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Cuando la ambición es inmoral
12 febrero, 2018
 

En temporada electoral, los políticos se peinan. Un alto porcentaje de quienes ostentan un cargo de elección o designación, están en busca de otro puesto. Buena parte de las instituciones del país se desfondan y junto con ellas, la gobernabilidad. El voto que en su momento se les dio y la representación que nos deben a los ciudadanos, descansa hasta las próximas elecciones.

La premisa esencial de cualquier político, en cualquier época y parte del mundo, es y será estar en el poder. A diferencia de casi todas las profesiones, oficios y disciplinas, la causa del político se manifiesta en su ejecución. Un médico o un historiador no deja de serlo, aun cuando esté desempleado. En cambio, el político sólo lo es en la medida del verbo. Por eso, la ambición por buscar cargos de elección o designación es la cualidad por excelencia de quien se dedica a lo público. A diferencia del adagio setentero que decía que “el que se mueve no sale en la foto”, el político, para ser, debe hacer justo lo contrario: hacer.

De ahí que la política sea una actividad de alto rendimiento. Es una actividad de condición física de largo alcance, medida en sexenios. La fortuna y la astucia juegan un papel fundamental en la calidad de la carrera del político. El contexto y la habilidad determinan en muy buena medida el resultado de los dados en las tramas políticas. Juegos de aliados y oponentes que, casi siempre, su resultado es de suma cero. No hay nada de malo en la ambición, sobre todo, si el ambicioso es capaz y honesto. En sí misma, más allá de ser una preposición insalvable, es el gen por excelencia de la política. Se trata sin dudarlo de una pretensión legítima, que en principio se desenvuelve dentro del marco de la Ley. Es decir, del entorno legal que existe para que los ambiciosos se disputen el poder.

Entre la legalidad y legitimación en la búsqueda por el poder y el “haiga sido como haiga sido”, existe un enorme trecho. Nuestro sistema político tiene una serie de lagunas pantanosas, creadas a propósito, con el puro objetivo de darle cauce a la ambición, a costa de la calidad de la representación y de la gobernabilidad del país.

En estos meses, miles de personas que actualmente ostentan un cargo público hacen su equipaje e insuflados de experiencia se convierten en verdaderos conocedores de la realidad nacional. Personas que palpan los problemas del país y tienen las habilidades y conocimiento para solucionar los intrincados laberintos corruptos y rojos de sangre por donde naufraga la verdad de México. Aun cuando nadie está obligado a darse un balazo en sus pies, no esperaríamos que ningún pretenso abiertamente nos diga como eslogan de campaña que hasta el momento, lo ha hecho fatal.

El Congreso de la Unión despedirá a aproximadamente unos 300 legisladores que buscan un nuevo cargo. Llegarán en su lugar los suplentes que probablemente no sepan ni siquiera dónde están los baños, para concluir el sexenio y sus pendientes legislativos. No es importante que el legislativo federal tenga a su cargo expedir leyes, algunas urgentes, y que una de sus razones institucionales y funcionales de existir, sea fungir de contrapeso al Ejecutivo. Tal vez sea irrelevante, porque en las últimas dos legislaturas, de oposición sólo la semántica y de leyes, si la de Seguridad Interior es el signo de este Congreso, mejor que ni le muevan más.

En estados y municipios, aquellos encargados de la seguridad pública y de un sinnúmero de servicios públicos, también se van, sin volver la vista atrás. No es que quien llega, no conozca nada, tal vez eso sea evidente. Es la desarticulación de la manera en que las autoridades locales trabajan. Vacíos de poder y autoridad, que como el agua filtrada, siempre son ocupados por algunos más astutos, sin miedo a apretar los gatillos y un poco más ansiosos para presumirle a sus amigos su nueva investidura.

La ambición es válida, pero ¿tendrá sentido pensar en decoro y sentido del honor, para concluir con un mandato? Cumplir la promesa al elector y terminar con un trabajo que prevé la Constitución. Tal vez sea evidente que la ley existe, porque no hay sentido interiorizado del deber, pero aquí la ley es licenciosa y es más bien un acicate para el ambicioso. Anda y ve, parece decirle al presidente municipal, para que busque una diputación federal. Si en México atravesamos por una profunda crisis de gobernabilidad, ¿no será que debamos preguntarnos si los tránsfugas no la agrietan más?

Hay mecanismos para evitar una representación simulada, para impedir el abandono del barco que ya de por sí va a la deriva. La reelección, sin dejar el puesto y que no dependa del partido postulante, es uno de ellos. También un régimen de imposibilidades, como prohibir postularse para un cargo de elección, sino hasta que transcurra un periodo para el cargo que busca y después de haber concluido el que actualmente tiene. O cuando menos, una verdadera democracia interna de los partidos políticos.

No está mal aspirar a un cargo público, como tampoco los políticos profesionales. Lo que sí lo es, es nulificar el voto que llevó a representantes a su actual cargo. La legítima ambición de los políticos debe tener un límite. En México no hace otra cosa que desarticular las instituciones que nos gobiernan. No es ilegal abandonar el puesto, la ley lo permite, pero sí es inmoral.

Autor
Abogado por la Ibero, maestro en derecho por la Universidad de Georgetown e historiador por la UNAM. Autor de los libros Historias de una ceiba azul, Tu sombra en el espejo, La Constitución Política de la Ciudad de México, federalismo e instituciones, Belisario Domínguez, ciudadano revolucionario y, en coautoría, La Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, el modelo del Estado regulador en México. Columnista en distintos medios de comunicación.
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