Estamos, una vez más, con la discusión de lo que debemos hacer para enfrentar a la delincuencia organizada. Y resulta que las Fuerzas Armadas están muy activas exigiendo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Por todas partes hay análisis técnicos sobre la inconstitucionalidad de la medida y los peligros que encarna para la desatada violencia que vivimos.
Pero este debate tiene un punto ciego. Uno que muchos políticos simplemente no quieren ver. Dado que se resisten, propongo que hagamos un análisis de la situación que vive el país a partir de realidades concretas. Sí, revisemos con un poco de detenimiento el rol de la clase política en la crisis de delincuencia organizada.
Tomemos el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba, capturado el 9 de abril en Florencia, Italia. Podríamos hablar de Eugenio Hernández, del Fiscal Veytia, de los Moreira. Pero quedemos con Yarrington porque sin duda retrata de cuerpo entero la dimensión del complejísimo problema que vivimos. Si esto no es una crisis, no sé qué lo será.
Si el problema principal es el narcotráfico y la delincuencia organizada, ¿por qué no hablamos de la narco política? ¿En verdad no vamos a decir nada?
1.- Tibieza, complacencia o complicidad
En México es de subrayar la falta de determinación de la clase política para condenar con firmeza las conductas ilícitas. Con el fantasma (o pretexto) del uso faccioso de las instituciones, cuando los políticos tienen que escoger entre creerles a éstas o a sus compadres, siempre prefieren a los segundos. El caso de Tomás Yarrington da perfecta cuenta de ello.
Los de enero de 2012 eran días de precampaña, pero Peña Nieto ya era el único contendiente al interior del PRI por la candidatura a la presidencia de la República. La PGR había anunciado un requerimiento internacional para localizar a Tomás Yarrington, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. En una entrevista, se da el siguiente diálogo:
-Precandidato que nos pudiera comentar su reacción a esta acusación de la DEA contra el exgobernador Yarrington.
-(…) me parece que esta es una filtración, una especulación que ha ocurrido en plena campaña electoral (…) Ahora resulta que esta indagatoria se da -¿hace cuánto fue gobernador?- hace 7 u 8 años, justo cuando estamos en contienda electoral, lo cual despierta sospecha.
¡Qué cosas! Hace 5 años, esa fue la respuesta de Enrique Peña Nieto ante una acusación de esa gravedad: sospechar del uso electoral de las instituciones.
Si el narcotráfico ha crecido hasta los niveles que ha alcanzado es por la complicidad y cobertura de una parte de la clase política. ¿Y sobre eso no dicen nada?
2.- El crimen es transnacional, la impunidad local
Las acciones legales en Estados Unidos contra mexicanos por hechos ocurridos en México han incrementado en años recientes. No se trata de simples curiosidades que pasan fuera de nuestras fronteras.
El caso Yarrington remite al asesinato en noviembre de 2011 del empresario Alfonso Peña Argüelles. Apenas 3 meses después de ese hecho, su hermano (Antonio Peña Argüelles) fue detenido en Laredo y encontrado culpable de ser intermediario entre el Cártel del Golfo, los Zetas y políticos corruptos. Los documentos oficiales presentados en los tribunales de Texas ya involucraban a Yarrington.
Al juicio contra Peña Argüelles siguió uno más ya directamente contra el exgobernador de Tamaulipas y otro empresario: Fernando Alejandro Cano Martínez, por lavado de dinero y delincuencia organizada. Los papales en la Corte de Texas refieren también al asesinato de Rodolfo Torre Cantú -candidato a gobernador- crimen que sigue sin resolverse.
Total, las acusaciones de pertenecer a la narcopolítica se fueron confirmando. Tanto Cano Martínez como Peña Argüelles se declararon culpables, sumándose así a una kilométrica lista de empresarios, servidores públicos y personajes políticos mexicanos que han aceptado ante los tribunales de Estados Unidos haber lavado dinero y cooperado con el narcotráfico.
Todos esos casos contrastan con la pachorra e ineficiencia de las autoridades mexicanas. El colmo, mientras Yarrington tenía carácter de fugitivo en los Estados Unidos y una averiguación previa en México a nivel federal, las autoridades de Tamaulipas le proveían los servicios de seguridad con agentes de la policía ministerial estatal.
¿Marco legal para que actúen las fuerzas armadas? ¿Y por qué no hablamos del cerro de políticos culpables que el gobierno de México fue incapaz de investigar?
