Foto/Ilustración: Elementa

Esta semana, el periodismo de investigación da una cátedra de construcción de verdad sobre la magnitud de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país y de la falta de voluntad y eficacia del Estado para responder. Marcela Turati y Quinto Elemento Lab, con el proyecto Adónde van los desaparecidos reconstruyen dónde y cuándo se han encontrado cientos y cientos de fosas clandestinas a lo largo del país. La primera entrega nos revela que prácticamente en todo el territorio nacional se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas, entre los años 2006 y 2016. El ritmo es escalofriante: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.

A esta situación se suman otras graves violaciones a derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas y las policías, la práctica de la tortura para investigar, las desapariciones forzadas, o el desplazamiento forzado que sufren miles de familias en todo el territorio nacional.

La sociedad civil no para y el Estado nada más no arranca ¿Dónde está la institucionalización de una política pública para prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones graves a los derechos humanos? ¿Hay un plan claro dentro de la administración pública federal y los órganos constitucionales en la materia?

Desde Elementa nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de memoria institucional (esa que carecen quienes conforman gobiernos y partidos) de los últimos 24 años. El ejercicio tuvo como objetivo analizar la trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México, o, en otras palabras, para cumplir con las obligaciones del Estado contenidas tanto en el artículo primero constitucional como en los tratados internacionales de los que es parte.  El análisis se centró en identificar cómo la creación, modificación y extinción de institucionalidad ha respondido a violaciones que en diversos contextos se repiten en una espiral de violencia, impunidad y corrupción a lo largo de los años.

El estudio se centró en cuatro sexenios (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) y en las siguientes dependencias de la administración pública federal: i) Relaciones Exteriores, ii) Gobernación, iii) Seguridad Pública y iv) Fuerzas Armadas. También analizamos la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Los resultados? Un engranaje de deudas históricas que permiten la repetición de hechos que, hoy por hoy, escalan a crímenes de lesa humanidad. Aquí algunas conclusiones del estudio:

  1. La institucionalización de una política pública para hacer frente a graves violaciones es un cascarón hueco que evidencia su inefectividad desde la búsqueda de información para construir la trayectoria de cada una de las instituciones analizadas.
  1. La Adminsitración Pública Federal y la PGR se han concentrado en la “administración de conflictos”, siendo los casos emblemáticos de graves violaciones de cada sexenio los que han condicionado la creación, modificación y extinción de instituciones dentro de las dependencias.
  1. La falta de continuidad de la institucionalidad y la reacción improvisada frente a los casos emblemáticos ha impedido generar procesos serios de diseño, implementación y evaluación de institucionalidad frente a las diferentes prácticas que derivan en graves violaciones.
  1. No existe una política de Estado uniforme a nivel federal para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar las graves violaciones. La trayectoria institucional evidencia tensiones entre las diferentes entidades que impiden que la federación consolide un plan integral de acción. Especialmente en la PGR, las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad pública.
  1. Hay una gran necesidad de generar mecanismos de justicia transicional eficientes independientes de dichas instituciones, que permitan la obtención de verdad, justicia y reparación.

Las instituciones ya han sido diagnosticadas por los organismos internacionales, la sociedad civil y los movimientos de familiares y sobrevivientes. La falta de autonomía, de presupuesto, de perfiles idóneos y de funciones claras reflejan la terapia intensiva en la que se encuentra la institucionalidad en el país para atender la crisis.

Ante los resultados adversos que podrían derivar de la decisión de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior, ante la falta de claridad sobre una Fiscalía que sirva y ante la “esquizofrenia” en materia de seguridad pública, resulta fundamental que el próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador se detenga, mire la película completa y tome decisiones responsables. Una decisión responsable sería la entrada de mecanismos extraordinarios e independientes  (ya sea una Comisión de la Verdad o de Investigación, o ambas) que permitan entender y atender la tragedia en la que nos encontramos.

Si les interesa conocer el estudio y las conclusiones por institución, pueden revisarlo aquí.