Estas últimas semanas el debate para la adopción de una visión distinta de la política de drogas ha estado más presente que nunca y hay que celebrarlo. El expresidente Zedillo, tarde, pero se arrepintió de apostarle al prohibicionismo y no a la regulación, evidenciando, junto con otros expresidentes y miembros de la Comisión Global de Política de Drogas, que dicha estrategia solo nos ha traído consecuencias negativas y nos ha roto el tejido social.[1]

A esta declaración se suma la experiencia de personas expertas como Catalina Pérez Correa, Fernanda Alonso y Alejandro Madrazo que, ante la factura en vidas que nos ha cobrado la prohibición, presentan una propuesta de regulación responsable y estricta, con enfoque de derechos, desarrollo local, respeto de la autonomía y acceso a la evidencia científica para que México aporte a la revolución que requiere la política.[2]

Desde el gobierno actual y el de transición, se realizan propuestas interesantes como la del General Cienfuegos, quien dio la opción de regular el cultivo de amapola con fines científicos y medicinales o las reiteradas declaraciones de Olga Sánchez que coinciden con dicha propuesta e incluyen la viabilidad para la regulación de la marihuana con fines recreativos. Aunque las propuestas nos siguen debiendo el cómo, abren la puerta hacía políticas distintas a corto y mediano plazos. Hasta acá todo va bien.

Sin embargo, preocupa cómo estas propuestas pueden aterrizarse de forma coherente al interior del Estado. Si bien ya el gobierno priista va de salida, no queda claro si su estrategia también. Al tiempo que Zedillo se arrepentía y se evidenciaban las consecuencias de la prohibición, un operativo del ejército a medio periférico nos sorprendía: unas cuantas matas de marihuana sembradas en las jardineras de la vía. La medida causó burla, pero también resultó un ejemplo burdo de cómo confluye el estigma del consumo y la militarización del país.

A dicha caricatura se sumó la firma de México a una carta patrocinada por el gobierno de Trump ante la ONU con la cual se busca mantener la prohibición y desmantelar la producción de drogas.[3] Dicha firma, si bien pudo atender al proceso de negociación del nuevo tratado de libre comercio, choca con las ideas de regulación a nivel nacional y con el papel protagónico que México tendrá que tener en instancias internacionales.

La coherencia tendrá que ser una virtud del nuevo gobierno en materia de política de drogas. El enfoque de derechos deberá estar presente en las políticas que regulen la producción y el consumo, así como en la política exterior y en la interior.

La efectividad tendrá que estar en los detalles. Tomando como ejemplo la propuesta de cultivo de plantas declaradas ilícitas con fines científicos o medicinales, como ya han señalado las y los expertos, la primera medida del diseño de la política tendrá que estar centrada en las comunidades.

En México toca empezar de cero, generar datos e identificar retos. Para ello, lo primero es conocer y entender a la población beneficiaria de estas medidas, sus condiciones de vida, sus aspiraciones y, de ser el caso, su calidad de víctima.[4] La política de regulación de amapola tendría que tener en consideración las siguientes preguntas:

  • ¿Quién conforma la población cultivadora? ¿Cuál es su edad y género? ¿Cuántos dependientes económicos hay?
  • ¿Cuántas familias sostiene la producción de amapola para producción de heroína por Estado? ¿Cómo están conformadas dichas familias?
  • ¿Cuál es el ingreso que reciben por parte de los grupos del crimen organizado por el cultivo?
  • ¿Las y los cultivadores quieren continuar con el cultivo a través de la sustitución de usos?

La política también requiere medidas diferenciadas dependiendo de las zonas donde sea implementada. Según el Monitoreo de Cultivos de Amapola realizado por la UNODC con el apoyo del gobierno federal, México cuenta con 24,800 hectáreas, la cuales se localizaron principalmente en la Sierra Madre Occidental, sobre los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, y en la Sierra Madre del Sur, en los estados de Guerrero y Oaxaca.[5] Siendo distintas las zonas de presencia de cultivo, estamos ante dinámicas diversas y sobre todo relaciones de poder diversas que varían de acuerdo con los grupos instalados o la intersección de la producción de drogas con otras economías p.ej. la minería ilegal.[6]

Eso sí, para la regulación, la militarización no puede ser una opción. Hace corto circuito con la población civil. La historia de presencia de fuerzas armadas en los estados con cultivos de amapola demuestra que quienes pagan los platos rotos son las personas, pagan con su tranquilidad y hasta con sus vidas. Varias sentencias internacionales también lo recuerdan. Las alternativas de seguridad y fortalecimiento de policías locales deben hablarse en relación con las políticas en materia de drogas.

La regulación como herramienta de pacificación tiene retos complejos en materia de seguridad, para prevenir vulneraciones a derechos, y en materia de control, para evitar desvíos a producción de drogas declaradas ilícitas, y de transparencia, ante el contexto de corrupción y captura del Estado en dichas zonas. Centrémonos en los detalles para que la celebración nos dure y las propuestas de regulación aporten a la mejora de la esperanza y las condiciones de vida en el país.

[1] Para ver el informe completo de la Comisión Global de Drogas:

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/SPA-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf

[2] LA POLÍTICA DE DROGAS EN MÉXICO: CAUSA DE UNA TRAGEDIA NACIONAL Una propuesta radical, e indispensable, para remediarla. Disponible en:

http://consejomexicano.org/multimedia/1537888545-44.pdf

[3] US ‘Call to Action’ on Drugs Shows Slipping Global Leadership Role: https://www.insightcrime.org/news/analysis/us-call-action-drugs-shows-slipping-global-leadership-role/

[4] En Colombia la UNODC y la Fundación Ideas para la Paz hicieron un ejercicio al respecto sobre la población cultivadora de coca. Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca Caracterización de las familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Disponible en: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_familiascoca_final.pdf

[5]Véase: UNODC. Monitoreo de Cultivos de Ampola. México (2014-2015) Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapola-2014-2015-LowR.pdf

[6] Ejemplo de ello es el caso de Guerrero. Acá un testimonio al respecto:   http://humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/arc_23800_q_RiesgoDesplazamiento.pdf