**AUTOR: VICTOR PÉREZ COBOS

A propósito de pacificación y la tan mencionada justicia transicional, mucho tiene que enseñarle Colombia a México, a pesar de sus profundas diferencias.

El pasado lunes 23 de julio, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana, dio a conocer la apertura del caso 003, atendiendo uno de los temas más polémicos, relativo a los casos conocidos como “falsos positivos”.

Pero ¿qué es la JEP? ¿Qué son los “falsos positivos”? ¿Y eso por qué debería importarle a México? Vamos por pasos.

¿Qué es la JEP?

Colombia está implementando un sistema de justicia transicional, a partir de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), la guerrilla más resistente en el tiempo de nuestro continente.

Se sabe que cada sistema de justicia transicional implementado es único, pues han sido entendidos como figuras necesariamente moldeables o adaptables a las circunstancias de cada Estado o sociedad. Su configuración debe responder en específico a los orígenes, modalidades, actores e intereses, costos y voluntades –por lo menos- que iniciaron y sostienen la violencia de que se trate.

Los sistemas de justicia transicional se componen, generalmente, de cuatro grandes componentes que se interrelacionan entre sí constantemente: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Los cuatro cuentan con distintos mecanismos que buscan “curar” las heridas que dejó la violencia, con el objetivo de que la violencia no “reviva”.

En Colombia, el equipo negociador del Estado Colombiano y la cúpula de las FARC-EP, después de varios años de diálogos en Cuba, llegaron a un acuerdo que les parecía no solo justo, sino que aseguraba parar la violencia y ponía las condiciones para que no se repitiera. Digo les parecía, porque no han dejado de aparecer dificultades.

Justo la semana pasada se posicionaron en el Congreso de la República los representantes del partido político FARC (ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Aunque parezca absurdo, algunos sacrificios se deben asumir, y creo que válidamente, para detener una absurda y sangrienta guerra.

Particularmente en cuanto al componente de justicia, se acordó crear la JEP, que básicamente es un tribunal especial para juzgar y sancionar los hechos de violencia ocurridos durante y con motivo del conflicto armado colombiano.

¿Qué es la Sala de Reconocimiento?

Entre los distintos órganos que componen la JEP, encontramos la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Para no meternos en tecnicismos, esta Sala se dedica a recibir toda la información en poder del Estado (investigaciones, sentencias, etc.), así como información que aporten víctimas y organizaciones sociales. Recabada la información, llaman a los sujetos involucrados en los hechos para que comparezcan a reconocer su participación y aportar toda la información con la que cuenten.

¿Se imaginan la importancia que ello tiene para quienes buscan a sus hijos desaparecidos?

Que aporten verdad condiciona que puedan acceder a la amnistía o al indulto, en caso de que no hayan participado en la comisión de graves violaciones de derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. O en caso se haberlas cometido, que sean procesados y sancionados con penas alternativas, podemos decir más ligeras.

¿Qué carajos son los falsos positivos?

Antes de iniciar los diálogos de paz en Cuba, las dinámicas del conflicto armado fueron muy variables, como en toda guerra civil[1]. Muchas complejidades se derivan de esto, pero en particular, una de las dinámicas para “hacer la guerra” que sostuvo el Estado Colombiano en un periodo específico del conflicto, fue asesinar selectivamente a jóvenes entre los 18 y 30 años, usualmente hombres en situación de pobreza e indígenas, así como personas con orientación sexual diversa, para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. A esas personas en situación de vulnerabilidad disfrazadas –literalmente- de combatientes, se les fue conociendo como “falsos positivos”[2].

Se ha conocido que altos mandos de las Fuerzas Armadas Colombianas imponían cuotas a sus subordinados para presentar determinada cantidad de falsos positivos al mes. De tal forma que dicha práctica no suponía solamente la conducta ilegal de soldados rasos, sino que se dio como política de Estado sistemática que implicaba ejecuciones extrajudiciales.

La apertura del caso 003, en la Sala de Reconocimiento de la JEP, implica el estudio de casos de más de 2,200 víctimas reportadas en informes de la Fiscalía. La Sala ha anunciado que en las próximas semanas decidirá a quiénes y en qué orden llamará, de entre los 1,750 militares que han comparecido ante la JEP, para que aporten sus declaraciones de forma voluntaria.

¿Qué relación guarda todo esto con México?

¿Le suenan las famosas “bajas colaterales” de Calderón? ¿Por qué tanto reclamo hacia mantener al Ejército “en las calles”? ¿Qué tal el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey? México se encuentra inmerso en dinámicas de una guerra irregular, aunque el Estado no lo quiera reconocer como tal. Y entre las implicaciones de esto, se encuentran las tácticas abusivas -y contrarias incluso al Derecho Internacional Humanitario- de “hacer la guerra” implementadas por el Estado, por recuperar, ya sea el control territorial, o la mera legitimidad social y política del gobierno en turno.

Mucho nos falta por conocer sobre las atrocidades que los grupos armados, legítimos o no, han cometido contra los hijos e hijas que hoy tantas madres y padres lloran. Si las propuestas de pacificación de Andrés Manuel y su equipo realmente se abren camino -que espero así sea-, seguramente la indignación y desconcierto social irán en aumento.

Entre los grandes retos de la próxima administración pública federal, como lo ha reconocido Olga Sánchez Cordero, estará encontrar la “mejor ecuación para nuestro país”. Como mencioné arriba, cada sistema de justicia transicional es único, necesariamente moldeable o adaptable a las circunstancias de cada Estado o sociedad. Es por ello, probablemente, que hasta el momento aunque se ha hablado de amnistías, no se ha puesto sobre la mesa la creación de un órgano de justicia especial para juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, más allá de la legalización de las drogas, las comisiones de la verdad, las amnistías y demás propuestas que se han manejado, que a mi juicio son necesarias, no se está hablando de cómo vamos a tratar el pasado de violencia proveniente de las fuerzas de seguridad, particularmente del Ejército y la Marina. Habremos de discutirlo.

En Colombia se les ocurrió crear, dentro de su Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, un tribunal especial. Por lo pronto, parece no amoldarse a México. Sin embargo, ante la poca capacidad y autonomía de nuestro sistema de justicia, y particularmente el presumible fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, tampoco lo descartaría sin discusión. Al final, a eso nos ha invitado Olguita, a discutir cuál es la mejor ecuación para nuestro país. Abramos pues la discusión.

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[1] Sobre las dinámicas de violencia en las guerras civiles, vale la pena analizar el concepto de guerra irregular de Kalyvas: Kalyvas, Stathis. La lógica de la violencia en la guerra civil. Cambridge University Press, traducción de Pedro Piedras Monroy, 2006.

[2] Acá puede leer algunas historias de resistencia en casos de “falsos positivos”: [https://goo.gl/hRf4kQ]