En esta época de “retweet” y “likes” la información va y viene, incluida la rendición de cuentas de las instituciones. A través de las páginas de internet, las entidades gubernamentales se han insertado en el boom de los datos abiertos como un esfuerzo por erradicar el otro boom que se cuela por todo el continente: la corrupción. Los que le saben, señalan que la apertura de los datos de los gobiernos promueve la construcción de sociedades más interconectadas, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, y permite desarrollar la innovación, la justicia, la transparencia y la prosperidad, en tanto se asegura la participación cívica en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de los gobiernos.[1]
Esta idea ha llegado a los tribunales bajo el término de “justicia abierta”, la cual busca transparentar la función del poder judicial y facilitar el acceso efectivo a la justicia por parte de la ciudadanía. En México, este discurso lleva rato rondando entre los tribunales, incluyendo la jurisdicción electoral, una institucionalidad robusta en presupuesto, pero confusa frente al trabajo que realiza y su impacto en la credibilidad de la democracia.
Siempre he creído que cada rama del derecho es un mundo, y el derecho electoral no es la excepción. Si bien aborda una materia que a todas y a todos nos interesa, —las elecciones democráticas de cargos públicos—, la filigrana de su normatividad y funcionamiento de la labor jurisdiccional resulta todo menos abierta en términos de lo que busca el open data. O, al menos, eso percibimos quienes no nos dedicamos a la materia. Y es que esto se observa desde que una entra en la página del Tribunal Federal Electoral que, si bien está cargada de información, sentencias y datos, no resulta una herramienta de fácil uso para quien no está familiarizado con la materia. Paradójicamente, la justicia electoral no parece ser tan democrática frente al acceso de información.
Toca preguntarse entonces: justicia electoral abierta ¿cómo y para quién? Hay que decir que hay algunos retos que van más allá de la justicia electoral y que le pegan a todo el sistema de justicia, ya que están relacionados con la voluntad política, la coordinación interinstitucional y la educación jurídica. Sin embargo, hay ciertas temáticas que podrían lograr cambios en las formas en las que la justicia electoral presenta su trabajo y su modo de operar.
Siendo franca, me parece que el romanticismo que desprende la idea de datos abiertos para la participación de todos y todas resulta complejo y sobrepasa el tema tecnológico en el caso de la materia electoral. En ese sentido, considero que los cambios a los que puede apuntar el Tribunal Electoral deberían estar dirigidos a ciertos intermediarios que puedan trabajar con la información, por ejemplo, litigantes y personas dedicadas a la academia en la materia. En últimas, son ellas y ellos quienes con la información adecuada pueden impulsar la creación, implementación y evaluación de políticas jurisdiccionales que garanticen la funcionalidad del Tribunal.
A la par, sería interesante que los datos fueran accesibles al periodismo de investigación, que en los últimos años ha sido fundamental para la rendición de cuentas, convirtiéndose en una vía auténtica para hacer llegar la comprensión, análisis y cruce de la información a la sociedad que está interesada en saber quiénes financian las campañas electorales, quiénes son las personas que van a ocupar los cargos públicos, si llegaron a dichos cargos de forma legítima, etc.
Ya ubicado el público que mastica e interpreta la información, los retos del Tribunal Electoral son varios, entre ellos la producción de sentencias las cuales tienen barreras en la extensión y el lenguaje que, de alguna forma, truncan la comunicación de las decisiones, que, por la materia, tienen un interés público. Utilizar la tecnología para comunicar las sentencias de forma didáctica es una vía por explorar.
Otro reto es la transparencia en la funcionalidad. Es importante que sean públicas las cargas, los tiempos, el plan de trabajo y las estadísticas que den cuenta del cumplimiento efectivo de las labores del Tribunal. Para una institucionalidad con semejante estructura y presupuesto, resulta una vía válida para garantizar transparencia y ganar credibilidad. Al respecto, hay experiencias interesantes a nivel regional. Por ejemplo, la reciente política de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visibilizar las cargas procesales y los retos para atender los miles de peticiones que recibe anualmente por su función cuasi jurisdiccional.[2]
Llaves hay muchas para abrir la puerta. Cada vez hay más personas dedicadas a la materia desde distintos frentes. Solo se necesitan las herramientas adecuadas de la institucionalidad para transmitirnos la información.
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[1] Véase: Open Data Charter. Carta Internacional de Datos Abiertos. Disponible en: https://opendatacharter.net/principles-es/
[2] Véase: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/default.asp
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