A estas alturas, narrar la tragedia que hemos vivido en México en los últimos años es un ejercicio que siempre se queda corto. La semana pasada una amiga veracruzana me platicó, sacudida entre lágrimas, cómo tuvo que rescatar a su primo de una morgue en Yucatán a pocas horas de que fuera desechado en una fosa común. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron sus últimas horas? Estas son preguntas que suelen quedar sin respuesta. Así de cruda y triste es la realidad.

A todas luces, la política de seguridad ha sido un fracaso. La “estrategia” ha sido perseguir carteles, cortar cabezas, señalar culpas a la ligera, utilizar indiscriminadamente la cárcel y, lo más grave, recaer en las fuerzas armadas para responder a la violencia. Fuegos cruzados entre fuerzas armadas y civiles han dejado miles de muertos. Se ha invertido más que nunca en el Ejército, 4 mil millones de pesos según el Presupuesto de Egresos de 2017, pero lejos de aumentar la seguridad, se han disparado las violaciones graves a los derechos humanos: tortura, ejecuciones y desapariciones.

Sin embargo, año con año, la Encuesta de Victimización del INEGI revela cómo el Ejército y la Marina son las instituciones en las que más confía la población, incluso sobre jueces o iglesias.

Aun cuando la política pública debería estar basada en evidencia, en México se basa en popularidad, en aquello que se traduzca en votos. Si entendemos la estrategia de seguridad desde esta lógica, hace sentido que los gobiernos no estén dispuestos a reconocer que el ejército no tiene espacio en las labores de seguridad pública.

Según la Ley Orgánica del Ejército, sus funciones son defender la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior. Mientras que las de la policía consisten en mantener el orden público y dar cumplimiento a leyes y reglamentos. En algún momento se confundió su propósito y pareció más fácil sacar al Ejército a las calles que fortalecer a los cuerpos policiales y hacer labores de prevención.

La seguridad es un sistema que debería funcionar, entre otras cosas, desde la generación de inteligencia para una buena investigación (datos de contexto, mapas del crimen y zonas de riesgo, coordinación entre niveles de gobierno) y desde la prevención del delito (espacios públicos que faciliten la vida y que puedan ser vigilados, un sistema de justicia que funcione y mecanismos de reintegración a la sociedad para las personas que han cometido un delito). En general, estas características han sido escasas. Seguimos prefiriendo la mano dura.

La cosa no es tan sencilla. El colectivo #SeguridadSinGuerra ha organizado conversatorios a nivel local para conocer las experiencias de los ciudadanos con el Ejército. Conmueve escuchar cómo en algunos estados los soldados viven en tanta precariedad que han robado comida y refrigeradores. Lo que viven los altos mandos del Ejército comparado con los soldados rasos, es una realidad diametralmente distinta. Esto no justifica las violaciones que se han cometido, pero ningún problema en el país es de una sola variable o se puede mirar bajo una sola perspectiva, sobre todo cuando hablamos de nuestras instituciones.

La pasada Legislatura del Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior. En resumen, lo que esta ley propone es normalizar el papel del Ejército como responsable de la seguridad pública. Al no estar claro el concepto de “seguridad interior”, se otorga un poder a discreción del presidente y del jefe de las fuerzas armadas para que el Ejército intervenga cuando ellos consideren pertinente.  Esta ley se encuentra hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión y, en su caso, ser declarada como inconstitucional.

Sin embargo, muchas veces el problema no radica tanto en el diseño de las leyes o en su implementación, sino en la concepción misma del problema. Si nuestra visión y la que los gobernantes tienen sobre la seguridad no cambia, poco hará una ley. Replantear el modelo de seguridad (a balazos) por uno de fondo que aborde las causas de raíz de la violencia y construya paz, es una decisión.