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Por Antifaz
Si por cualquier razón no te enteraste de lo que sucedió en México la semana pasada -o si te quieres enterar de una manera diferente- Antifaz ha preparado, como siempre, #ElPaísEnCorto, la selección de noticias con los hechos más relevantes en materia de derechos humanos, corrupción, impunidad y justicia.

Ayotzinapa: sentencia histórica

La sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa marcó la semana. El respaldo ha sido basto y contundente por parte de familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos y varios comentaristas y medios de comunicación. También hay voces que la rechazaron y calificaron de inconstitucional y hasta de disparate. Esta es la historia:
Por unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos (imputados por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes, que refirieron haber sido objeto de tortura), para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul (un manual para investigar y documentar eficazmente la tortura). Lee la Nota informativa
La sentencia, de 712 páginas, estableció que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR, por lo que ordenó reponer la investigación y crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Precisó que dicha comisión “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.” Descarga la sentencia
PGR no comparte resolución. En un comunicado, la PGR informó que no comparte el criterio de los magistrados que ordenaron reponer la investigación: “No se comparte el criterio de los magistrados […] pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”. Lee el comunicado
Llamado a crear Fiscalía Autónoma: OSC. En un posicionamiento conjunto, organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso y a los familiares de los estudiantes de desaparecidos saludaron la histórica resolución que ordena crear una comisión de investigación para la justicia y la verdad de este tipo, recordaron que el gobierno federal afirmó siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria (de la llamada “verdad histórica”) y advirtieron que la sentencia también debe entenderse como un claro llamado a crear una Fiscalía genuinamente autónoma, una fiscalía que realmente sirva. Lee el comunicado
Familias exigen al Presidente muestra de voluntad política. En conferencia de prensa, las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos resaltaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales. Exigieron al titular del Poder Ejecutivo federal una señal de que cumplirá lo ordenado por los magistrados. Ante las dudas suscitadas en la opinión pública, el abogado experto en defensa de los derechos humanos Humberto Guerrero precisó que la comisión de investigación propuesta por el Tribunal tiene pleno fundamento en el derecho internacional. Lee el comunicado
Informe de la CIDH. El seis de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de balance del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa. Durante la presentación, la CIDH destacó las irregularidades sobre las que se ha sostenido la investigación del caso, los pendientes, las demoras y las líneas por continuar profundizando. Reconoció el valor de la sentencia del Tribunal Colegiado que repone la investigación del caso y propone una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del caso. Descarga el informe
Por la trascendencia de la resolución, les compartimos nuestra selección de artículos:
#Recomendaciones:

Crímenes atroces en Chihuahua llegan a Fiscalía de la Corte Penal Internacional

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de los derechos humanos presentó ayer un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) entre los años 2008 y 2010. Según la investigación de las organizaciones denunciantes, las atrocidades cometidas en aquel estado fronterizo calificarían como crímenes de lesa humanidad por lo que la CPI podría investigarlos. Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares. La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha. Aquí puedes leer el informe

Seguimiento de casos de desaparición forzada

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó formalmente al gobierno federal la información sobre las 24 personas víctimas de desaparición en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Excélsior –en una nota que tuvo pocas repercusiones- dio a conocer supuestas declaraciones/testimonios de integrantes de Los Zetas en Tamaulipas, contenidas en una averiguación previa iniciada en marzo del 2015 por la PGR, que describen un supuesto soborno de 80 mil pesos semanales al entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, para promover denuncias contra la Marina y el Ejército. El caso parece entrar en una zona turbulenta de uso de la prensa, por lo que seguiremos su desarrollo.
Otro caso de desaparición forzada está bajo polémica ante las dudas sobre la solidez del caso y la imparcialidad de las autoridades locales. La Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión contra Javier Duarte, ex gobernador del Estado, por el delito de desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia. Se trata del caso de ocultamiento de más de una decena de cuerpos en la barranca “La Aurora”, ocurrido en enero del 2016.

A nueve años de la tragedia

En la dura batalla por la memoria y contra la impunidad, la noticia de los nueve años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en donde murieron 25 niñas y 24 niños, pasó lejos de los reflectores de la prensa. Sin embargo, familiares y sobrevivientes marcharon en Sonora y la Ciudad de México. Demandaron a los gobiernos estatal y federal prisión para los responsables y el cumplimiento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como atención médica de especialidad para decenas de sobrevivientes con lesiones y secuelas graves.

¿Por qué no pasa nada con el caso Odebrecht en México?

Respecto a la agenda de corrupción y justicia compartimos el excelente artículo de Azam Ahmed, para The New York Times, sobre el estancamiento del caso Odebrecht en México por razones electorales. Aquí un fragmento:
El gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante frente a las elecciones presidenciales del 1 de julio, según tres personas que conocen el caso de forma directa […]
Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho en el país […]
Los sospechosos por sobornos trabajaban para la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, o Pemex. En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera mexicana. Y el exprocurador general mexicano Raúl Cervantes, que supervisó personalmente el caso durante su gestión, incluso viajó a Brasil para discutir la evidencia que habían recopilado las autoridades de esa nación. La decisión de Cervantes de adoptar un rol tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro y fuera de la PGR. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería ignorado. Otros temían que, como el procurador general es nombrado directamente por el presidente, su independencia podría verse comprometida. Leer más

Vigilancia sin Transparencia ¿Qué sabe el gobierno de nosotros?

Compartimos el informe Transparencia y vigilancia en México: lo que no sabemos sobre lo que el gobierno sabe de nosotros, elaborado por la organización de la sociedad civil R3D. En síntesis, el informe halló que en México ninguna autoridad facultada para ejercer acciones de vigilancia ha cumplido por completo con las obligaciones contempladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Descarga aquí el informe

Elecciones

En nuestra sección especial sobre las elecciones, la nota “estelar” fue la difusión de unas grabaciones que supuestamente prueban que los hermanos Juan y Manuel Barreiro hicieron operaciones para hacer llegar dinero a la campaña del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. El hecho motivó una acusación directa de Anaya en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, prometiendo que de llegar a la Presidencia impulsaría la creación de una Fiscalía autónoma para investigar los escándalos de corrupción del sexenio peñista. Aquí más detalles
La nota roja electoral fue el homicidio de otro candidato en plena campaña. Se trata de Fernando Purón, candidato del PRI a una diputación federal en Coahuila, ex alcalde de Piedras Negras. El hecho fue mediático porque fue videograbado por cámaras de seguridad. Sin embargo, su relevancia política ha sido poco comentada: Se trata del asesinato número 112 en lo que va del proceso electoral 2018 (de septiembre a la fecha) en contra de aspirantes, pre-candidatos/as y candidatas/os a puestos de elección popular. Aunque no hay comparaciones oficiales o técnicas, podríamos estar ante el proceso electoral más violento del país en varias décadas.
#Recomendaciones:

#A-Propósito:

#OtrasSobreElecciones:

No olviden que hoy es el tercero y último debate presidencial. Empezará a las 21:00 (hora del centro del país). Aquí una “Guía para el tercer debate presidencial” hecho por Letras Libres.

Cartón de la semana

Rocha

“Reposición de Ayotzinapa”

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