En México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es la encargada de realizar las reparaciones a las víctimas; es importante resaltar que en México aún no se define un proceso de justicia transicional. De principios de 2015 a finales de marzo del 2018, la CEAV ha pagado un total de 360 millones de pesos a un poco más de setecientas víctimas del crimen y de violaciones a los derechos humanos. Los montos pagados a cada víctima varían de manera importante. Por ejemplo, una revisión del primer trimestre de 2018 muestra que la compensación por daño moral a víctima indirecta puede variar desde 90 hasta 700 mil pesos; mientras que para víctimas directas fluctúa entre 240 y 681 mil pesos.
Por otro lado, las compensaciones por “lucro cesante” (es decir, la pérdida de ingreso monetario sufrido por la víctima como consecuencia directa del crimen o violación de derechos humanos que sufrió) han variado entre los 19 y 671 mil pesos. Si bien para establecer estos montos la CEAV recurre a ciertos parámetros internacionales en materia de indemnización (particularmente los establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), hasta donde hemos podido confirmar, aún no ha definido (o al menos no ha hecho público) un tabulador en el cual establezca montos concretos para tipos específicos de víctimas; por ejemplo: x cantidad para víctimas indirectas de desaparición forzada o y cantidad para víctimas directas de tortura.
Entre enero 2015 y finales de marzo de 2018, la CEAV había compensado a un total de 706 víctimas directas o indirectas, ya sea por daño moral o lucro cesante, con 509 mil pesos por persona en promedio. Para comparar, el pago por daño moral otorgado en Colombia a víctimas directas y/o indirectas de la mayor cercanía con la víctima directa (es decir, “relaciones afectivas conyugales y paterno filiales”) es de cerca de 470 mil (pesos mexicanos) por persona, en casos de muerte, lesiones graves y “privación injusta de la libertad”. Lo cual sugiere que los cálculos de la CEAV, en promedio, no son tan distintos a los establecidos en otros países con dinámicas similares de violencia con mayor recorrido institucional y un más robusto aparato estatal para responder a los retos de la reparación del daño.
¿Cuántos recursos económicos necesitaría el Estado mexicano para poder compensar a los cientos de miles de víctimas (y contando)? Con base en la cifra promedio de compensaciones otorgada por la CEAV y considerando los más de 29,000 homicidios en 2017 y las 4,700 desapariciones registradas en 2016, habría que destinar cerca de 15 mil millones de pesos solamente para las víctimas de homicidio y poco más de 2 mil millones a las de desaparición. Para dimensionar esta cifra desde una perspectiva más demandante, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral a víctimas de la CEAV dispone cada año de 500 millones de pesos. Si pensamos en las 209,401 personas asesinadas entre 2007 y 2016 (según datos del INEGI), se necesitarían más de 100 mil millones de pesos para ponerse al día con las indemnizaciones, equivalente aproximadamente al presupuesto de 213 años del que dispone hoy en día el Fondo de la CEAV.
Claramente, el Estado tiene una deuda que parece ser impagable con las víctimas. Si partimos del supuesto de que la impunidad es responsable en gran parte de estos crímenes y violaciones, la obligación de reparar el daño es uno de sus costos más importantes. Los costos humanos de la impunidad son imposibles de tasar con pesos y centavos. Lo que sí sabemos es que genera costos para el Estado, la sociedad y, sobre todo, para las víctimas y sus familias. Aunque este análisis se ha concentrado en los potenciales costos de la reparación a través de la indemnización, los costos de la impunidad son más complejos y diversos. Combatir y progresivamente disminuir la impunidad debe de ser una de las prioridades en el México de hoy. No solo si no queremos que los enormes costos económicos que genera nuestro inoperante sistema de justicia se sigan acumulando sino para poder aspirar a alcanzar mayores niveles de paz y respeto a la dignidad humana.
*Una versión de este artículo fue publicada en Animal Político el 12 de junio, 2018
