La suma de homicidios en México sobrepasó lo escandaloso. Algunos expertos incluso se refieren a este fenómeno como una epidemia; las probabilidades de morir asesinado subieron triste y drásticamente. Pero, ¿qué tantos detalles conocemos de este delito? ¿Qué tanto nos interesamos en ellos?

Esta semana se presentó el Índice de Datos sobre Homicidios (IDH) 2018, una herramienta que pretende evaluar la calidad de estos datos a nivel estatal en México. De entrada, sabemos que es deficiente, dado que la impunidad ronda el 90% en este delito. Esto revela la falta de buenas investigaciones, de su debido registro y, por lo tanto, de la falta de sentencias. Además, el estudio revela que ningún estado obtuvo una calificación mayor a 6.5 sobre una escala de 10.

No cabe duda, es necesario un plan concreto y novedoso para salir de la violencia en la que vivimos. Lo que han hecho hasta ahora, no ha funcionado. Necesitamos políticas públicas basadas en evidencia y en información de calidad.

El IDH está basado en el Protocolo de Bogotá. El Protocolo es una metodología homologada para América Latina y el Caribe que evalúa si los registros de homicidios cuentan con una definición clara, si contienen detalles sobre la víctima, el victimario y el suceso (ubicación exacta, móvil, hora, etc.), mide el nivel de transparencia y la convergencia entre fuentes de datos.

Las dos bases de datos con las que contamos son del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La primera parte de las actas de defunción, mientras que la segunda utiliza las investigaciones de las procuradurías de todo el país. En 2016, el Índice de Paz reportó que la discrepancia entre estas dos fuentes era del 20%, en promedio. Esto significa que, en estados como Veracruz, la procuraduría estatal registró e investigó solo el 60% de los homicidios asentados en actas de defunción; el resto de los casos ni siquiera alcanzó un espacio en el sistema de justicia. Si tomamos en cuenta los más de 35,000 desaparecidos oficialmente reconocidos por el Estado y las innumerables fosas clandestinas que han sido halladas por colectivos de familiares de víctimas, podemos afirmar que lo que hoy revelan estas bases es escaso.

“Basura entra, basura sale” es un término de la ciencia computacional. El término explica que no hay sistema que pueda dar buenos resultados si los datos originales son malos. Lo mismo sucede con las bases de datos de homicidios y su impacto en la política pública.

En este sentido, el primer eslabón para mejorar la calidad de los datos es la policía. De la noche a la mañana, con la reforma de justicia, los policías se volvieron pieza clave en este proceso. Sin embargo, no les hemos dado la capacitación y las herramientas que necesitan.

Vale la pena leer el documento completo para descubrir qué estados llevan la delantera y cuáles aún tienen mucho trabajo por hacer. Esto cobra particularmente importancia ahora que varios gobiernos estatales iniciaron la etapa de transición. Es un gran momento para estudiar herramientas como el Índice de Datos sobre Homicidios, si el objetivo es cambiar paradigmas y echar mano de la tecnología. Al final de cuentas, más allá de la importancia de mejorar los datos, lo primordial es disminuir el trágico fenómeno del homicidio en México. Las víctimas merecen justicia. No podemos cometer el error de normalizar esta grave situación de violencia e inseguridad.