Por Miguel Pulido
Tomemos el caso de Humberto Moreira para explicar la impunidad en México que, dicho sea de paso, no es cualquier cosa. A Moreira, su periplo lo trasciende. De hecho, cada una de sus distintas etapas explican (y se explican por) la descomposición política del país.
Moreira suma todo tipo de folklorismo a su muy particular carrera. En abril de 2017 la Comisión Nacional de Justicia del PRI, partido del que fue presidente nacional, decidió hacer oficial su expulsión.
No causó su baja del padrón el torbellino de graves señalamientos que pesan sobre él ni las pillerías de las que se le acusa. Decenas de pueblos abandonados, cientos de fosas clandestinas, miles de muertos y millones robados del presupuesto -todo durante su gestión- parecen no ser tanto.
Moreira perdió su calidad de militante priista por haber aceptado una postulación por otro partido. Eso sí resultó inaceptable.
¿A poco no le recuerda esto a los chapulines y a los políticos que hablan maravillas de los que son sus aliados, pero apenas se pelean y entonces sí reconocen que encarnan lo peor?
Pero, vayamos unos pasos más atrás, pues no es sólo la decadencia de lo político partidista lo que está en crisis, es también la administración pública irresponsable en extremos casi criminales.
En 2004 tuvimos los primeros antecedentes de desvíos en cuentas públicas municipales, cometidas por panistas y priistas coahuilenses por igual. Moreira estuvo involucrado en su calidad de alcalde de Saltillo (puesto que tuvo entre 2002 y 2005).
En un auténtico despropósito, el Congreso de Coahuila aprobó las cuentas públicas municipales sin revisarlas. Un antecedente que quedó en el olvido. Pero también un botón de muestra del precario trabajo técnico, la captura política de los Órganos Superiores de Fiscalización y la complicidad de quienes en el Poder Legislativo tendrían que supervisar el gasto público.
Moreira conocía desde entonces (y como pocos) las avenidas de impunidad que genera la falta de fiscalización y contrapesos. A partir de ahí, perfeccionó una gestión financiera que lleva por nombre desastre y por apellido 34,000 millones de pesos de deuda.
Estos fueron los antecedentes del escándalo de diciembre de 2011, cuando Moreira se vio obligado a renunciar a la presidencia nacional del partido envuelto en escándalos por la contratación -abultada e ilegal- de deuda pública. Fue un anuncio de la avalancha de evidencia que se vendría para demostrar que el problema principal de las finanzas públicas en todo el país es el endeudamiento irresponsable.
Por cierto ¿sabe usted de cuánto es la deuda pública de su estado? ¿Son viables las finanzas de su municipio? ¿Sabe cómo lleva la deuda pública el gobierno de Peña Nieto?
A propósito ¿sabe usted cómo revisó el Congreso de Veracruz las cuentas de Duarte? ¿Cree usted que sus diputados vigilan y controlan a su gobernador? ¿Ha sancionado a alguien con alto cargo la contraloría de su estado? ¿Quién fiscaliza a su alcalde?
A estas alturas la gente ha repetido más que Moreira retrata el pacto de impunidad que hay en México, que las veces que ha cantado el himno nacional. La corrupción está de fiesta y las instituciones están borrachas de incompetencia. Moreira –como pocos- colecciona denuncias penales y exoneraciones.
¿No se han dado cuenta de que la debilidad técnica de nuestras instituciones es una decisión política?
Los recordatorios que Moreira no es intocable y que la impunidad es finita, han tenido que venir de fuera. Sí, no es el único caso, pero es uno de los más emblemáticos de cómo las grietas al sistema se le están abriendo por acusaciones de tipo internacional. Veamos.
En el verano de 2014, cerquita de su natal Coahuila, pero del otro lado de la frontera, a Moreira le arrimaron candela judicial de forma seria. Un conjunto de acusaciones en Texas, pusieron a temblar al exgobernador y a parte de su familia política. Los casos llevaron a excolaboradores suyos a prisión, de ahí surgieron testigos que lo implicaron en narcotráfico y fue descubierta una red de lavado de dinero. A partir de entonces comenzó un proceso de masivos decomisos que alcanzó cientos de millones de dólares.
El entorno inmediato de Moreira ha sido acusado de delitos en Estados Unidos y muchas personas han reconocido su culpabilidad entregando mansiones, aviones, terrenos, de todo.
Por cierto, ¿y la unidad de inteligencia financiera en México? ¿Dónde quedó la capacidad de recuperación de activos? ¿Sabe usted cuánto recupera al año la Secretaría de Función Pública de lo robado? ¿Cuántos casos conoce usted en los que la PGR haya recuperado en juicio activos y propiedades? ¿Cuánto de todo lo que identifica la auditoría como desvíos regresa a las arcas del gobierno?
Pero la pregunta más importante es ¿por qué los gringos se quedan con todo el dinero robado en México?
En enero de 2016, Moreira volvió a las primeras planas de los medios. Ahora acusado en España por los delitos de: lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Libró una primera escaramuza contra la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Criminalidad Organizada de aquel país, pero dejó tras de sí una estela de cuestionamientos. Una nota del New York Times sobre su arresto sintetiza mucho: “España acusa de corrupción a un exgobernador de México con evidencias que su país no halló”
Aprovechando, ¿recuerda usted la cantidad de exgobernadores mexicanos con procesos en el extranjero? ¿Sabe cuántos miembros de gabinetes estatales se han confesado culpables en Estados Unidos? ¿Sabía que Padrés y Granier han ganado amparos y los delitos de los que se les acusa no son probados adecuadamente?
En abril de 2017 Moreira sumó una ridiculez más a su historia. El gobernador (Ruben) Moreira exoneró al exgobernador (Humberto) Moreira. El colmo estuvo en que Homero Ramos Gloria, quien fue secretario de Gobierno del priista Humberto Moreira, fue el encargado de la investigación. ¿Le suena el método? Políticos improvisados como fiscales o como responsables de investigar actos de corrupción. Amigos “investigando” a amigos. ¿Casa Blanca?
En junio de 2017 la periodista Ginger Thompson volvió a poner a Coahuila en el ojo del huracán. Una investigación suya muestra cómo en marzo de 2011, los Zetas arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina; demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños. Y a solo 40 minutos en auto de la frontera con Texas. La investigación periodística acusa duramente a la DEA, a las autoridades mexicanas.
En algún punto Rubén Moreira anunció que habría una investigación. Pero no llegó a ningún resultado ni de verdad, justicia, sanción ni reparación. ¿Por qué una masacre de estas dimensiones no tiene resultados judiciales? ¿De qué instituciones y Estado de Derecho hablan los políticos si son incapaces de investigar la destrucción total de un pueblo?
Con todo este marco llegamos a la revelación más reciente. Un reporte de la Universidad de Texas en Austin, basado en declaraciones de integrantes de Los Zetas en los Estados Unidos señalan que Humberto y Rubén Moreira recibieron dinero en Coahuila para permitir actividades criminales sin ser molestados.
Las declaraciones están en expedientes que fueron analizados en la clínica de derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. Son casos de los procesos de por lo menos cinco miembros de Los Zetas juzgados en Estados Unidos: Enrique Rejón, Efrén Tavira, Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia. Todos procesados y consignados en cortes norteamericanas.
¿Recuerdan cuántos altos funcionarios mexicanos van en la larga lista de acusados de narcotráfico en Estados Unidos? ¿Exgobernadores, ex fiscales generales, secretarios de Estado y muchos más?
Y tooooodo esto es apenas una pequeña probadita de la trayectoria de Humberto Moreira. Pero sirve para entender el desastre país.
