Está en todas partes. Una vez más Joaquín “el Chapo” Guzmán se convierte en el eje central de la discusión pública. No es cosa que sorprenda. La acumulación de poder que logró, sus espectaculares fugas, el circo mediático en su entorno –Hollywood incluido-, la brutal violencia que ha desatado, la impunidad que lo rodea y un largo etcétera lo convierten en un tópico obligado.
En este contexto, le pido que me acompañe a revisar rápidamente una tendencia poco observada en los casos de extradición de narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos.
Por principio, el caso de Guzmán Loera se inscribe en una larga lista de procesos legales que se siguen en nuestro país vecino y que tratan asuntos relacionados con México. Son acusaciones criminales abordadas desde múltiples perspectivas, pero marcadas por un común denominador: feroces batallas por el dinero.
No se trata de simples curiosidades. En los últimos 10 años, las extradiciones de narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos están marcadas por tres incrementos:
- En número, particularmente en los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón y como reacción a la segunda fuga del Chapo Guzmán durante el gobierno de Peña Nieto.
- Por los acuerdos y los beneficios que estos criminales logran con el gobierno de Estados Unidos declarándose culpables y cooperando. Cada vez son más.
- Por último, por el aumento en las sumas que son objeto de decomiso.
Me detengo en este último punto pues creo que hay una pregunta pertinente detrás de cada extradición ¿cuántos millones o miles de millones estarán en juego?
Permítame ponerle algunos ejemplos que muestran lo que ha venido sucediendo. En 2007, Francisco Javier Arellano Félix se declaró culpable en juicio y un juez ordenó que se le decomisaran 50 millones de dólares y un yate. En 2010, Osiel Cárdenas Guillén, fue condenado a un decomiso por la misma cantidad (50 millones), también después que declaró su culpabilidad.
La polémica se hizo más aguda en círculos especializados cuando se reveló que en 2012 Benjamín Arellano Félix había logrado un acuerdo de reducción de condena (a 25 años) y la entrega de 100 millones de dólares.
Desde entonces han surgido casos en los que las cifras comienzan a tener tantos ceros que resultan ilegibles. Pero que tendrían que dejarnos con escalofríos por sus implicaciones.
Es posible que usted pueda leer esta cantidad: USD 1,370,000,000.
Sí, son mil trescientos setenta millones de dólares. Lo que dudo es que pueda imaginar qué se hace con ellos. Pues bien, en abril de 2013 Vicente Zambada-Niebla se declaró culpable y firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos que incluyó el decomiso de dicha cantidad. Para dimensionarlo (es un decir) eso es prácticamente lo mismo que el presupuesto federal mexicano incluye en 2017 para ciencia y tecnología.
Pero hay más. En mayo de ese mismo año (2013) Aurelio Cano Flores fue condenado por un jurado a 35 años de prisión. La condena impuso la obligación de entregar al gobierno de Estados Unidos 15 mil millones de dólares. Quince billones de dólares, dirían en Estados Unidos.
Si bien esa suma fue controvertida con éxito en apelación, el punto es que esta cantidad -convertida a nuestro maltratado peso- es más que todo el dinero que el gobierno mexicano va a recaudar con el IEPS en el gasolinazo. Es 80 veces más que lo que van a pagar las empresas petroleras por pago de derechos por exploración y extracción petrolera en 2017. Casi alcanza para 500 mil casas por el monto máximo que presta el Infonavit.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta –por ejemplo- que el Chapo ya fue listado en la revista Forbes por su fortuna, bien podemos preguntarnos ¿cuántos miles de millones de dólares estarán bajo la alfombra de esta extradición?
