Por Adriana Muro
15 jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, son detenidos en 2013 sin orden judicial, torturados y desaparecidos por la simple sospecha de pertenecer al crimen organizado o por acusaciones falsas de posesión de drogas ilícitas.
¿La sede de esta historia de terror? Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, la dirección del entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita con la participación de medios mandos y miembros de fuerzas especiales con entrenamiento militar.
Pero esta no es una historia aislada, forma parte de un patrón sistemático y generalizado que suma 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios y 2400 denuncias a nivel estatal por dicho delito (dato que además representa un subregistro).
Las desapariciones de jóvenes en Veracruz reflejan como estos diez años de guerra contra las drogas han legitimado en México una política de Estado. Es la implementación de la doctrina seguridad nacional en las entidades federativas lo que ha permitido que a plena luz del día una joven sea detenida, violada y desaparecida por hablar por celular. Que un joven que no alcanza la mayoría de edad, sea detenido por 14 agentes estatales a plena luz del día, sea llevado a la academia de policía y no se vuelva a saber más de él.
El modus operandi de las desapariciones en Veracruz que Animal Político detalla como un valioso ejercicio de memoria, me llevó a pensar en historias similares en el marco de las dictaduras del Cono Sur y conflictos armados en Centroamérica, origen de la figura de la desaparición forzada. No son células operando de forma descontrolada, son operaciones estructuradas. Las tarjetas informativas de los miembros de la fuerza especial en Veracruz reportando a sus superiores de las detenciones, me recordaron el caso del Diario Militar que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso fue un hito en la jurisprudencia del Tribunal por el rescate de la prueba documental de la práctica de desaparición forzada en Guatemala en los años ochenta. Este diario registraba la detención de 26 personas detenidas y se indicaba a través de códigos las acciones perpetradas contra cada una por ser sospechosas de pertenecer a organizaciones guerrilleras. Las similitudes con el caso de Veracruz son escalofriantes, en ambos se trata de la operación organizada desde la clandestinidad por parte del Estado bajo la bandera de defender el orden público.
Por eso es importante enfatizar los retos del caso en Veracruz, entre ellos lograr la efectiva sanción a toda la cadena de mando, incluido Duarte y garantizar el derecho a la verdad de los familiares. ¿El Estado mexicano está en condiciones de llevar dichas investigaciones, o por el contrario como Guatemala, nos toca acudir a una Comisión Internacional contra la Impunidad?
José de Jesús, Alberto, José Ulises, Jorge, Liberio, Uriel, Bibiana, Antonio, Héctor y Cecilia: les nombro para que no olvidar que la sospecha los desapareció.
