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Por Miguel Pulido

Caminar en círculos es lo contrario al progreso. Esto es parte de lo que nos dice Diedrich Diederichsen en su libro “Personas en Loop”. Yo agregaría que en ciertas circunstancias es la peor forma de desperdiciar energía y dinero. En México, vaya que nos gusta dar vueltas circulares. En 1997, cuando el presidente era Zedillo, Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRD y Felipe Calderón era su homólogo en el PAN, el país comenzó a discutir sobre la constitucionalidad del uso del Ejército en tareas de seguridad. Jorge Madrazo era el Procurador General de la República.
Cuatro presidentes, ocho legislaturas y sepa usted cuántos procuradores después seguimos patinando en los mismos temas. Aunque con la cosa bastante peor. Las instituciones han acumulado un extraordinario desgaste, hemos invertido miles de millones de pesos, las cifras de muertes son de escalofrío y, con un detalle nada menor, con las libertades arrinconadas y bastante maltratadas.
Todo viene a cuento nuevamente en el PRI y el PAN están aferrados a la necesidad de ceder a principios constitucionales y olvidar las libertades con la Ley de Seguridad Interior.
Tenemos a las fuerzas armadas con más de 50 años interviniendo en tareas discretas y concretas contra el narcotráfico. Aunque en las últimas décadas el escenario se ha radicalizado. Los militares por aquí y por allá, los retenes como parte del paisaje. Entonces nos acostumbramos a leer cifras de caídos, abatidos, muertos en enfrentamientos. Se nos repitió: la situación es delicada y la respuesta es sólo temporal. Hace ya más de 10 años de eso.
Ahora, el Ejército pide un marco normativo que regularice sus intervenciones en tareas de seguridad. Ahí va la bola de nieve. Mientras, otras medidas quedan de plano sin explorar. Para que no digan que uno siempre critica pero jamás propone, aquí 8 propuestas o ejes que se podrían atender para romper el círculo:
1.- subsanar la falta de un marco normativo que afecte la capacidad financiera del crimen organizado. En México, las leyes de extinción de dominio, por ejemplo, son una broma.
2.- los procesos de depuración de policías, procuradurías y poder judicial fracasan una y otra vez. Ya deberíamos haber aprendido qué se hizo mal.
3.- no hay una discusión ni medidas públicas serias sobre la captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado.
4.- la capacidad de investigación de contexto y redes es nula. Hay que construirla, pues se tratan los casos de manera individual, siempre “atrapan” a un líder criminal pero por más que siga los comunicados de prensa o la cobertura mediática, usted nunca sabrá cómo operaban, con quiénes colaboró ni se desactivan redes de complicidad.
5.- todo lo anterior ha afectado la capacidad de cooperación internacional de México. Es un hecho, las autoridades de otros países no confían en nosotros y eso impide que compartan información y la cooperación es sobre las rodillas (a pura extradición). Sin cooperación internacional, no habrá desmantelamiento serio de grupos criminales.
6.- no hay una Política criminal (el discurso de que el Estado persigue por igual todos los delitos y que todo lo que está fuera de la ley se investiga es puro populismo penal). Los países serios tienen una política criminal para priorizar investigaciones, asignar recursos, concentrar esfuerzos, etc.
7.- una política de prevención es conciliable con la regulación y despenalización de ciertas sustancias ahora arbitraria o excesivamente prohibidas. Este debate y medidas relacionadas son tibias e insuficientes.
8.- es necesario re-conectar el tema de seguridad a la forma de gobierno más cercana a la gente (es decir, el municipio), no alejarlo como se ha venido haciendo con la militarización.

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