Por Miguel Pulido
En el largo catálogo de casos de corrupción de nuestros gobernadores, la extradición de Roberto Borge desde Panamá marcó el inicio del año. A Borge le esperan acusaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Tal vez no sea la totalidad de lo que hizo, pero de que son acusaciones serias, lo son.
Lejos quedaron los días en los que mareado de poder se comportaba despótico en Quintana Roo. Aunque desde aquellos días supimos de su calaña. En julio de 2016, la revista Expansión y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desenmascararon un entramado de complicidades durante su gobierno, con el que despojó de hoteles, terrenos y dinero de cuentas bancarias a empresas y particulares a través de juicios laborales a modo.
Borge fue uno de los personajes identificados por Enrique Peña Nieto como ejemplares del nuevo PRI, en una entrevista en la que el actual presidente de la República se refirió a los jóvenes que estaban marcando el nuevo rumbo de hacer política en su partido. Al nombre de Roberto Borge lo acompañó del de Rodrigo Medina y los dos Duarte (Javier y César).
Ese puñado de “jóvenes” encabeza una larguísima lista de polémicas legales que bastante barata le ha salido a ellos mismos y al propio PRI. Les salva el pellejo la mediocridad de las instituciones mexicanas, la falta de voluntad política y el pacto de impunidad que vive el país.
En el caso de Borge, gracias al trabajo periodístico supimos que la red que encabezó manejaba un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también operó mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias.
La estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad y al menos una notaría pública a través de juicios civiles exprés.
Los compradores de esos inmuebles a precio bajísimo son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde. Los protagonistas de la red fueron: el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, quien fue nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador.
Tras la publicación de la investigación, más testimonios salieron a la luz. Destaca el despojo a Nestlé, a Alejandro Ramírez director general de Cinépolis y a Julieta Sánchez Jarero, quien fue despojada de una vivienda que adquirió con sus ahorros.
Pero la cosa no paraba ahí. Expansión y MCCI siguieron con la investigación. Descubrieron que, además, Borge y sus piratas habrían desfalcado al estado con al menos 16 mil millones de pesos durante 2015 y 2016.
Esta red de más de 50 personas —la mayor parte exfuncionarios— con mayor o menor participación, y en algunos casos omisión, malbarató miles de hectáreas de terrenos millonarios a precios muy por debajo del real; simuló apoyos a campesinos para desviar recursos; pagó obras inexistentes, incompletas o con sobrecosto; contrató servicios que no se realizaron y benefició con contratos y predios a empresarios, amigos y familiares allegados a sus círculos de poder.
Borge, hoy vilipendiado por los propios priistas, parece un objetivo fácil de ataques. Es la ficha entregada. Por eso conviene recordar que un saqueo de estas magnitudes no pudo haberse logrado sin amplias complicidades en todos los niveles. La pregunta más pertinente es ¿y sus redes?
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