Por Gonzalo Sánchez de Tagle
Durante poco más de dos años, el Centro de Rehabilitación Social de Piedras Negras estuvo bajo el mando directo de los Zetas. Cárcel que recibía fondos públicos. A razón del presupuesto, 135 millones de pesos para los centros penitenciarios de Coahuila en 2011. Más allá de tener el control directo de la cárcel, esta funcionaba como depósito de drogas, se extorsionaba a internos mediante cobros por celdas o uso de cuartos para visitas conyugales, en los talleres del CERESO se arreglaban los vehículos para transportar drogas a Estados Unidos y se confeccionaban los trajes para los comandos armados, fungió también como posada y salón de fiestas y, quizás lo más sensible y dramático, es que fue utilizada como lugar para esconder a los secuestrados mientras se negociaba el rescate y como campo de exterminio y de ejecución. Cuenta así el documento de trabajo del Seminario sobre Violencia y Paz, de El Colegio de México, El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, dado a conocer en los últimos días.
El derecho a la verdad es en primer lugar de las víctimas y sus familiares, pues a ellos corresponde por principio dignificador, conocer los hechos y la identidad de las personas que en ellos participaron. En segundo lugar, el derecho a la verdad es de toda la sociedad en tanto que es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Quizás más importante, la verdad es una condición para una reconciliación con nuestro tiempo histórico, así como un requisito previo al diálogo y a la exigencia.
Después de que los Zetas se hicieron del control total del norte del Estado de Coahuila, y ya al mando del Penal de Piedras Negras, dice el documento en uno de los testimonios sobre aquello que ocurría dentro del CERESO, para referir a la disciplina que imponía el grupo del crimen organizado, que “El castigo dependía de la gravedad de la ofensa. Uno de los prisioneros relata que tuvo visita conyugal y un Zeta le faltó al “respeto a mi esposa”. El agraviado reclamó y el Zeta lo tasajeó con “un cuchillo en mi espalda”, el Jefe de Cárcel le “pegó con un bat de aluminio” y luego lo recluyeron “como siete meses en el área de máxima seguridad”.
También cuenta el estudio, respecto a los homicidios cometidos en la cárcel, que “Internos, Zetas, custodios y trabajadores coinciden en que algunos llegaban vivos, “los tenían hincados y amarrados de sus manos hacia atrás”, en ocasiones “gritaban personas, yo creo que los mataban ahí”. Los ejecutaban de dos maneras: “les daban un martillazo en la cabeza” o “un tiro en la nuca”. “No está claro qué determinaba el método”. Todo esto, en una institución del Estado mexicano.
Sigue diciendo el documento que “a los cadáveres los trataban con muy poco respeto.” “Agarraban los cuerpos sin vida como fuera y los depositaban como fuera en el suelo”. El Jefe de la Cárcel explicó el procedimiento: “ya que el cuerpo estaba dentro del tonel comenzaban a ponerle diésel para posteriormente prenderles lumbre y así uno se la pasaba poniéndoles diésel”. Luego explica “que cuando se cocinaba a las personas… estas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… [luego] se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”.
Lo ocurrido entre diciembre de 2009 y enero de 2012 en la Cárcel de Piedras Negras parece una historia de terror. Los testimonios relatados en el “Yugo Zeta” son escalofriantes por la maldad y porque son reales, pero también por el abandono de las autoridades de una institución del Estado en manos de criminales, que por omisión es cómplice y por acción indirecta responsable, en tanto que los financiaba con dinero público. Cuesta trabajo creer que las autoridades, tanto estatales como federales, no tuvieran conocimiento de las condiciones internas del penal.
Cuesta trabajo también creer que mientras un grupo como los Zetas controla una cárcel y la utiliza como base de operaciones con total impunidad, la estrategia para combatir el crimen organizado siga siendo la misma y se pretenda que aun tenga sentido. Según indica el estudio, el hecho conocido como la “venganza zeta” de mediados de marzo de 2011, en el que comandos Zetas azolaron la zona norte de Coahuila, incluidos reclusos e internos del Penal de Piedras Negras, fue propiciada por la DEA y la Policía Federal, es decir, agencias asociadas para combatir el crimen, en función del acuerdo que establece la creación de la Unidad de Investigaciones Sensibles, entre ambas corporaciones.
Prácticamente nada se puede agregar al documento “Yugo Zeta”, coordinado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, salvo dos cosas. La primera es difundirlo, porque en el conocimiento de sus hallazgos nos acercamos en algo al derecho a la verdad y, en segundo lugar, sentir una profunda desolación por las víctimas y sus familiares y un enorme sentido de desesperanza ante la insistencia en una estrategia de seguridad, que consiste en tomar los fusiles y pegarse entre mexicanos. Estrategia impuesta por Estados Unidos que no ha hecho sino agravar enormemente la inseguridad (octubre ha sido el mes más violento en 20 años), a costa de nuestra paz y sangre.
Con todo, este estudio demuestra que, a través de una vinculación verdadera entre sociedad civil, academia y entidades de gobierno, se pueden conocer y reconocer los hechos, para comenzar a resolver los problemas.
