Por Patricia de Obeso
Existen injusticias frente a nuestros ojos que escogemos ignorar. Así el caso de las trabajadoras del hogar y sus derechos laborales.
Datos recopilados por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) señalan que 11% de la Población Económicamente Activa femenina en México son trabajadoras del hogar, en contraste con el 1% en países desarrollados. El 95% de las personas que ejercen este empleo en el país es mujer. Muchas sufren de discriminación y explotación.
Nada más revelador de la desigualdad y de los estereotipos que mandan en el país.
Cierto que es un tema polémico. Si es un trabajo que debe existir o no, es una discusión de fondo. Lo que no está a discusión es la necesidad de garantizar sus derechos laborales. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo promovió el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. El convenio establece, en términos generales, obligaciones para los países como: regular las jornadas laborales, prohibir el trabajo infantil, firmar un modelo de contrato que incluya el seguro social, permitir que las trabajadoras se sindicalicen y establecer reglas claras para el outsourcing de estos servicios.
En México, la Ley Federal del Trabajo establece que las trabajadoras domésticas tienen derecho a un salario mínimo, reposo, alimento y habitación (equivalentes al 50% de su salario) y un lugar higiénico para realizar sus labores. Sin embargo, las excluye del derecho a la seguridad social, del acceso a guarderías y de una pensión.
Por otro lado, se han puesto de moda las empresas y aplicaciones que ofrecen contratarlas por jornadas únicas sin la menor garantía de derechos y muchas veces para trabajos extenuantes. Ni qué decir de aprobar que trabajen menores de edad en los hogares.
México no ha ratificado este convenio a diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. ¿La excusa? No hay recursos. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez calculó que para afiliar al 40% de las trabajadoras al IMSS se necesitarían 28 mil millones de pesos. Más o menos el presupuesto que se utilizó en el último año en promover la imagen del gobierno.
Las trabajadoras van varios pasos adelante en su lucha, hace más de 15 años, bajo el liderazgo de Marcelina Bautista, formaron el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO) con el objetivo de defender sus derechos. También crearon el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar A.C. (CACEH), para el desarrollo personal y la defensa y promoción de sus derechos.
Son claras en sus ideas y necesidades. “No va a venir ningún partido a arreglarnos la vida, nos tenemos que unir”, “yo creo que es hora de que llegue una mujer a la presidencia, me identifico con Marichuy porque es indígena como yo”, “¿por aceptar una despensa vamos a aceptar que se frieguen a los demás?”, “necesitamos gobernantes que se adapten a nuestras necesidades y no nosotros a las de ellos”, las escuché comentar recientemente en un taller sobre incidencia política.
Se necesitan reformas para regular el trabajo doméstico, pero más se necesita compromiso para corregir las faltas en las condiciones laborales que hasta hoy hemos permitido. La realidad es que no hay voluntad política para legislar sobre este tema que a todas luces es un derecho. La realidad es que no hay voluntad política porque a nosotros tampoco nos importa.
Hoy comienza la campaña Empleo Justo en Casa promovida por el ILSB, CACEH, ONU Mujeres, OIT, CONAPRED, SINACTRAHO y Hogar Justo Hogar. En su página y redes sociales se encuentra un decálogo para ser una empleadora justa. Empecemos por ahí.
¿Quieres entrarle al asunto? Hay muchas formas, para conocerlas empieza dando click aquí:
http://empleojustoencasa.org/index.html
