Por Patricia de Obeso
En México, desde hace diez años, peleamos una guerra contra el narcotráfico. Una apuesta que se ha concentrado en abatir a estos grupos y que, a su paso, ha dejado miles de muertos y de desaparecidos.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) es un centro de investigación independiente que realiza estudios relacionados con la paz en el mundo.
Para el instituto, definir la paz requiere de mayores elementos que circunscribirse a la ausencia de violencia, como se ha manejado en México. Referirse a la paz, requiere de elementos como el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y la libertad de expresión. La falta de esto genera violencia.
Limitar la paz a disminuir la violencia, es en realidad incorrecto e infructuoso. El fenómeno fluctúa y es dependiente de muchos factores. Atender las causas raíz del problema, es mucho más retador.
En 2016, México ocupó el lugar 140 de los 163 países evaluados en el Índice de Paz Global, producido también por el IEP. Si bien, los niveles de paz en México han mejorado 14% desde 2011, el peor año para el país, el reto permanece grande cuando nos comparamos con el resto del mundo.
El Índice de Paz México (IPM), estudio que desarrolla el IEP cada año desde el 2013, destaca que nuestro país cuenta con todas las herramientas institucionales, llámese leyes, para tener un contexto totalmente distinto. Sin embargo, parce que nos hemos concentrado mucho en coleccionar leyes y poco en implementarlas.
El IPM utiliza una metodología que recurre a las bases de datos oficiales del gobierno federal y de los estatales. El diagnóstico se basa en tasas de homicidio, delitos con violencia, delincuencia organizada (extorsiones, tráfico de drogas y secuestros), delitos con arma de fuego y presos sin condena.
Cada estado, a través de las procuradurías, registra estos datos y los entrega al gobierno federal. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que la calidad de estos datos, en ocasiones es deficiente y no refleja la realidad. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde la tasa de homicidio reportada no aumentó ni siquiera en los peores años de violencia en el país.
Por otro lado, en los últimos 6 años, la tasa de presos sin condena aumentó 16%. Una de las reformas más prometedoras que se lograron en el país, es precisamente la del sistema de justicia penal. Sin embargo, las cárceles siguen llenas de internos sin condena y se distinguen por ser espacios de autogobierno.
Durante 2016 la paz en México se deterioró principalmente a causa de un incremento de 18% en la tasa de homicidios. La tasa registrada para este delito es de 16.7 por cada 100,000 habitantes, muy por encima del promedio global de 7.3. Esto es preocupante cuando en estas muertes se incluyen las de 76 periodistas, según Reporteros sin Fronteras. La amenaza contra periodistas es una amenaza contra la libertad de expresión.
Si queremos cambios drásticos, de esas mismas características deben ser las estrategias. Invertir en la eficiente y eficaz implementación del sistema de justicia, tendría un impacto directo sobre la corrupción e impunidad observadas en todos los tipos de delitos que experimentamos los mexicanos. Lograr la paz no es tarea fácil, es un proceso fino y a la vez pragmático que requiere de respuestas de fondo.
*El artículo fue publicado originalmente en El Universal. En este sitio se reproduce el artículo con autorización de la autora.
