Por Rolando Lagunes Garin
Faltaban dos días para salir de vacaciones. La atención ya estaba puesta en Noche Buena y Navidad. Pocos se enteraron del hecho que llevaría a la primera crisis política del 2018. Los menos sorprendidos fueron los cercanos a Peña Nieto, porque lo sabían y con todo reaccionaron torpemente.
El 20 de diciembre, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por autoridades de Chihuahua. Gutiérrez enfrenta un proceso judicial por usar dinero público para campañas del PRI en las elecciones estatales del 2016 (nomás 250 millones de pesos). Cuando desvió el dinero, Gutiérrez era el segundo hombre al mando del PRI, solo por debajo de Manlio Fabio Beltrones, presidente del partido, y el gobernador de Chihuahua era César Duarte, quien hoy tiene 11 órdenes de aprehensión en su contra y que podría ser extraditado desde Estados Unidos.
La cosa está así. Según el testimonio de Jaime Herrera, ex secretario de hacienda de César Duarte, en 2016 hubo un desvío de 250 millones como parte de un acuerdo entre el PRI, el gobierno de Chihuahua y ¡la Secretaría de Hacienda federal (SHCP)! En ese tiempo, al frente de la SHCP estaba Luis Videgaray, hoy Canciller. Herrera también dijo que el mismo tipo de desvío fue usado en Veracruz y Tamaulipas, cuando Javier Duarte y Egidio Torre eran los gobernadores. La misma trama fue expuesta por el ex secretario chihuahuense de educación, Ricardo Yáñez, en su declaración de sentencia.
El mecanismo para desviar dinero fue el siguiente: La SHCP envió dinero a Chihuahua, directo de un guardadito del Presupuesto llamado Ramo 23, para supuestamente usarlo en el sector educativo. Para transferir los fondos del Ramo 23, Hacienda y los estados firman convenios. Una vez que el dinero llegó a Chihuahua, César Duarte y su equipo simularon contratos. Contrataron empresas falsas para obras o servicios que nunca fueron realizados. Luego, el dinero fue de mano en mano, de empresa en empresa hasta ser retirado y usado, según los testimonios, en las campañas del PRI.
La investigación en Chihuahua tiene elementos (testimonios y registros bancarios) para llevar a juicio a Alejandro Gutiérrez y César Duarte (Lee aquí más detalles). Pero también da para jalar el hilo y traerse consigo a otros personajes del círculo más cercano a Peña Nieto: Luis Vega Aguilar, secretario de finanzas del PRI, y Luis Videgaray, por mencionar algunos (lee más de la trama aquí).
Pero aquí es donde se pone más buena la cosa. Hace unos días, Corral denunció públicamente que la SHCP no entregó al estado más de 700 millones de pesos, violando sin justificación jurídica ni presupuestaria el convenio firmado (también del Ramo 23). Cuando Corral cuestionó a Hacienda, esta, bajita la mano, pidió conocer el alcance de la investigación contra Gutiérrez.
Corral alega que el presupuesto fue usado como arma política. Que el gobierno de Peña, a través de Hacienda, intentó frenar la investigación condicionando un pago convenido con el gobierno chihuahuense. Hoy, el gobierno de Corral y el gobierno de Peña están en franco pique. Al verse expuestos, en la SHCP han tartamudeado explicaciones de por qué Hacienda no transfirió la lana a Chihuahua: que ya no había dinero -aunque todos los estados recibieron dinero menos Chihuahua-, que la validez del convenio estaba en litigio por las investigaciones contra César Duarte -lo cual es mentira-, y que el número de cuenta bancaria era incorrecto.
Lo interesante no es que Corral esté aguantando vara, que lo hace, sino que enseñó el fondo de la olla, o parte de ella. Con el respaldo de actores de la sociedad civil y políticos de diferentes partidos denunció la repugnante práctica. No se la guardó como anécdota pegadora de sus memorias.
Lo que sigue. A Corral le toca asegurar que las investigaciones penales sean impecables, y no bajarle al trote. A nosotros nos toca seguir bien enterados y atentos porque estamos, de nuevo, en año electoral. A Peña y a su equipo les toca aceptar las consecuencias y unos a otros decirse ¡Ay, Chihuahua!, porque no hay punto de retorno.
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