AUTOR: DAWID BARTELT
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es reconocida como una suerte de texto madre de los derechos humanos modernos y hasta la fecha ocupa una centralidad para su concepción actual, en tanto referente jurídico, ético y político. Resumida en extremo la circunstancia histórica, la Declaración Universal surgió tras los traumáticos sucesos del holocausto y el desastre humanitario ocasionado por el avance despiadado del fascismo. Frente a ello, la comunidad internacional consideró la necesidad de desarrollar estándares compartidos sobre los derechos de las personas, así como proteger los derechos de las minorías.
El próximo 10 de diciembre cumplirá 70 años de promulgación, justo en un momento en que nos encontramos en una situación compleja, cuya ambigüedad es constitutiva de la política internacional contemporánea. En este escenario, por una parte, existe una suerte de consenso internacional que nos remite a los derechos humanos como hoy los conocemos. Hemos llegado a una normatividad e institucionalidad de Derechos Humanos nunca antes vista. Además, el respeto a los derechos humanos tiene una presencia masiva, casi obligatoria en discursos de políticos y gobiernos en la mayor parte del globo.
Por otro lado, es la implementación de Derechos Humanos lo que en muchos países proyecta debilidad. De hecho, en México, la situación de los derechos humanos incluso ha empeorado. Los gobiernos han aprendido virtuosamente a servirse del discurso de los DH y, al mismo tiempo a ignorar, de cierta manera impunemente, la obligación de implementarlos, o incluso participar activamente en violarlos. La impunidad es endémica.
De ahí que quizá convenga preguntarse ¿qué desafíos enfrentan los Derechos Humanos tras su evolución para ser relevantes en el contexto actual? ¿Son los Derechos Humanos el proyecto civilizatorio que pretende?
Es claro que desde la promulgación de la Declaración Universal han sucedido demasiados cambios: las políticas imperialistas de países como Francia o Inglaterra han cedido, los regímenes internos de apartheid se han agotado, la guerra fría terminó y la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, parece cada vez más superada (aunque la gran mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos en su práctica – y a veces contra su propio discurso – siga enfocando en los derechos civiles y políticos).[1]
Sin embargo, a pesar de los éxitos de su codificación e institucionalización la eficacia y los efectos prácticos de los Derechos Humanos han enfrentado siempre desafíos enormes, no sólo como resultado de un defecto de construcción normativa, sino como expresión de los desafíos sociales, políticos y económicos de cada momento y sus propias contradicciones.
Las principales críticas a los Derechos Humanos durante la Guerra Fría obedecía a que ambos bloques (uno encabezado por EEUU y otro por la extinta URSS) funcionalizaron los derechos humanos en su lucha, construyendo una contradicción de agenda entre los derechos políticos-individuales enfrentada a los derechos económicos y sociales, colectivos. La priorización de unos sobre otros, al extremo del desconocimiento de toda importancia de la agenda opuesta, resto operatividad y disminuyó ciertos avances.
En cambio, a la caída del bloque socialista parece darse un auge de la política internacional de implementación de Derechos Humanos. Este intenso avance en la agenda no está exento de fuertes críticas, pues esta nueva política estaba vinculada al y dependía del poder económico-militar de los EEUU y apoyaba su proyecto de expandir la democracia representativa-liberal, acompañada de la expansión del capital trasnacionalizado de los países del Norte. Las sangrientas intervenciones militares realizadas en nombre de los Derechos Humanos tuvieron por efecto que mucha gente en los países del Sur Global se convenciera de que los Derechos Humanos eran un proyecto de las países industrializados. En una línea, estos críticos identifican los Derechos Humanos con un proyecto neoimperalista de los EEUU y sus aliados del Norte Global.
Trascendidos los tiempos de la guerra fría, y dado el avance de la política internacional de implementación, los Derechos Humanos hoy están codificados en el Derecho Internacional y (por eso) resultan legalmente vinculantes para un gran número de países. Además de que han sido introducidos en un número creciente de constituciones nacionales. En el caso de América Latina y de forma particular en México, se sucedió una ola de aprobación de reformas constitucionales que vinculan el derecho internacional de los derechos humanos con el ámbito doméstico, vino una cascada de tratados internacionales aprobados y ratificados, el funcionamiento de tribunales internacionales de derechos humanos se hizo realidad y la creación de instituciones altamente especializadas en derechos humanos terminaron siendo la marca de las últimas décadas. Desde esta perspectiva hay quienes sostienen que dada esta aproximación normativa, los Derechos Humanos resultan supra-ideológicos.