3.- Mansiones, empresas, inversiones: it’s all about the money
Se ha dicho hasta el cansancio: nuestro gobierno es incapaz de atacar la estructura financiera de los cárteles, de las redes de corrupción política y de otras formas de delincuencia organizada.
El caso de Yarrington muestra la importancia de ir tras los activos, tras los capitales sucios y las redes de prestanombres y testaferros. Las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos arrasaron primero con el patrimonio de quienes hoy se han declarado culpables. Lo mismo decomisos de vehículos, joyas y dinero que expropiaciones de lujosas viviendas, intervenciones bancarias o multas exorbitantes. Todo lo que acá no se hizo ni se hace.
En contra de los socios de Tomás Yarrington pesó todo, demandas civiles, procesos penales, investigaciones administrativas y la aplicación de leyes especiales para extranjeros. Entre las penas impuestas por condenas, los acuerdos de culpabilidad y decomisos en sólo 3 casos hablamos de más de 25 millones de dólares. Y, por supuesto, mucha gente en prisión (y otra fugitiva como el propio Eugenio Hernández, sucesor de Yarrington).
Pero la cosa no paró ahí. Este poder económico no tendría viabilidad si no contara con esquemas financieros. El caso Yarrington también muestra las responsabilidades del sistema bancario. Resulta que el caso de lavado de dinero de Peña Argüelles se sumó a otras pifias en el control de depósitos y manejo de cuentas, que implicó una histórica sanción a Citigroup.
En junio de 2015, Banamex USA (subsidiaria de Citigroup) recibió una multa de 140 millones de dólares por violar las leyes de lavado de dinero. Recordemos que, en 2012, HSBC se declaró culpable de permitir que dinero de fuente criminal viajara de México a Estados Unidos y que por ésta y otras acusaciones pagó una multa de 1.9 billones de dólares.
¿En verdad creen que dándole un montón de poderes abusivos al Ejército van a parar estos torrentes de dinero? ¿Dónde está la inteligencia financiera? Sin cortar este flujo simplemente, lo que se avecina es una carrera armaméntistica y quién creen ustedes que la va a ganar.
4.- El blanqueo social del dinero
Las noticias sobre delincuencia organizada nos quedan lejos, entre otras cosas, porque las relegamos a la sección policial.
Saúl Fáundez, personaje de la novela Tinta Roja de Alberto Fuguet, describe así a los periódicos que reportan el crimen: “podemos publicar lo que queramos porque nadie importante los lee”. “La sección policial es la única parte donde los pobres aparecen con foto, nombre y apellido. Nuestras páginas son como la vida social de los pobres.”
El caso de Yarrington muestra que el narcotráfico y la delincuencia organizada no son sólo esa cosa horrible que sucede en las secciones policiacas. Son historias oscuras y enredadas. Demasiado poder y demasiado dinero.
Son tramas llenas de personajes. Sí, además de los gatilleros, los que usted imagina: empresarios, funcionarios de aduanas, ex gobernadores, compañías transnacionales, bancos. Pero también hay cooperantes y criminales a los que el gobierno de Estados Unidos les da permiso para delinquir o les paga un sueldo.
Parafraseando a Faúndez, quizá la sección de sociales es la nota roja de los ricos. Es ahí en donde muchos delincuentes de cuello blanco aparecen con foto, nombre y apellido.
El Ejército no para de insistir en tener mejores condiciones para salir a matar gente a la calle, mientras los lavadores de dinero y los que posibilitan que el narcotráfico sea tan lucrativo son los asistentes a las bodas de los hijos de los políticos. Qué cosas.
5.- La desinformación
El lamentable (e innegable) avance de una “sociedad narca” pasa por la absurda negación del diagnóstico. Por el empecinado acto de resistirse a entender la realidad. O la mezquina conveniencia de negarla. El desastre se sirve de la desinformación y de la mala memoria. Y nada mejor para esos propósitos que las noticias sin contexto y la discusión pública cercenada. Los datos sueltos, el hecho aislado, la afirmación no asociable.
Yarrington será presentado como el personaje malicioso, el que se separó de los valores de su partido, el que traicionó a su sociedad y a su familia. Pero lo cierto es que frente al fenómeno que vivimos su relevancia individual es minúscula. Él es, apenas, una pieza de un complejo engranaje.
Por eso hay que contextualizar la crisis que vivimos a la luz de la narcopolítica. Hay que revisar las historias personales, los nexos, las redes. Ahí están muchas de las claves del por qué la impunidad está enraizada y hay muchas pistas para entender la despiadada violencia que vivimos.
Y de eso, precisamente de eso, no dicen nada los que impulsan la Ley de Seguridad Interior.
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