por Aleida Hernández Cervantes
No he visto las fotos. Ni las veré. No he visto el video del feminicida. Ni lo veré. No sucumbiré al morbo, ni por análisis sociológico. ¿Qué me proporcionaría? Solo una pequeña pero constante dosis de inmunidad frente a la deshumanización. Pero la imaginación es poderosa y la sensibilidad me aplasta solo con leer las descripciones. Solo me basta conocer los atroces hechos perpetrados contra la vida y humanidad de Ingrid Escamilla, joven de 25 años, poblana, profesionista, hermana, hija, amiga, con un proyecto de vida por delante que nadie debió arrebatar.
Los hechos de ese feminicidio
Una noche larga de atrocidad vivió Ingrid en su propia casa entre el 9 y 10 de febrero, a manos de su pareja de 46 años, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Los episodios de violencia en su contra eran cotidianos –a decir de los propios vecinos-, hasta que llegó el día máximo del horror: la asesinó sin la menor piedad, acuchillándola al menos en cinco ocasiones, le quitó una parte de la piel de su cuerpo y sus órganos. Después los tiró al drenaje y al inodoro.
Hay versiones que indican que los vecinos escucharon y no llamaron a la policía, que se mantuvieron impávidos, sin intervenir, llegando incluso a la indiferencia; hay otras versiones que circulan indicando que algún vecino o vecina sí llamó a la policía para denunciar los hechos en el momento en el que se estaban cometiendo contra la joven mujer.
Al día siguiente del asesinato, aparecieron fotos del cuerpo de Ingrid Escamilla en periódicos de nota roja, que empezaron a circular por todos los espacios digitales, denigrando y revictimizándola una y otra vez; así como un video en el que se ve y se escucha al presunto perpetrador hablando acerca del asesinato. Estos hechos suponen que policías y peritos filtraron fotos y videos a medios de comunicación y/o que permitieron que las tomaran violando el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio y viciando el proceso.
Hasta aquí solo los hechos perpetrados contra la vida y dignidad de Ingrid.
El contexto: orden social de género “normal” más pedagogía de la crueldad
La antropóloga feminista Rita Segato denomina pedagogías de la crueldad “a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas”, es decir, son todos los actos que llevamos a cabo para suplantar la vida por cosas. En el lugar de una vida humana pones un objeto, algo que puedes manipular, vender, romper, estropear, rentar, dañar, intercambiar, desaparecer y desechar. Por lo menos. Segato nos sigue diciendo “esta pedagogía enseña algo que va mucho más allá del matar, enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto [o difunta]”.
En nuestro país tenemos al menos dos décadas en este proceso “pedagógico de la crueldad”. Hemos ido transmutando la vida en cosas. En especial, se ha ido convirtiendo a las vidas de las mujeres en cosas, en objetos a lesionar, a dañar, a controlar, a aniquilar y tirar en basurales, baldíos o drenajes. Por eso es importante distinguir las fases de la descomposición social en la que nos encontramos.
El orden social de género siempre ha estado en funciones. Antes y ahora. Las múltiples relaciones de subordinación en las que se encuentran las mujeres frente a los hombres: control de decisiones en torno a su empleo, su ingreso, sus actividades, su tiempo, sus amistades, su cuerpo; discriminación en el trabajo (más bajos salarios que los hombres, dificultad para ascender en los puestos; acoso sexual por parte de amigos, profesores, jefes, compañeros de trabajo y en la calle y en el ámbito digital); consideración social de que las mujeres y lo femenino es inferior, y los hombres y lo masculino superior; así como la reproducción social simbólica de valores y roles asignados a hombres y mujeres, por ejemplo el uso de la idea del amor como forma de alienación de las mujeres a los otros, sean parejas, hijos, padres “sigo a mi pareja a donde vaya”, “lo doy y lo dejo todo por mis hijos”, “lo dí todo por amor”. Es este el famoso amor romántico y las múltiples formas que adopta la justificación de colocar la vida de las mujeres en segundo término.
Este orden social de género no se entiende sin los privilegios de los hombres: que les cuiden a sus hijos sin remuneración, que les hagan los trabajos del hogar; el ejercicio libre de la sexualidad y el control de su tiempo; el ejercicio de la violencia tolerado y alentado socialmente, entre muchos otros.
A ese orden social de género, en “tiempos normales” añádale un contexto de violencia generalizada en el país: “La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora” (Segato, 2018). Así, desprecio permanente y naturalizado por la vida de las mujeres más pedagogía de la crueldad es la ecuación social de muerte que estamos viviendo las mujeres en México. Ahí está el resultado: Feminicidios brutales como el de Ingrid Escamilla, la expresión más alta de esa ecuación.
