**AUTORA: PATRICIA DE OBESO
El 6 de julio de este año asesinaron a Edgar Humberto Vega, director del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 2011, mataron a Rebeca Nicasio, directora en turno del mismo centro, mientras hacía un recorrido del penal. En marzo de este año, dispararon y asesinaron al subdirector jurídico del Centro de Reinserción de Colima. También, secuestraron y asesinaron a Manuel Chopin Meza, director del penal La Unión, en Guerrero.
En octubre de 2017 se registró un nuevo motín y masacre en el penal de Cadereyta, Nuevo León. Un grupo de internos organizó una protesta que derivó en una pelea interna. “Se tuvo que tomar la determinación de hacer uso de la fuerza letal,” declaró Aldo Fasci, vocero de seguridad del estado. 500 policías fueron desplegados al interior del penal y 18 personas murieron, según datos oficiales. Los familiares de los internos tuvieron que esperar dos días afuera del centro para saber si sus esposos, hijos o nietos pertenecían a esta lista.
Gracias a documentos facilitados por la Fiscalía de Coahuila que incluyen declaraciones de los internos, custodios y del crimen organizado, y de informes de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Sergio Aguayo y Jacobo Dayán publicaron una investigación llamada “El Yugo Zeta”, que describe con claridad el descontrol del penal de Piedras Negras. Un campo de exterminio del Cártel de los Zetas, refugio pagado por el Estado, centro de extorsión (al interior y exterior) y de distribución de drogas, entre otras cosas.
Esto es un breve y muy limitado resumen de lo que ocurre alrededor de los centros penitenciarios (federales y estatales). Si agregamos a la lista las condiciones inhumanas en las que viven las personas privadas de la libertad, nos quedamos con un sistema raquítico. Está claro que lejos de ser centros de reinserción social, los penales y tutelares son centros de negocios para el narcotráfico. El hecho de que asesinen a directores, se registren motines y masacres responde a esto.
La realidad es que no figura en nuestra lista de prioridades cuando hablamos de la seguridad o de los derechos humanos. Para los gobiernos no es redituable, y, al parecer, para la sociedad tampoco.
La pregunta central del informe de México Evalúa La cárcel en México, ¿para qué? está más vigente que nunca. ¿De qué nos sirve aumentar el número de celdas en un país en el que las penas solo se aplican a los más pobres? Si queremos hablar de pacificar al país, el sistema penitenciario debe estar en el centro del debate. De no ser así, seguiremos perpetuando el círculo vicioso de las víctimas y victimarios.
Somos un país con hambre de cárcel, pero no de justicia. En 2011, el 96% de los casos se resolvieron con una condena de prisión. Son muy poco los casos que se resuelven a través de sanciones alternativas. Los jóvenes entran en las cárceles por delitos de robo o de narco menudeo y salen extorsionados, conectados con el crimen organizado y son eternamente estigmatizados.
Tanto Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Seguridad Pública, como Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, han declarado la centralidad de este debate frente al ciclo de la violencia y la guerra. Incluso López Obrador anunció que se organizarán consultas al interior de los penales. Gran noticia.
El reto está en la coordinación con los gobiernos estatales y el destino del presupuesto. También en recuperar el control y garantizar condiciones de vida digna para los internos. Más grande el reto de convencer a una ciudadanía apática en la necesidad de involucrarse en el tema, desde tumbar nuestros prejuicios hasta cosas tan concretas como ofrecer un empleo.
