Por Miguel Pulido
Valentina Rosendo Cantú ha recorrido con su reclamo a cuestas todos los trayectos que el poder judicial prevé. Hasta los más extraordinarios e impensables. Con determinación ha rescatado sus exigencias de los más olvidados rincones de los archivos judiciales. Ha alzado la voz durante más de 15 años exigiendo que “la puerta de la justicia se abra más para las mujeres indígenas”. Finalmente, una sentencia podría hacer eco de su demanda.
¿Quién es Valentina y por qué tendría que ser importante su demanda de mayor justicia frente al Poder Judicial?
Valentina es una mujer indígena Me’phaa de Guerrero que hace 15 años inició una infatigable lucha por impedir la impunidad. Tenía 17 años cuando sufrió tortura sexual por parte de integrantes del Ejército mexicano, lo que la hizo desafiar la misoginia y el desprecio con el que muchas instituciones tratan a las mujeres indígenas.
Después de agotar todas las opciones que da el sistema jurídico mexicano, sin encontrar los mínimos de justicia, Valentina acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), un tribunal internacional que revisó lo que había hecho el gobierno mexicano frente a su caso.
Durante el juicio internacional, Valentina destruyó con sus sencillas palabras de mujer campesina los vulgares tecnicismos legales con los que el gobierno federal acudió a la Corte Interamericana. Enfrentó cara a cara a funcionarios del gobierno y les dijo “no estoy mintiendo, porque no tengo por qué mentir que los militares abusaron de mí”. Dio muestras de una dignidad extraordinaria y una entereza inquebrantable cuando tuvo que explicar frente a los jueces lo que había sufrido.
Valentina narró sin rabia, pero con mucha firmeza, que después de la agresión buscó atención médica en la clínica más cercana. Que no la quisieron atender y le dieron cuatro aspirinas antes de mandarla a su casa. Que caminó ocho horas con fiebre hasta la cabecera de Ayutla de los Libres donde se negaron a recibirla porque no contaba con una cita previa. Contó cómo agentes del Ministerio Público tardaron un mes después de la violación en hacerle la revisión médica porque dijeron que no contaban con el personal especializado.
El 31 de agosto de 2010, -ocho años después de que sucedieron los hechos- la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado mexicano por haber violado en contra de Valentina: el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial.
No es especulación u opinión personal, fue la Corte Interamericana la que determinó que en su caso no hubo investigación y no se castigó a los culpables. En cambio, se le discriminó y en represalia se le intimidó. Valentina fue víctima de lo que la CoIDH llamó: violencia institucional castrense.
En 2015, trece años después de que todo sucedió, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una discusión para determinar si podía fijar estándares para que el Poder Judicial mexicano juzgara casos de tortura sexual. El estudio que la Corte hizo del asunto surgió de una petición presentada en 2011 por la propia Valentina y por Inés Fernández Ortega, otra mujer que sufrió tortura sexual y en cuyo caso el Estado mexicano también fue condenado.
Los actos de tortura sexual que sufrieron Valetina e Inés no son aislados. Se trata de un tema delicado que requiere ser visto con la mayor seriedad, como lo muestran los casos de las tres hermanas tzeltales del ejido Morelia, en Chiapas, violadas por miembros del Ejército en 1994, los casos de los cuerpos encontrados en el llamado “Campo Algodonero”, en Chihuahua, o lo que las mujeres presas de Atenco reconocieron como un modo de vivir la represión. Son casos que señalan cómo el cuerpo de la mujer se vuelve un campo de batalla. Una violencia que castiga no sólo por ser mujer, sino porque sus cuerpos se usan para agredir la masculinidad del hombre “enemigo”.
En un país tan descompuesto como el nuestro, con violencias de todo tipo a flor de cotidianeidad, la posibilidad medular de justicia se juega en casos como estos.
Los casos de violencia sexual requieren de una comprensión profunda del contexto y un uso muy particular de los medios probatorios. El caso de Valentina es central porque ha puesto en evidencia una y otra vez a las autoridades en su incapacidad para satisfacer una exigencia tan sintética como poderosa: lograr que la impartición de justicia en este país sea con perspectiva de género e incluya referentes de etnicidad.
En próximos días (en mayo de 2018) un juzgado emitirá (16 años después) una sentencia civil por la violencia sexual que Valentina sufrió a los 17 años. Los responsables son militares. Así que su caso es extraordinariamente pertinente para ella, pero también para el país.
¿Justicia para Valentina?
Su caso es indispensable para mostrar que por mucho que se le deba a una institución como el Ejército, nada autoriza los excesos y los abusos, y que la lucha frontal contra la impunidad comienza por someter a los poderosos a la ley. Un país como México, donde la violencia estructural contra las mujeres tiene permiso, lo necesita.
Valentina es una de muchísimas mujeres –Inés Fernández es otra- que han cambiado nuestra historia y le han abierto una herida al machismo y la misoginia institucionales de este país. Gracias Vale y cuídate mucho.
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