Está en todas partes. Una vez más Joaquín “el Chapo” Guzmán se convierte en el eje central de la discusión pública. No es cosa que sorprenda. La acumulación de poder que logró, sus espectaculares fugas, el circo mediático en su entorno –Hollywood incluido-, la brutal violencia que ha desatado, la impunidad que lo rodea y un largo etcétera lo convierten en un tópico obligado.
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Uno de los mayores predicamentos de nuestro tiempo, cuya definición esencial es la crisis y la sucesión de tragedias, es que las personas que dirigen las instituciones de nuestro país y a quienes en principio corresponde resolver los problemas colectivos, son el problema mismo.
Es bien fácil echarle la culpa a otros. Salir, dar entrevistas o conferencias de prensa y achacarle toda la responsabilidad de la violencia en el país o la ciudad al nuevo sistema de justicia penal.
“Gracias a todas nuestras fuerzas armadas por ser leales a México, por servir a México con sentido de lealtad, de compromiso y de patriotismo, con enorme sentido de institucionalidad, con respeto a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos”, Enrique Peña Nieto, presidente de México.
En el contexto de democracias débiles -como la que vivimos en nuestro país- es común que las iniciativas públicas encaminadas a garantizar el efectivo goce de los derechos no sean sostenidas en el tiempo, no den resultados sustantivos e incluso que su implementación no nos aporte mejores condiciones para el ejercicio de nuestros derechos. También son frecuentes los retrocesos en los pequeños avances que se han logrado para acercarnos a una democracia sustantiva.
