Por Ixchel Cisneros
“Gracias a todas nuestras fuerzas armadas por ser leales a México, por servir a México con sentido de lealtad, de compromiso y de patriotismo, con enorme sentido de institucionalidad, con respeto a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos”, Enrique Peña Nieto, presidente de México.
Desde diciembre del 2016 hay una discusión en el país sobre la Ley de Seguridad Interior. Acepto que, de inicio, el nombre no me decía mucho y el tema había pasado desapercibido en mi agenda personal.
Pero bueno, aun cuando sentía alejado el término me puse a investigar y ¡PUM! Resultó una iniciativa ruin y engañosa que quiere aprobar el gobierno mexicano de la mano del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para darle un cheque en blanco a las fuerzas armadas, dígase Marina y Ejército.
Sé que no todos los militares violan los derechos humanos, pero hay claros casos donde sí lo han hecho.
Con el pretexto de que el crimen organizado nos está ahogando y que las policías no funcionan, las propuestas de ley presentadas por el PRI y PAN buscan que las fuerzas armadas realicen acciones de seguridad para las que no están preparadas y para las que no fueron creadas.
Es más, ellos saben que no fueron creados para realizar estos actos y el 8 de diciembre de 2016, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos declaró: “Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos… estar aquí, no nos sentimos a gusto, los que estamos con ustedes aquí no estudiamos para perseguir delincuentes”.
De las iniciativas retomaré solo algunos de sus postulados, los que a mi parecer siento más graves. Por ejemplo, la del PRI dice que podrían: “Controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, esto podría traducirse como neutralizar (sea lo que sea esto) una manifestación no violenta.
La del PAN habla de “intervenir comunicaciones privadas”, es decir, espiarnos, además de mencionar “localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados de los equipos de comunicación”. O sea, usar la información personal de nuestros equipos de cómputo y celulares en nuestra contra.
Cabe decir que un grupo de organizaciones, académicos, ciudadanos y ciudadanas, incorporadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han estado presionando en las cámaras para que dicha ley no se apruebe pero en las últimas semanas, el presidente Peña Nieto ha aprovechado todos los espacios públicos que ha tenido para pedir se “regularice la situación de las fuerzas armadas”, es decir, se apruebe la Ley de Seguridad Interior.
Una de ellas fue la semana pasada, cuando frente a miles de militares declaró que las fuerzas armadas se manejan con “enorme sentido de institucionalidad, con respeto a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos”. Esa declaración me voló la cabeza, porque una cosa es querer que aprueben su ley y otra mentirnos abiertamente.
Sé que no todos los militares violan los derechos humanos, pero hay claros casos donde sí lo han hecho, recordemos el Tlatlaya donde integrantes del ejército mataron a 22 personas o aquel video de un grupo de soldados torturando a una mujer que pedía auxilio a gritos.
El viernes 31 de marzo, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió no aprobar ninguna de las dos propuestas de ley de seguridad interior porque ello no implicaría resolver el conflicto de violencia en el país y la participación de las fuerzas armadas no era lo más deseable.
Y esto no es algo que el ombudsman se haya sacado de la manga, recordemos lo que ha sucedido en países militarizados como Argentina y Chile. Como me dijo un amigo hace unos días: “Nosotros no sabemos cómo lidiar con los militares en las calles ni ellos saben qué hacer con nosotros”.
En enero de este año, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas comenten “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con toda esta información rondando mis pensamientos, me llegó una invitación para ir a Los Pinos y presenciar la entrega del informe de la CNDH; tenía una oportunidad de oro y no iba a dejarla pasar y tras discutir con el equipo de trabajo, decidimos que asistiera con una playera que dijera: “Seguridad Sin Guerra” y darle el mensaje al presidente.
Y así fue, al finalizar la ceremonia, me acerqué a Peña Nieto y le enseñé mi camiseta, él leyó el texto en voz alta: “Seguridad sin Guerra”. “Estoy a favor de la paz”, me dijo. Espero que cumpla su dicho y él y sus colaboradores dejen de hacer campaña por una estrategia que evidentemente no ha funcionado desde la época de Felipe Calderón.
Sí, queremos vivir seguros; sí, queremos a los integrantes del crimen organizado encarcelados; sí, queremos a los políticos corruptos destituidos, enjuiciados y castigados; sí, queremos una policía que haga bien su trabajo pero NO, NO QUEREMOS A LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS CALLES.
*Una versión de este artículo fue publicada originalmente en Huffington Post México.
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