La política de seguridad y lucha contra las drogas ha dejado heridas abiertas en diferentes estados de México que, a veces, el centralismo y la magnitud de la crisis difuminan en el debate público. El caso de Tijuana, refleja los estragos de políticas equivocadas y los peligros de su continuidad.

La utilización sistemática de figuras como el arraigo para “depurar” la policía del estado de Baja California de presuntos vínculos con el narcotráfico derivó, entre 2008 y 2011, en la comisión de crímenes de lesa humanidad que han sido documentados por organizaciones locales y nacionales, e incluso, elevados a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Entre estos crímenes se encuentra la detención ilegal y la tortura que durante meses inflingieron miembros del ejército en contra de decenas de policías municipales de Tijuana y Tecate, quienes estuvieron privados de la libertad durante años por delitos relacionados con el crimen organizado. La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste y la Comisión Mexicana para la Defensa y la Protección de los Derechos Humanos han identificado 30 casos que involucran a por lo menos 100 víctimas directas.

Estos hechos sucedieron mientras el Teniente Coronel Julián Leyzaola ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública en Tijuana. La práctica de tortura facilitada por la figura del arraigo y bajo mandos militares en instituciones civiles durante los años de gestión de Leyzoala, condujo a la emisión de 27 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En 2013 Leyzoala fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en el Estado por 8 años al acreditarse uno de los casos de tortura contra un agente de la policía municipal.

Las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el mando de Leyzaola se extendieron al estado de Chihuahua donde también se han documentado casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante su período como Secretario de Seguridad Pública en Ciudad Juárez hasta el 2014.

La evidencia contra Leyzaola es contundente. No obstante, en Tijuana, el caso de los policías torturados se percibe como leyenda urbana, pues el tiempo y el silencio han legitimado ante la población civil las prácticas violatorias de derechos humanos en nombre de la seguridad.

Pero, ¿qué tan segura puede ser una ciudad en la que servidores públicos torturan, ejecutan y desaparecen personas con total impunidad? ¿Qué ha pasado con los sobrevivientes de la tortura? Su proyecto de vida ha sido destruido y se enfrentan a una especie de muerte civil. A pesar de que la mayoría fueron liberados y absueltos de sus cargos, también fueron obligados a renunciar de la corporación. Si bien su derecho a la libertad fue restituido, están lejos de ser reparados por el daño, pues hoy continúan enfrentándose al fantasma de los antecedentes penales, lo que les impide realizar cosas tan cotidianas pero indispensables para el ejercicio de otros derechos, como conseguir trabajo y tramitar visas para visitar a sus familiares en Estados Unidos.

A ello se suman las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, así como la estigmatización de la sociedad y la administración de justicia, lo cual han perpetuado el daño y el dolor que se extiende a sus familias.

Las reparaciones otorgadas en algunos casos, derivadas de recomendaciones de la CNDH y de la CEAV, se limitan a indemnizaciones a medias y diferenciadas. No se ha ordenado ni implementado medida alguna para garantizar la seguridad de los sobrevivientes. La intimidación en su contra es tal, que algunos de esos policías que fueron arraigados y torturados, actualmente se encuentran desaparecidos o fueron asesinados en circunstancias poco claras en los últimos meses.

¿Qué hay de la investigación y sanción de los responsables? No hay avance alguno y la impunidad se materializa. La inacción del Estado permite que en Baja California sea posible que personas señaladas como perpetradores de crímenes de lesa humanidad puedan aspirar a cargos públicos.

Para las próximas elecciones de la alcaldía de Tijuana, el Teniente Coronel Julián Layzaola está registrado como candidato del PRD para la contienda electoral. La demanda de seguridad pública en la ciudad fronteriza, opaca la exigencia de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de la estrategia fallida. Ante dicho panorama, organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la República la atracción de las investigaciones penales que hay en contra de Layzaola que permitan esclarecer los hechos señalados en las recomendaciones de los órganos autónomos de derechos humanos.

Este caso prende varias alertas frente a los efectos de la impunidad. Primero el probado riesgo que significa mantener figuras como el arraigo e insistir en la participación de militares en tareas de seguridad pública. Segundo, la urgencia de un acto de reconocimiento por parte de la administración federal en turno sobre la política de torturar para investigar construida en sexenios anteriores; la negación ante instancias internacionales los vuelve cómplices del pasado y perpretadores del presente. Tercero, se requiere una política pública efectiva para reparar el daño de dicha práctica institucionalizada. Actualmente miles de ex policías de diferentes rangos no tienen herramientas para reconstruir su proyecto de vida después de la tortura sufrida.

Finalmente, queda pendiente debatir sobre el papel de las autoridades electorales y los límites al registro para contender a cargos públicos de personas señaladas o involucradas en la comisión de graves violaciones a derechos humanos.

 

Foto cortesía equipo de campaña de Julián Leyzaola