En México nos hemos acostumbrado a ver a quienes nos gobiernan aparecer en la televisión o a escuchar su voz en la radio un día sí y otro también. Aunque cueste miles de millones, sea para repetir mentiras y sin importar que la Constitución lo prohíba. Para colmo, parece que en el futuro cercano tendremos que decir: y gracias a que el Senado aprobó una Ley a todas luces inconstitucional.
Sin rodeos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a la aprobación de la Ley General de Comunicación Social una oportunidad perdida. En su opinión, México se queda una vez más a merced de las malas prácticas que violan la libertad de expresión e impactan en la calidad de la información que la sociedad recibe. A pesar de existir cerros de evidencia, referentes y estándares internacionales sobre cómo legislar en este tema, el Congreso mexicano se miró el ombligo y aprobó cualquier cosa.
Pero lo cierto es que la aprobación de esa ley (rápidamente bautizada como la #LeyChayote) es mucho más que una oportunidad perdida: es una vacilada y otro golpazo a la democracia. La falta de un sistema de medios democrático es una disputa bastante añeja, por lo menos desde la reforma política de 1977.
En años recientes, los esfuerzos por tratar de contener los raudales de dinero público que descontroladamente fluyen hacia los medios de comunicación han sumado a amplios sectores de la sociedad y la batalla se ha focalizado en la llamada publicidad oficial.
No es para menos. El despropósito con el que se han conducido los gobernantes utilizando el presupuesto, manipulando medios y promoviendo su imagen es tal que, por lo menos en las últimas dos reformas constitucionales en materia político electoral, éste ha sido uno de los objetos centrales de discusión.
Pero, en materia legislativa, México es una serpiente que se come su propia cola. La cerradísima elección de 2006 dejó entre sus saldos un sistema de medios evidenciado en su parcialidad. La oposición se lanzó con ferocidad a pelear mejores condiciones y un nuevo modelo de comunicación política. El rol de los medios, el dinero de particulares y el abuso de la posición de poder fueron los ejes centrales. Como en este país (y en el Congreso de forma especial) no hay memoria, los propósitos de la reforma de 2007 fueron aplastados por el PRI en el Senado con la #LeyChayote, con pocos dando la batalla, con legisladores de oposición ausentes y en algunos casos sin siquiera entender qué estaba en juego.
De hecho, la cosa es más seria. Un vistazo a los motivos de la reforma constitucional de 2014 (una lectura básica, superficial) habría dejado claro que el trauma del rol de los medios seguía tan vigente que incluso una causal de anulación de elección se relacionó con adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Las frases incluidas respecto a prohibiciones y características de la propaganda no dejan lugar a dudas, la promoción personalizada y la falta de sanciones no podían continuar. Y esa instrucción constitucional quedó en ruinas.
El PRI y sus aliados tiraron por la borda la historia, los antecedentes, las batallas dadas. La práctica de querer convencernos de las bondades de los gobiernos usando el dinero de nuestros impuestos ha rallado en extremos inaceptables. El despilfarro se cuenta en miles de millones de pesos y la #LeyChayote da carta abierta a que siga pasando, permite la opacidad, concentra el poder en Gobernación, no establece sanciones y no tiene criterios para la asignación.
Por eso lo aprobado por el Senado es un franco retroceso. Es una licencia para seguir abusando de la publicidad oficial con las consecuencias ya conocidas: distorsión en la competencia entre medios, premia la corrupción, atenta contra la libertad de expresión, viola el derecho a la información y despilfarra decenas de miles de millones de presupuesto público.
La #LeyChayote es herencia de un régimen de comunicación política caduco, corrupto, que viola las libertades y estropea la competencia. Quien quiera que gane las elecciones, si en verdad tiene vocación democrática, está obligado a revertir este desastre.
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