Por Miguel Pulido
Una nueva revelación periodística hecha por Aristegui Noticias muestra que los enredos de la administración de Enrique Peña Nieto aún no se agotan. Una investigación de Sebastián Barragán señala que el gobierno de China reclama a México el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren México-Querétaro.
Se trata de la millonaria obra, compromiso de campaña, que Peña Nieto había anunciado tantas veces y que en su momento se dijo había ganado un consorcio internacional, encabezado por China Railway Construction Corporation en la que participó Constructora TEYA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Este hallazgo viene a desempolvar un conjunto de preguntas que han permanecido en la opinión pública desde hace por lo menos tres años, a partir del escándalo sobre las casas Blanca y de Malinalco. Sí, dos propiedades que Juan Armando Hinojosa, contratista del gobierno y amigo personal del Presidente y de Luis Videgaray, les facilitó en condiciones por demás generosas.
Desde entonces una parte de la prensa ha reportado lo atípico de todo el asunto, por decirlo bajito. Pero este es un caso en el que lo técnico (en este caso lo jurídico) es político.
¿Hubo o no conflicto de interés? ¿Por qué en el contexto de la revelación de la casa en posesión del Presidente se canceló la contratación millonaria de empresas chinas en México? ¿Tuvo alguna relación el escándalo de la casa en posesión del Presidente con la revocación de una licitación de más de 50,000 millones de pesos?
Recordemos que la historia ha sido singular hasta extremos ridículos. Sabrá Dios con qué cálculo, pero después de que el asunto de la Casa Blanca salió a la luz pública tuvieron la ocurrencia de nombrar a Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública y ordenarle que investigara si se había cometido algún ilícito.
No se necesitaban seis meses, miles de fojas de “investigación” y un par de conferencias de prensa para hacer el ridículo. Sin embargo, esa fue la ruta y estilo que decidió usar Virgilio Andrade, el improvisado Secretario, para concluir los expedientes sobre las relaciones de negocios y comerciales entre el Secretario de Hacienda, el Presidente de la República y la señora Angélica Rivera con el empresario Juan Armando Hinojosa.
El caso retrata de cuerpo entero lo provinciano del gobierno de Peña Nieto. Acostumbrado al uso maniqueo del discurso de la legalidad y pensando que el mundo es como Toluca, no atina cuándo los golpes y las críticas vienen del extranjero.
Hoy sabemos, gracias a la investigación de Barragán, que mientras en México a la simulación la coronaron con un acto -la mal llamada exoneración del Presidente-, en el extranjero preparaban un golpe millonario contra el gobierno de Peña Nieto. Las empresas chinas reclaman la cancelación de la firma del contrato desde 2015, y tienen la intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México.
El gobierno de Peña Nieto siempre alegó que sus transacciones podrían ser raras, pero nunca indebidas. Citando siempre la redacción de las leyes que regulan las licitaciones en las que han participado algunas de las empresas de Juan Armando Hinojosa -conviene insistir, el amigo del Presidente-, se apegaban a lo obvio: que el Presidente no anda firmando cada contrato que suscribe el gobierno. Se dijo hasta la saciedad que debido a que el Presidente no firma contratos, en consecuencia no participa en licitaciones.
No obstante, de todos los enredos de interpretación legal que derivan del caso, éste es el más folclórico. Hay que recordar que el 5 de noviembre de 2014, la Presidencia de la República informó que por instrucciones del Presidente Peña Nieto se había cancelado el fallo de la licitación para la construcción del tren rápido México-Querétaro.
Y este detalle fino, en cualquier democracia más estructurada, sería un trabuco. Por fin, ¿el Presidente puede o no puede participar en las licitaciones? ¿Por qué no se deciden?
Las explicaciones oficiales sostienen que el Presidente puede cancelar fallos de licitación con simples instrucciones verbales, y que así lo hizo. Por esta razón el asunto es espinoso in extremis. Si la decisión revocatoria del Presidente fue legal, entonces en toda forma participó en asuntos en los que también estaba involucrado Juan Armando Hinojosa Cantú. Así que no podrán jamás alegar otra vez que no hubo conflicto de interés (o corrupción como le diría cualquiera en la calle).
Las compañías chinas que hoy se sabe tienen la expectativa de recibir una indemnización alegan que las autoridades mexicanas “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”. Si la revocación por instrucciones orales del Presidente no es legal, el gobierno está en serios problemas, pues el reclamo de las empresas chinas tiene fundamento.
