**Por Oscar Arredondo Pico
A las 10 de la noche del domingo 2 de diciembre de 2018, el Magistrado José Luis Vargas Váldez, de manera personal da a conocer vía Twitter un proyecto de sentencia del Tribunal Electoral, sin que este cuerpo colegiado haya sesionado aún, y con el siguiente texto:
“A la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación:
En aras de impulsar la Justicia Abierta hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, respecto de la elección a la gubernatura de Puebla. “
El concepto de gobierno abierto y por ende de Justicia Abierta son relativamente nuevos, responden a una demanda social y a una construcción conjunta de soluciones que, en la mayoría de los terrenos están en proceso de implementación. Hay mucho que definir, es delicado generalizar. No podríamos decir que en el parlamento abierto pueda cualquier persona sentarse a elaborar leyes de manera conjunta con el legislador y permitir que Ricolino elabore un proyecto para vender alimentos chatarras en las escuelas.
Tampoco sería una práctica de gobierno abierto impulsar un grupo de ciudadanos al azar a tomar las riendas de las adquisiciones públicas, sin bases ni experiencias. La participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información y en general, todo acuerdo en el ámbito de la construcción de mecanismos de gobernanza, requieren principios claros, deben abonar al buen gobierno y a reconstruir la relación y la confianza entre gobernados y gobernantes.
El magistrado reveló su propuesta de que la elección de Puebla se anule. Lo hizo para impulsar la Justicia Abierta, pero para ello primero sería elemental entenderla, después implementarla a través de lineamientos claros que permitan distinguirla de otro tipo estrategias de persuasión, estrategias que con la bandera de la Justicia Abierta abren paso a intereses políticos, individuales o de grupos que buscan distorsionar los procesos en su beneficio.
No necesariamente se abona a la Justicia Abierta al dar a conocer, anticipadamente, un proyecto de resolución de un cuerpo colegiado. De hecho, las consecuencias pueden ir mucho más allá de los objetivos que se buscan, lejos de dar claridad puede confundir al electorado poblano; puede llevar el tema a otros campos de batalla, como el de la política donde la eventual resolución se convierta en elemento de negociación. Lo más desafortunado es que puede confundirse como un acto oportunista de simpatía ante el nuevo gobierno que es de Morena, igual que el impugnante.
El revelar el sentido de un proceso administrativo, una investigación o una sentencia y más tratándose de un órgano colegiado, puede obstruir el alcance de la justicia y derivar en impunidad. El manejo de información y la transparencia de procesos del estado es muy delicado. En octubre del año pasado se destituyó al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, justo cuando se reveló que sus investigaciones apuntaban a sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht, recibidos por Emilio Lozoya en 2012, cuando era miembro del equipo de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Esa información, por ejemplo, si era de interés público, y su conocimiento hubiera reducido sospechas sobre la parcialidad de las instituciones, hubiera inhibido la discrecionalidad y la manipulación de la justicia.
El Magistrado Vargas Váldez, probablemente sin consultarlo con los otros magistrados del Tribunal Electoral, determinó que dar a conocer el proyecto de sentencia que anula una elección abonaba a la justicia abierta. Sin embargo, la coyuntura política nos exhibe una situación delicada para los magistrados, lo que puede generar suspicacias y confundir la loable intención del juez con la justicia con la búsqueda de condiciones benéficas para él y el resto de sus homólogos.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establecía plazos escalonados en el cargo de los magistrados, por ejemplo, el ponente del proyecto que nos ocupa, dejaría su cargo en octubre de 2019, no obstante, por razones que se escapan de la lógica del interés público, los transitorios de la ley se modificaron para ampliar su gestión como magistrado hasta 2022, es de destacar que los otros magistrados también resultan beneficiados con dicha reforma.
No obstante, en junio de 2017, Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente de Morena, interpuso una controversia constitucional por dicha ampliación, la Suprema Corte resolvió que la reforma a los transitorios era legal. Todo parecía que el haber extendido los plazos prosperaría. Sin embargo, el pasado 22 de noviembre la fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó de nuevo una iniciativa para regresar a los términos que se plantearon antes de las acciones de inconstitucionalidad sobre la ampliación del cargo de magistrados.
La Justicia abierta debe ser una ventana que, a nosotros como sociedad, nos permita entender el actuar de los jueces, nos invite a acercarnos a exigir justicia, nos convoque a participar en ejercicios que abonen a la democracia. Por eso su implementación debe ser muy seria y meditada, su banalización o su falta de entendimiento puede llevarnos a perder el terreno ganado en materia de participación ciudadana sustantiva.
La justicia abierta representa un universo de acciones que pueden implementarse para mejorar el combate a la corrupción y eliminar la impunidad, por lo que debe obedecer a principios muy claros lo peor que le puede pasar, es terminar siendo parte de una retórica útil para hacer oportunismo político.
