Por Miguel Pulido
En 2015, participé en un debate en la Universidad de Yale, sobre corrupción en el sector energético. Entonces escribí un artículo (que fue publicado en Aristegui Noticias). Lo retomo, a propósito del tema del contrato terriblemente dañino para PEMEX, firmado por Idesa y Braskem -una filial de Odebrecht- para construir la planta de Etileno XXI. La información fue revelada gracias a Mexico Leaks y analizada por distintos medios de comunicación, entre ellos Aristegui Noticias y Animal Político.
Aquí el artículo (con algunas ediciones menores):
El comportamiento del gobierno de México es más cercano al de los países de África que al de Noruega, me dijo con total contundencia un especialista en geopolítica e industria energética. Quiero ser claro –subrayó- la comparación con África no es con afán de ofender ni un prejuicio, es objetiva. Lo más importante, determinará cómo tratará a los mexicanos el sector energético.
Esa frase (en primera instancia irritante) no fue un desplante. Al contrario, fue sólo uno de los múltiples argumentos provocadores en un intenso debate al que asistí hace unos años en Yale.
Considero que conocer la mirada que del exterior tienen sobre nosotros puede ayudarnos a entender mejor la magnitud de lo que sucede en el país. Por supuesto se trata de un ejercicio restringido. Pero ahí puede haber pistas sobre las prácticas de corrupción en el sector energético.
Clase política y legalidad
La relación de la clase política mexicana con la Ley es atípica. La legalidad es –también- un sistema social y requiere de mensajes claros de las autoridades. El que mandan los gobernantes mexicanos es que importa poco la Ley. Ese mensaje ya ha sido captado por los actores que participan en el sector energético, y de inmediato encontrarán los espacios en los que hacer negocio y obtener ganancias sea más importante que respetar la Ley.
Un sector muy agresivo para instituciones tan débiles
Esta no es pura especulación, el sector energético es feroz. La forma en la que las compañías de gas y petróleo operan en el mundo es una preocupación seria de algunos gobiernos y han hecho esfuerzos judiciales por controlarlas.
El mundo del petróleo se sacudió en 2004 cuando los tribunales de Noruega encontraron culpable por actos de corrupción a Statoil (la empresa petrolera pública de aquel país). En 2006 y por el mismo caso, la compañía alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Entonces la empresa insignia del país que presume menor tolerancia a la corrupción tuvo que pagar multas de 21 millones de dólares, por pagos ilegales cometidos en Irán. Los directivos de entonces fueron removidos y los actuales han reconocido el daño que esto generó a la imagen de Noruega.
En Inglaterra, la Oficina de Fraudes Graves (SFO en inglés) investigó a una compañía petrolera dirigida por el exlíder del partido conservador: Lord Howard. El reporte concluyó que a pesar de millonarios pagos hechos por una compañía que opera en Somalia, no pudieron conseguir evidencia contundente en los más altos estándares de prueba. Pero este no es un caso aislado. De hecho, un informe publicado en el Reino Unido (Global Fraud Survey) reconoce que 1 de cada 5 casos en los que hay acusaciones formales sobre corrupción son de ese sector. El mismo informe afirma que no hay otro sector con más casos de sobornos a oficiales de gobierno de otros países que el energético: 26 casos de acusación judicial, tan sólo entre 2008 y 2012, contra empresas británicas.
El problema, consideran en el Reino Unido, es que las empresas británicas (cito el informe en traducción propia) “operan principalmente en países en desarrollo y al tener alianzas corporativas con empresas propiedad del gobierno están más expuestas a la corrupción”. El informe menciona con preocupación a las compañías que operan en Nigeria, señalando que ocupa el lugar 143 en el Índice de Percepción de la Corrupción, y en Angola, que ocupa la posición 168.
México ocupa el lugar 103 en el mismo Índice y la reforma energética obliga a las empresas extranjeras a hacer negocios con Pemex una compañía que ha estado envuelta en permanentes casos de corrupción sin que a la fecha se castigue a los culpables.
Legalidad e impunidad política
En México, el discurso de la legalidad es el de la impunidad política. No es que los políticos de otras partes del mundo no reciban (o intenten recibir) beneficios por parte de contratistas o proveedores. Es que saben que las consecuencias por hacerlo son severas. Aunque la ley no los castigue, políticamente no los perdonan.
La impunidad total frente a los recientes escándalos por las mansiones del Presidente y del Secretario de Hacienda mandan la señal de que México es el paraíso para los tiburones de los negocios sucios. Y ese es un mensaje que también captó de forma instantánea el sector energético.
A la luz de estos argumentos ¿le sorprende que –al hablar de petróleo- nos asocien con África y no con Noruega? A mí no.
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