Ya se sabe… ya se supo, la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) se llevará a cabo entre el 25 y 28 de octubre: Habrá dos modalidades para captar las opiniones de la ciudadanía: se podrá acudir a una de las 538 mesas receptoras de votación, o, si hay suerte, se podrá responder una encuesta que se levantará en domicilios particulares.

Mucho se ha escuchado sobre el tema desde hace varios meses.

Las voces técnicas llamadas “expertas” como el Colegio de ingenieros mexicanos en aeronáutica han argumentado que el aeropuerto actual tiene años saturado en su capacidad, que el diseño del aeropuerto en Texcoco ha utilizado tecnología de punta y que cuenta con un avance importante, por lo que su cancelación es inviable.

Por su parte, quienes se oponen a la construcción de este aeropuerto son en su mayoría movimientos sociales que representan a comunidades alrededor de la zona de construcción de la megaobra y que cuentan con el apoyo de organizaciones civiles y académicas que han explicado sus consecuencias medioambientales y sociales: desabastecimiento de agua tanto en la región como en la zona metropolitana del valle de México, acelerado hundimiento del suelo, pérdida del hábitat para especies endémicas, entre otras.

Ante estos dos escenarios emergió un tercero durante las campañas electorales que se consolidó a partir del triunfo de MORENA: la posibilidad de mover la construcción del aeropuerto a la base aérea de Santa Lucía; esto bajo argumentos de potenciales irregularidades en la asignación de permisos, recursos y el alto costo de inversión en la construcción y mantenimiento del aeropuerto en Texcoco. El gobierno en transición decidió realizar un proceso de consulta ciudadana, y aquí es en donde nos encontramos ahora.

Según la información que ha circulado en los últimos días, la pregunta principal gira alrededor de la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía. Problematicemos un poco con distintos escenarios.

¿Qué se consulta?

Responder a la pregunta de si construir o no el aeropuerto en Texcoco nos coloca en un escenario y mecanismo de consulta erróneo. Las afectaciones a pueblos y comunidades por la construcción del aeropuerto demandarían realizar un proceso de consulta de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos y de colectivos de pueblos indígenas. Hay elementos suficientes para determinar que estos estándares son aplicables a las comunidades aledañas al lago de Texcoco; es decir, lo justo hubiera sido establecer una consulta previa, libre, informada y de buena fe para obtener el consentimiento colectivo y posteriormente proceder a la construcción. Este escenario reconoce que las principales afectaciones las llevan las comunidades y son ellas por lo tanto quienes deben ser consultadas. En este escenario, el rol de las opiniones técnicas y expertas es el de proveer de información para que las comunidades puedan tomar su decisión.

Preguntar de manera reduccionista si establecer el aeropuerto en Texcoco o si establecerlo en Santa Lucía significa opinar de manera limitada sobre propuestas que han sido determinadas bajo procesos e intereses –cuando menos- poco transparentes. Hay que reconocer que los primeros en ser consultados deben ser los pueblos afectados por el proyecto. Las opiniones de quienes potencialmente usaríamos las instalaciones de uno y otro lugar y de quienes invertirían en ellas tienen un peso distinto.

Finalmente, si nos hubieran sorprendido con otro tipo de preguntas para generar un debate sobre si construir el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía, o desarrollar un sistema aeroportuario alterno, habríamos tenido una consulta específica para opinar del tema y también simbólica para opinar del desarrollo del país. Cosa nunca antes vista.

El equipo de transición ya abrió la puerta de la consulta ciudadana-popular y con ello al menos brota en el imaginario colectivo la idea del poder de nuestra opinión y participación, una narrativa distinta a la que ha dominado a lo largo de nuestra historia. En nuestra mínima trayectoria en procesos de consulta y participación, ¿cómo hacer que sea una herramienta realmente justa y útil?

¿A quién se debe consultar?

El próximo secretario de comunicaciones y transportes ha declarado que invita a las comunidades afectadas por la construcción del aeropuerto en Texcoco a que participen en la consulta. Al mismo tiempo, ha explicado que se espera una participación de 100 mil a 500 mil personas. ¿Quiénes irán a votar? ¿Tendremos todas y todos suficiente información para emitir una opinión? ¿La opción que haya tenido más votos es la que se realizará? ¿Habrá acarreo? ¿Ganará quien logre acarrear más personas?

Varias de estas dudas no resueltas han hecho pensar que existe un problema de legitimidad en este proceso. Parece que lo realizan para justificar una decisión previamente tomada, aunque no queda claro por quiénes.

Un primer ejercicio nacional de esta índole debería tener mucho cuidado no sólo en la claridad de las respuestas a estas preguntas, sino en saberlo comunicar. Sin ello, se corre el riesgo de abrir un tema a la opinión pública con el legítimo propósito de “dar voz al pueblo” pero que favorecería a los intereses de las mismas élites. No minimicemos la importancia de las metodologías.

Ante tal incertidumbre, el Frente de los pueblos en defensa de la tierra (FPDT) ha declarado públicamente que este ejercicio no es la consulta idónea, que la obra podría cancelarse sin necesidad de consulta por el ecocidio que representa, y que seguirán oponiéndose a su avance apegados a su legítimo derecho a defender los medios de vida de sus comunidades.

¿Nos hacemos las preguntas correctas?

Sobre los ejercicios de consultas ciudadanas en otros países de la región, Raúl Zibechi[1] advierte que quienes deben ser consultadas son las personas afectadas, y que cuando han sido consultadas sobre la permanencia o no de megaproyectos, la respuesta ha sido siempre negativa. Esto, asegura, fortalece a los movimientos sociales en resistencia.

¿Es ético preguntarnos construir el aeropuerto en Texcoco sabiendo sus impactos? ¿Es ético que cualquier persona opine sobre lo que pasa en un territorio de otros y otras?

Sirva este texto para plantearnos la extraña idea de cambiar el paradigma del derecho a participar por el del derecho a ser consultado/consultada. Sirva este texto para abonar a la confusión sobre participar, o no participar, en dicha consulta. Y sirva también para mirar bajo este mismo lente el asunto del Tren Maya y otros megaproyectos por venir.

[1] https://www.jornada.com.mx/2018/08/31/opinion/020a2pol