¿Cuándo se utiliza el argumento de la corrupción para fortalecer instituciones, y cuándo se utiliza para debilitarlas?, ¿Cuándo un problema público merece toda la atención del Estado, y cuándo éste se retira y deja la responsabilidad de atenderlo sobre la ciudadanía?
El recorte presupuestal a estancias infantiles y el cambio a una modalidad de transferencias económicas directas a las familias -para que presuntamente elijan dónde serán cuidados sus hijos e hijas-, ha merecido un importante debate en las últimas semanas.
Uno que ya nos habíamos tardado en tener.
Infancia mal cuidada: ¿de quién es la culpa?
Un punto en el que estamos de acuerdo es que debemos preocuparnos por la calidad de cuidados que reciben los niños y niñas mexicanas. Evidentemente, además de que es un derecho, entendemos que los primeros años son cruciales para el desarrollo de la persona tanto en términos fisiológicos como emocionales, por tanto, sería relativamente fácil tener un entendimiento común de que si las nuevas generaciones tienen bien resueltas sus necesidades básicas de cuidado, tendrán mayores posibilidades de ser ciudadanos y ciudadanas saludables en múltiples sentidos.
La discrepancia está entonces en determinar de quién es la responsabilidad de cuidar y qué tipo de cuidado debe proveer, particularmente en una sociedad en donde la inversión de tiempo de las personas para lograr ingresos suficientes para la subsistencia digna es cada vez mayor: ¿cómo cuido a alguien si tengo que trabajar para alimentarle?, esta pregunta no es trivial, miles de familias se enfrentan a este dilema diariamente y no todas logran resolverlo.
Hay quienes tienen un trabajo formal e ingresos constantes y pueden acceder, por ejemplo, a guarderías vinculadas a la seguridad social o a las privadas, otros hogares tienen suficientes redes de apoyo y cuentan con relaciones familiares en condiciones de cuidar. Sin embargo, en un país con un alto grado de informalidad y precariedad laboral esta no es la regla. Tampoco hay reglas en la constitución de las familias: no todas tienen abuelas que quieran cuidar ni condiciones para hacerlo de la mejor manera.
El programa de estancias infantiles que ha sido objeto de polémica en estos últimos días tiene el foco puesto en sectores que tienen mayor dificultad en sus arreglos para cuidar, está dirigido a madres solas en zonas de atención prioritaria por situación de pobreza, en este contexto es real el dilema entre quedarse en casa a cuidar a sus hijos o hijas o trabajar más horas para incrementar sus ingresos.
Pues que lo resuelvan las mujeres
Segunda polémica, las declaraciones del Secretario Carlos Urzúa a cerca de que con el apoyo gubernamental entregado directo a las familias –en lugar de darlo a las estancias infantiles corruptas- se podría remunerar a la abuela que cuida de las y los nietos.
Por un largo tiempo, quienes nos dedicamos a promover los derechos de las mujeres hemos hablado de la importancia de reconocer el trabajo y el tiempo que las mujeres invierten en cuidar a otros integrantes de las familias (niños, niñas, personas enfermas, con discapacidad, adultas mayores), pero es verdad que también insistimos en reconocer que es injusto que la responsabilidad social de estos cuidados sea primordialmente una responsabilidad femenina porque esto tiene consecuencias tangibles y negativas en ellas, ensanchando la brecha de género que buscamos combatir.
Sin duda una transferencia económica para apoyar a cubrir las necesidades de cuidado infantil es una medida aislada que no entiende el problema de los arreglos precarios de cuidado existente y que tiene todo el potencial de fortalecer el que las madres, abuelas o hijas asuman de manera más intensiva estas tareas con tal de tener un poco más de ingreso mensual, reforzando con ello los estereotipos de género que limitan las opciones de las mujeres en el espacio público, todo ello sin garantizar por supuesto el cuidado infantil más óptimo.
Sin duda hay muchos elementos para señalar y criticar del programa de estancias infantiles como opera actualmente, sin embargo ello no es un argumento para tomar la determinación de debilitar su operación, por el contrario, esperaríamos que se diseñara un plan de fortalecimiento tal y como ha sucedido en estos primeros meses de la nueva administración con temas de interés nacional como PEMEX y CFE.
Si de verdad coincidimos con la idea de que es una prioridad nacional generar las condiciones suficientes para que la infancia crezca bien cuidada como una inversión en nuestro propio tejido social en el futuro próximo, necesitamos de manera urgente que las familias –sobre todo aquellas con condiciones más precarias- tengan más y mejores opciones para resolver sus dilemas de cuidado. De lo contrario, podríamos pensar que el gobierno está basando su recorte presupuestal en la confianza de que las mujeres absorberán ilimitadamente con su tiempo y trabajo, las consecuencias de su ineficiencia en el establecimiento de servicios públicos de cuidado de calidad que sean accesibles para los hogares y la infancia que más lo necesita.