El salario de los servidores públicos ha cobrado un matiz ideológico. Ya no es un mero elemento del derecho laboral de los trabajadores del Estado, sino que se ha convertido en una bandera que refleja una visión de la cosa pública e, incluso, una forma de gobernar y de gestionar el interés colectivo.

El debate en su expresión se ha simplificado. Hay dos posiciones que se contradicen en principio. Por un lado, aquella que postula que los salarios en el sector público deben ser competitivos e incluso atractivos, con el propósito de atraer a personas calificadas y con experiencia en el manejo de las muy diversas y especializadas materias públicas. Y por el otro, aquellos que expresan que el servicio público no debe ser concebido como un medio para formar un patrimonio, por el contrario, servir a la Patria es un honor.

Sin embargo, ambas posturas son en su esencia coincidentes. El servicio público no debe ser considerado como una fuente de riqueza en sí mismo, pero sí debe ser lo suficientemente atractivo como para constituir una alternativa profesional para personas que deseen hacer una carrera estable y con un ingreso que permita constituir el modelo de la clase media mexicana. Y en esa medida, que sea posible constituir un patrimonio, sobre la base de la capacidad, mérito y calidad. Dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco “teniendo posesiones moderadas es posible obrar como se debe”.

El diagnóstico de López Obrador es errado, no en su causa sino en su consecuencia. Lo que parece ser el motivo de la reducción de salarios en el servicio público, sustentado en la austeridad que lo caracteriza, es el abuso del puesto para enriquecerse y las modalidades discrecionales del reparto de dinero. Digamos que corrupción y conceptos que incrementan desmedidamente la riqueza de funcionarios, como los seguros de separación individualizados, bonos inexplicables, aguinaldos excesivos, entre otros. Además de la ostentación de funcionarios que se intoxican de prepotencia al llegar al puesto. Dígase los nuevos ricos del servicio público.

La causa lógica de las medidas de austeridad, más allá del ahorro que eso pueda generar, es terminar con la dilapidación indiscriminada e injustificada de dinero y como externalidad, constituir una nueva ética en el servicio público; una que lo dignifique y haga respetable. Es decir, si se eliminan los ingresos excesivos que no son parte del salario integrado de los servidores públicos y se restringen las zonas de discreción en el gasto, se cumpliría el propósito. El problema, sin embargo, es la consecuencia materializada en la reducción de salarios de todos los funcionarios públicos. La disminución del ingreso a personas que han decidido o pretenden trabajar en el sector público reducirá drásticamente el interés por pertenecer al servicio civil y profesional de carrera. En tanto que no será un opción viable para construir un futuro, sino más bien una especie de sacrificio temporal por el país. El objetivo debe ser el justo medio que permita al servidor público costear una vida mediana (también de Aristóteles) y que le sea posible proyectar una carrera estable.

La medida de austeridad, para que sea efectiva, deberá estar acompañada de estándares de profesionalización del servicio público, como exámenes de oposición y confianza, en su caso, y programas de capacitación y especialización. Que su objetivo sea elevar la calidad del servicio público. Sin embargo, en el anuncio de las medidas, parece ser que el mero propósito es la simple reducción del ingreso, así como la eliminación de todo tipo de gastos adicionales, incluidos los viáticos, lo que sin duda es un absurdo.

López Obrador dijo que él ganaría 108 mil pesos como Presidente y ya que el artículo 127 de la Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración superior a la del Presidente, entonces nadie podrá ganar más que esa cantidad. Esta disposición es aplicable a todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno, con excepción de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, a quienes la misma Constitución excluye bajo el principio de estabilidad o no reducción salarial. El problema no son los 108 mil pesos, sino el escalafón descendente en los complejos y extensos peldaños burocráticos.

Las medidas de austeridad como elemento central del gobierno de López Obrador serán eficaces solo en la medida en que con ellas se fortalezca el servicio público, como una propuesta integral. Es fácil caer en la falsa percepción de que todos los servidores públicos se enriquecen indiscriminadamente. De ser ese el caso, la reducción de los salarios será una medida sancionatoria a una generación de servidores públicos que, en su gran mayoría, son víctimas del contexto. La austeridad debe estar dirigida a dignificar el servicio público, bajo el racero de un modelo de clase media capaz, comprometida y responsable. El servidor público debe ser el paradigma de la clase media en México.