Participantes de la ecuación social del feminicidio
Los hombres
En 1983 en Minessota, EUA, la feminista estadunidense Andrea Dworkin dio una charla a alrededor de 500 hombres. Su conversación giró en torno a las violaciones y golpes inflingidos diariamente a mujeres a manos de sus congéneres. Les dijo: “Los hombres lo están haciendo, por el tipo de poder que los hombres tienen sobre las mujeres. Ese poder es real, concreto, ejercido desde un cuerpo a otro cuerpo, ejercido por alguien que siente que tiene derecho a ejercerlo, a ejercerlo en público y en privado. Es la suma y la sustancia de la opresión de las mujeres”. Estamos en 2020 en México, diariamente se asesina a diez mujeres, según estadísticas oficiales. Asesinadas a manos de un hombre, en la gran mayoría de los casos son sus parejas o ex parejas, familiares u hombres cercanos quienes les arrebatan la vida “por el tipo de poder que tienen sobre las mujeres”. Se trata de la construcción histórica de la masculinidad anclada en el ejercicio de la violencia como mandato social. Los hombres, los varones, son los sujetos sociales en los que se encarna el ejercicio de la violencia más brutal en contra de las mujeres. Los hombres, ya no deben mirar a otra parte, no hay otros responsables. La larga guerra en contra de las mujeres tiene que parar. Los hombres tienen que declinar el mandato de masculinidad violenta que nos ha hecho tanto daño a todos, especialmente a las mujeres. Ya deben deponer las armas, cuestionarse privilegios, dejar de ser cómplices unos de otros, tomarse en serio la pacificación del país.
El Estado
El poder masculino convertido en instituciones del Estado. El Estado como un conjunto de representación del poder público de lo masculino. Hasta este momento no hay evidencia histórica de lo contrario. Me limito a las evidencias, hago pura descripción. Es en su mayoría, un poder corporativo masculino y masculinizante que, salvo muy contadas y excepcionales ocasiones, preserva el orden social de género del que hablamos líneas antes. El Estado se resiste a cambiar este dominio patriarcal. Desde los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, hasta el titular de la Fiscalía General de la República, hoy tienen una mirada, una impronta y un ejercicio patriarcal de gobierno. Y ¿qué significa eso? Que la vida de las mujeres está en un segundo plano no obstante el aumento de la violencia feminicida. Que no avanzan las políticas públicas de género, que no avanzan las investigaciones y no se imponen sanciones efectivas a quienes controlan, lesionan, denigran y acaban con la vida de las mujeres. Significa que los hombres que dirigen el Estado siguen destinando todas sus energías a gobernar masculinamente: desde las competencias, la rivalidad y la demostración constante de quién tiene más poder. Las mujeres estamos residualmente en el mapa de este Estado. Y no, no es que las mujeres no sepamos de teoría política, que no comprendamos las disputas de los grupos económicos y políticos por el poder; lo que sucede es que sabemos de teoría política y de teoría feminista, y queremos un Estado que ejerza el poder público a partir de una teoría política feminista. Que desmonte el pacto patriarcal de las instituciones y los sujetos que las representan. Que haya cero tolerancia al machismo institucional enquistado que obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres.
Como lo planteó la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, no podemos hablar de feminicidio sin impunidad, esa que perpetúa el Estado. Feminicidio e impunidad son indisociables, por eso es al Estado al que seguiremos demandando.
La sociedad
Con su orden social de género naturalizado, con su avidez por alimentar el morbo desde la comodidad de algún aparato electrónico, con sus múltiples formas de producción y reproducción de los “monstruos” que necesita para justificar su inacción y su indiferencia ante las vidas de las mujeres. Con ese consumo continuo de la violencia como si fuera cualquier otra mercancía –como diría Sayak Valencia, teórica feminista mexicana-, que no detiene ni en defensa propia. Con esa educación formal e informal con sesgo de género, con esos medios de comunicación que producen violencia contra las mujeres todos los días al volverlas cosas de belleza, cuerpo y carne humana para la consumición de espectadores que algún día podrían convertirse en feminicidas. Las religiones con sus premisas de mujeres/costilla, mujeres/invisibles, mujeres/sacrificio, mujeres/sirvientes. Las universidades sin fuerza y voluntad para propiciar la transformación de este orden social de género injusto, desigual y denigrante para las mujeres. La sociedad con sus redes sociales enardecidas, evidenciando y escupiendo más violencias contra las mujeres. Es esa sociedad participante del feminicidio.
En esta ecuación social del feminicidio tal vez falte algún elemento por despejar, incógnitas qué revolver, sin duda, pero hay una certeza inquietante: pocos se salvan de participar. Algo tenemos qué hacer con esto.
Aleida Hernández Cervantes
Investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Participa en el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la CDMX.
Twitter: @CerAleida.
Ilustración: Sofia Weidner
Ig: @sofiaweidner
