Por Falko Ernst
La apertura discursiva por parte del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, es un paso laudable. Pero aun así quedan pendientes mayores. Dados sus antecedentes, quedan muchas preguntas abiertas. Una de ellas es la siguiente:
¿Tiene, más allá de producir señales electoralmente convenientes, el gobierno veracruzano la voluntad de reconstruir sistemática y transparentemente la secuencia entera que permitió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actuara como una organización criminal, como una fuente de crímenes de lesa humanidad?
Para ello, no es suficiente la detención de 19 elementos de la SSP-V como manzanas podridas a inculpar por las desapariciones forzadas en Veracruz. Ex-miembros de la SSP activos bajo Arturo Bermúdez Zurita cuentan que cualquier resistencia suya de participar en actos criminales, que también incluyeron secuestros y extorsión por lucro, provocó reacciones violentas por sus superiores. Dicen que fueron torturados por sus comandantes, y que algunos fueron enviados a morir. Aún no se sabe cuántos policías han perdido la vida en tales circunstancias, o cuántos están desaparecidos. Y no hay nada que indique, en este momento, que la cultura autoritaria interna haya sido desmantelada. O bien que se estén tomando los pasos necesarios para impedir que las instituciones de seguridad veracruzanas vuelvan a fungir – o continúen fungiendo–como herramientas para intereses criminales dentro y fuera del Estado.
Abrir las puertas de la SSP-V y de la Fiscalía General del Estado –existen indicaciones de una colusión y corrupción persistente en ambas– a un proceso de reconstrucción histórica transparente e independiente demostraría el compromiso real del gobernador y del fiscal veracruzanos con la justicia.
El International Crisis Group (@crisisgroup) documentó los abusos internos como base del actuar criminal de la SSP-V en Febrero 2017. Aquí un fragmento de lo que señala en su reporte:
Un ex agente policial dijo que, poco después de asumir el mando de las operaciones en el centro de una importante ciudad de Veracruz, recibió sobres de miembros del crimen organizado en varias ocasiones. Su determinación de denunciar oficialmente estos incidentes, dijo, se topó con presión de sus superiores, amenazas contra él y su esposa, y violencia por parte de miembros del crimen organizado. Cuando siguió rechazando sobornos, dice que fue despojado de su rifle semiautomático y chaleco antibalas, y se le informó que sería reasignado a una de las zonas más violentas del estado. Renunció, y el convoy en el que se suponía que iba a viajar al día siguiente fue emboscado, lo que resultó en la muerte de tres de sus colegas. De los cuarenta agentes de su promoción de la academia policial, dijo, 10 siguen vivos, que él sepa. “Se creó dentro de la misma policía un régimen de terror.”
El reporte completo lo pueden encontrar aquí: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/61-veracruz-fixing-mexicos-state-terror
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