En el marco del ring que se han vuelto la elección presidencial y nuestras casas, la tragedia de la violencia no cede, las violaciones a derechos humanos alrededor del país se recrudecen y la estrategia de seguridad implementada hace más de 10 años sigue haciendo daño.
Mientras las propuestas se siguen quedando en la nebulosa, la tragedia se extiende. Acá van tres casos, que muestran un móvil de desaparición forzada que debería ser tomado en cuenta para cualquier estrategia de seguridad y mecanismo de justicia transicional del próximo gobierno.
Vamos de adelante para atrás. Un primer caso, la desaparición de Jesús Daniel, Marco y Salomón en Jalisco y la versión oficial sobre su cruel asesinato que involucra a miembros de la delincuencia organizada y al uso de placas y armas exclusivas de autoridades estatales, vuelve a evidenciar cómo la guerra contra las drogas coloca a la población civil, especialmente a las y los jóvenes, en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ser confundido con el enemigo o estar en territorios controlados por cárteles del narcotráfico donde hay vacíos de poder estatal, es actualmente la causa principal de las desapariciones forzadas en México. Esta práctica se observa en distintos casos con tolerancia e incluso participación de distintas fuerzas de seguridad. La historia de los estudiantes de cine de Jalisco guarda estrecha relación con el segundo caso: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Después de casi cuatro años de impunidad, de información obtenida en mensajes de texto de mandos del cártel “Guerreros Unidos” en Chicago, se desprende que éstos relacionaron la movilización estudiantil de los normalistas con actividades del cártel de “Los Rojos” y ordenaron a la policía llevar acabo su desaparición.
Este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estudia un tercer caso que ejemplifica el móvil que la desaparición forzada tiene en nuestro país derivado de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón. Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel en el marco del operativo militar Chihuahua, en 2009, fueron detenidos por personas con uniformes del Ejército mexicano. A pesar de encontrar pruebas que involucraban a agentes estatales y de la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso, son ya nueve años de impunidad y dolor para sus familiares al desconocer su paradero y sin una investigación diligente. La audiencia del caso, celebrada a finales de abril de este año, se centró precisamente en las consecuencias de la militarización de las tareas de seguridad y cómo el hecho de vivir en un territorio controlado por el narcotráfico genera un patrón generalizado de desaparición forzada de personas.
Durante estos 10 años de guerra, la desaparición forzada y sus causas han mutado en México. La figura de las desapariciones fue importada a nuestro país en los años setentas de las dictaduras del Sudamérica y de los países latinoamericanos que vivieron conflictos armados de carácter no internacional. El móvil, principalmente político, generó que agentes estatales y paramilitares desaparecieran personas a lo largo y ancho de la región. Sin embargo, en esta última década en nuestro país el móvil ha cambiado, reduciéndose al control territorial de los cárteles, a la militarización del país y a la sospecha de pertenecer al crimen organizado.
La desaparición forzada ha sido analizada durante años por los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente la Corte IDH ha emitido más de 70 sentencias relacionadas con el contexto de desaparición forzada en la región, haciendo un ejercicio de memoria y verdad en relación a las causas y al contexto que propiciaron esta figura en América Latina.
Ante la ineficacia actual del Estado, hoy se ve una oportunidad de construcción de verdad con el examen de la Corte IDH de clarificar desde el análisis contextual distintas interrogantes: ¿cómo entender un patrón generalizado de desapariciones en un Estado “democrático”?; ¿cómo investigar estas conductas, con grupos de delincuencia organizada que controlan territorio, vías, autoridades locales y cuentan con uniformes, placas y armas de uso exclusivo del Ejército?; ¿qué repercusión tiene la militarización de la seguridad y las disputas entre cárteles en la vida de la población civil? Asimismo, me parece que las órdenes de reparación del caso pueden ser fundamentales para materializar la nueva institucionalidad generada de las leyes en materia de desaparición forzada ya que, con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior y con la legislación militar actual, se corre el riesgo de mantener el estatus quo y, en últimas, seguir acumulando impunidad.
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