Sin embargo, analistas como Stephen Hopgood[2] y otros afirman que los Derechos Humanos en los países del Oeste han adquirido la calidad de una religión secular moderna. Como tal, los Derechos Humanos han adquirido un status incontestable. Desde esta crítica, esta sacralización de los Derechos Humanos ha dificultado una realización más eficiente. Estos analistas abogan por considerar y conceptualizar los Derechos Humanos como un instrumento político pragmático. Como tal, sería sujeto a compromisos, negociaciones, limitaciones y cuestionamientos, una opción entre otras para realizar objetivos políticos concretos. Sin embargo, esto significaría en la práctica reducir los Derechos Humanos a unos pocos derechos con más potencial de judiciabilidad e implementación, como la prohibición de la tortura o de ejecuciones ilegales. En esta línea de pensamiento, defendido por Michael Ignatieff y otros autores[3], la justicia social no sería algo que debería ser concebido dentro del contexto de los Derechos Humanos. En todo caso, vale la pena destacar que estos autores afirman que los Derechos Humanos se han constituido como una ideología, o más bien una creencia sui generis. Quizá por eso, organizaciones de Derechos Humanos están poco dispuestas a reflexionar sobre las críticas.
En el contexto latinoamericano, la persistencia de la pobreza y enorme desigualdad social es justo lo que provoca una crítica de los Derechos Humanos como incapaces de resolver los problemas más urgentes en sus países. Frente a esto, un conjunto de críticos apuntan la compatibilidad entre un régimen (neo)liberal que perpetúa desigualdad y pobreza y los Derechos Humanos.[4] Incluso, en casos como el de Samuel Moyn, señalando que existe un descuido o desinterés en los defensores en torno a las cuestiones relativas a las extremas desigualdades económicas.
Hay, sin embargo, otra corriente de críticas en países pos-coloniales del Sur Global a los Derechos Humanos. Amplios sectores de la sociedad ven los Derechos Humanos como “los derechos de los delincuentes” que dificultan o impiden un régimen de combate efectivo a la delincuencia a través de un ejercicio indiscriminado de la fuerza. Esta aproximación, si bien menos sofisticada en términos de análisis y lectura de la geopolítica, tiene considerables efectos políticos y por tal razón prácticos, para la eficiencia y la implementación de los Derechos Humanos. Dicho en una nuez, no puede obviarse que los Derechos Humanos son leídos por amplios sectores como una fuente de impunidad.
En suma, desde el punto de vista de la aplicabilidad de los Derechos Humanos enfrentan importantes críticas y agudos señalamientos. Algunos resultado de la lectura geopolítica e ideológica de su contenido, con críticas y disensos señalados por movimientos que no necesariamente comulgan con el consenso de los Derechos Humanos por considerarla una imposición o incluso por tener un enfoque occidentalista que no incorpora plenamente otras cosmovisiones, como la indígena. Y esto, tal como lo ha demostrado el movimiento indígena mexicano y la lucha por el pluralismo jurídico en América Latina, más vale tomarlo en serio.
Otras críticas, encuentran su validez frente al hecho de los desafíos de desigualdad económica no resueltos por los Derechos Humanos. A esto se suman la emergencia de actores no estatales, la proliferación de nuevas formas de violaciones a derechos humanos o los impactos de la tecnología convencional y digital, entre otros.
Sirva este breve mirada a la evolución y mínimo recuento de las críticas más frecuentes como una invitación a una reflexión crítica sobre la importancia e impacto de los Derechos Humanos, justo con motivo de la conmemoración de 70 años de la promulgación de la Declaración Universal. Sirvan también para provocar un diálogo amplio sobre el tema.
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[1] Diversos autores (Abramovich, Courtis, Pissarello, Ferrajoli, Rabossi, Gutiérrez, Cruz Parcero, por citar sólo a algunos) han mostrado con suficiencia que no hay nada que diferencie estructuralmente a los derechos económicos sociales y culturales de los civiles y políticos. Incluso autores de corte liberal, como Susstein y Holmes, reconocen que se trata de un asunto ideológico y que la inclinación por unos u otros depende de contextos políticos y sociales particulares.
[2] Stephen Hopgood: The Endtimes of Human Rights. Cornell Univ. Press 2013
[3] Michael Ignatieff: Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton Univ. Press 2001
[4] Ver Ariadna Estévez/Daniel Vázquez: 9 Razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos. CDMX 2017. En una línea parecida v. ahora Samuel Moyn: Not Enough. Human Rights in an Unequal World. Harvard 2018.
