Papelito habla, decía una profesora de primaria cuando le intentaba justificar por qué había llegado tarde.

Esta semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció dos asignaciones “tefuistealmame” importantes: los próximos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional – SEDENA (Luis C. Sandoval) y de la Secretaría de la Marina Armada – SEMAR (José Rafael Ojeda Durán). De lo que estos sujetos hagan, dejen de hacer y/o dejen hacer depende en gran medida el éxito o fracaso del proceso de pacificación y reconciliación que tanto nos han querido vender.

Días después se entregaron los resultados de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación Nacional, que realizó el equipo de trabajo del próximo gobierno. Al recibirlos, Andrés Manuel fue enfático al referirse a su promesa de crear una comisión de la verdad (o algo así) para el caso Ayotzinapa:

Argumentan que se van a debilitar las instituciones, en particular el Ejército. Yo sostengo lo contrario. Cuando se actúa con la verdad, las instituciones no se debilitan, se fortalecen. Una institución como el Ejército, estoy seguro de que en el caso de que estuvieran involucrados elementos de las fuerzas armadas, saldría fortalecida esta institución.

Sobre el mismo caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de disposición de las fuerzas armadas para darles acceso completo a la información bajo su poder.

No solo en México, sino en el mundo, de forma reiterada, se argumenta que la seguridad nacional se ve comprometida si cierta información se hace pública. En Bogotá, Colombia, por ejemplo, el reconocido medio El Espectador, con apoyo de cooperación internacional alemana, organizó -también esta semana- un evento para abordar la importancia del tratamiento de archivos públicos y privados en la construcción de memoria y verdad. Esto se dio en el marco de la presentación de un proyecto de decreto de ley (iniciativa), que busca impedir a los mecanismos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (entre ellos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad) el acceso a información reservada por entes públicos, específicamente aquellos relacionados con materia de inteligencia y seguridad militar.

Vivian Newman, investigadora de la organización de la sociedad civil Dejusticia, fue enfática en afirmar que pedirle a la Comisión de la Verdad que haga su trabajo sin garantizarle acceso completo a la información generada por el Estado es como pedirle que haga limonada sin tocar los limones. Simplemente no tiene sentido. Pero fue más allá:

Si se necesita mantener en secreto una fórmula que ha violentado derechos, esa fórmula no vale, no sirve en el Estado. La inteligencia es una función de recoger datos e información para proteger derechos. Si se tuvieron que violar derechos, para recoger esa información, entonces ese sistema hay que volverlo público para que no se vuelva a utilizar.

En principio, toda la información producida por el Estado pertenece a la ciudadanía. Claro, hay excepciones. Cuando se considera que hacer pública determinada información es dañino para la democracia, puede guardarse o reservarse. A eso se le ha denominado el test de daño. Las preguntas que debemos hacer en ese caso es: ¿qué es dañino para la democracia? ¿Cómo lo determinan y justifican?

Si la democracia se basa en la estabilidad política, vestida de actores políticos y no de principios democráticos, evidentemente el test de daño se enfoca en proteger los intereses de esos actores. Piense en la amenaza que representa para el presidente, gobernadores, alcaldes y, sobre todo, oficiales de las fuerzas armadas y policiales, que cierta información, hoy reservada, se haga del conocimiento público.

El Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Gustavo Salazar, señaló en el evento de Bogotá que la única vía para construir democracia es a partir de la consolidación de sus instituciones (parece que AMLO no va tan mal). En esta medida, concluyó, la seguridad nacional debe ser entendida a la luz del fortalecimiento democrático, que implica necesariamente una debida respuesta a las necesidades de las víctimas.

Adicionalmente, el marco jurídico no solo nacional sino internacional proclama lo que Newman llamó la regla de oro, que implica de forma tajante la obligación de no ocultar/reservar información que contiene datos sobre violaciones a derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Ya entendimos, los entes públicos encargados de trabajos en inteligencia y seguridad deben entregar la información bajo su poder; pero ¿a poco creemos que los informes reservados en manos del Ejército cuentan explícitamente quién, dónde y cómo se dio la orden de desaparecer a 43 estudiantes? ¿Habrá pruebas reinas? Difícilmente.

Gustavo Meoño, quien fuera director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala hasta hace un par de años, hizo una precisión valiosísima. Aunque parezca una obviedad, los archivos existen. Y aunque no es tan obvio, los archivos dicen mucho más de lo que aparece por escrito. Existe una cantidad de locura de informes operativos, pero también de archivos administrativos como facturas, asignaciones, de registro civil y de la propiedad, de morgues, cementerios, iglesias. En fin, los trabajos de memoria y verdad implican rascarle y pensarle constantemente, es como armar un complejo rompecabezas. Rara vez aparecen por escrito y firmados.

Eso será chamba de las fiscalías, y, en su caso, de una posible comisión (o comisiones) de la verdad. En Guatemala, una gringa (Trudy Peterson) tuvo que capacitar a más de 200 archivistas, porque no existían en ese momento. ¿Los tiene México? ¿O seguirán contratando abogado/as para hacerle al científico?

¿Está listo el próximo gobierno para hacer pública la información más sensible? ¿Accederán los recién nombrados titulares de la SEDENA y de la SEMAR a entregar todos sus archivos a las entidades encargadas de investigar? ¿Estarán esas entidades preparadas para sacarle la verdad a esos archivos administrativos?

No, Andrés Manuel, no basta con discursos, ni siquiera con tu voluntad política. Si realmente quieres llegar a la verdad, papelito habla o la memoria calla.