La administración de Andrés Manuel López Obrador recibe un país roto en materia de derechos y libertades. En los últimos 12 años, la creación de instituciones no ha frenado las violaciones a derechos humanos. Hay múltiples causas como la guerra contra las drogas, el aumento de la violencia, así como la impunidad constante dentro del sistema de procuración de justicia.
Todo esto ha llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con importantes diagnósticos que incluyen recomendaciones puntuales para dar solución a la crisis de derechos.
Si López Obrador se toma en serio el discurso de paz y justicia social, la incorporación de estos insumos resulta sumamente importante. Aquí algunos ejemplos de sus dos órganos más importantes:
1.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde su dimensión política ha mostrado patrones de graves violaciones a derechos humanos en el marco de dictaduras militares en la región y conflictos armados de carácter no internacional en Centro y Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.
En el caso mexicano ha sido clave para entender la trayectoria y evolución de las problemáticas nacionales y las políticas en materia de derechos humanos en México. La CIDH evidenció las consecuencias del conflicto en Chiapas, la falta de mecanismos de verdad y justicia para graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada “guerra sucia” en los 70, la situación sobre las muertes violentas en contra de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, y su rol en el caso “Campo Algodonero”, caso hito en materia de violencia de género y discriminación estructural en América Latina.
La CIDH ha puesto la lupa sobre México a partir de la declaración de la guerra contra las drogas en 2007 por parte de Felipe Calderón y sus consecuencias. Específicamente, frente a la generalidad y sistematicidad de fenómenos como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales con la participación o aquiescencia de agentes estatales, el fortalecimiento del crimen organizado y el estatus quo de impunidad por parte de la estructura estatal.
Las cifras oficiales para 2015 entregadas a la CIDH señalaban más de 100 mil personas muertas, 27,000 personas desaparecidas, más de dos mil investigaciones de caso de tortura y el desplazamiento interno de miles de personas. Y la CIDH concluyó su visita señalando la dualidad dentro del Estado mexicano en materia de derechos:
…el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México.
Pero el caso más emblemático sin duda es la creación de un mecanismo sin precedentes en la historia del SIDH. A partir de la solicitud de una medida cautelar por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y la exposición del caso a nivel internacional, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Con financiamiento del Estado mexicano, el GIEI realizó cuatro visitas oficiales y publicó dos informes que detallan de forma única cuál es la situación actual en materia de desaparición forzada en México y las fracturas del Estado que mantienen este y miles de casos en total impunidad.
Lamentablemente, el trabajo del GIEI se quedó a medias ante la negativa del Estado de prorrogar su mandato y bajo la sospecha de haber sido blanco del sistema Pegasus como medio de espionaje para entorpecer su trabajo. Valdría la pena en este tránsito de gobierno, repensar la pertinencia de estos mecanismos internacionales en la coyuntura actual y reactivar el mandato del GIEI.
2.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como el órgano jurisdiccional de protección de derechos humanos, ha sido fundamental no sólo para conocer casos emblemáticos, también para generar órdenes de reparación integral que han impactado en la institucionalidad.
El Estado mexicano reconoció la competencia de la Corte IDH en diciembre de 1998. A partir de esa fecha ha conocido de ocho casos y emitido seis sentencias que declaran la responsabilidad internacional de México por vulneraciones a la CADH: Castañeda Gutman, González y otras (Campo Algodonero), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Cabrera y Montiel. Actualmente se encuentra conociendo dos casos más: María Selvas y otras (Mujeres de Atenco) y Nitza Paola Alvarado y otros.
En los casos el Tribunal ha documentado y analizado las causas de los hechos que han generado violaciones generalizadas y ciclos de impunidad, lo cual de alguna u otra forma ha constituido también un ejercicio de memoria histórica en México.
Por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana pudo dar visibilidad al contexto de graves violaciones a derechos humanos en la llamada “guerra sucia”. Por otro lado, en el caso Cabrera y Montiel utilizó el contexto para denunciar décadas sobre las prácticas de tortura por parte de agentes estatales especialmente, para la obtención de confesiones para declarar la responsabilidad internacional en casos de delincuencia organizada.
En los casos que actualmente están bajo estudio, se esperan importantes contribuciones en materia de contexto sobre dos temas clave: tortura sexual en casos de uso excesivo de fuerza en protestas sociales y la práctica de desaparición forzada en el marco de operativos militares en tareas de seguridad pública y combate en el narcotráfico.
Pero la Corte también ha conocido y juzgado deficiencias del sistema penal y la incapacidad estatal como la fabricación de pruebas, impunidad, revictimización, la falta de perspectiva de género, entre otras. Dicho análisis refuerza la urgencia de restructurar la fiscalía nacional y las fiscalías locales para hacer frente a los miles de casos que actualmente hay sobre violaciones a derechos humanos.
En cuatro ocasiones la Corte IDH declaró responsable a México por tener una jurisdicción militar, al considerar que la disposición vulneraba los principios de independencia e imparcialidad e impedía una investigación y sanción efectiva. Con base en ese vacío jurídico desarrolló la importancia del control de convencionalidad por parte de jueces. Y en los casos de la violación sexual de Valentina e Inés por parte de agentes de las fuerzas armadas, el discurso de ambas resignificó la voz de las víctimas y generó memoria sobre la actuación de las fuerzas armadas.
Este recorrido sobre el SIDH es un recurso fundamental para que la nueva administración entienda cuáles son las problemáticas añejas. Es información insustituible sobre las causas de la impunidad y, por ende, en la repetición de violaciones a derechos humanos. El futuro gobierno puede tomarse en serio lo que sobre México ha dicho el SIDH y entender qué experiencia comparada, sobre todo en materia de justicia transicional, puede aportar a la ecuación de paz que se busca. Podría incluso repensar si, ante la deficiencia estructural que enfrenta la procuración de justicia actualmente, el país requiere de mecanismos internacionales para materializar la verdad, la justicia y la reparación.
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