Hace ya varios años, cuando vivía en mi natal y querida Chihuahua, la escalada de violencia modificó estilos de vida, mientras la hormona quinceañera se negaba a aceptar cualquier limitación de vida nocturna. Además de los cadáveres en bolsas negras que encontrábamos de vez en cuando en la banqueta de nuestras casas, el miedo rondaba al interior de cada fiesta “puberta”. Los chismes indicaban -con precisión- que hijos, sobrinos y hasta empleados de grandes capos del narco compartían nuestro entorno social. Manejaban trocas caras y modificadas, usaban cadenas de oro de 18 quilates, cantaban a pulmón abierto el narco-corrido del momento. Y también andaban tras los huesitos de nuestras amigas.

Claro, me tocó dos que tres veces existir en “un mal lugar y un mal momento”, y recibir golpizas y hasta botellazos. Pero la historia, tal vez chisme, más fuerte que recuerdo es la muerte a golpes de un adolescente de mi edad, en una demostración desbordada para “darle una asustadita”. Los “presuntos responsables” –dicen- se mudaron a El Paso, Texas. No supimos mucho más del asunto, menos de la actuación de la autoridad, pero me cae que se instaló en la memoria colectiva de mis amigos y amigas. Desde el año 2008 no vivo en Chihuahua, pero seguramente hay más historias como esa. La memoria colectiva no ha dejado de nutrirse.

Esta semana, un colectivo de organizaciones civiles acudió anta la justicia internacional por todo lo sucedido en Chihuahua entre 2008 y 2010. Formalmente, presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, México entre 2008 y 2010[1]. Son 35 casos documentados y ocurridos en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua entre 2008 y 2010, que incluyen más de 120 víctimas. Se argumenta que dichos casos prueban la comisión de crímenes contra la humanidad[2], en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI.

¿Cómo funciona este sistema internacional? Sí, la CPI sí tiene competencia complementaria[3] sobre México y sí, las pruebas y argumentos presentados en dicha comunicación son sólidos para actualizar crímenes contra la humanidad en el caso de Chihuahua. Pero no, no es una denuncia penal. La Fiscalía de la CPI puede decidir si abrir una investigación o no. Además de pasar por un filtro de oportunidad técnica y fáctica -y la Sala de Cuestiones Preliminares-, existe un importante factor político. Colombia, por ejemplo, no ha pasado de una que otra visita y una etapa de examen preliminar (no una investigación formal), a pesar de más de 50 años en conflicto armado y más de 8 millones de víctimas. Lejos, muy lejos se ve la intervención de la CPI en México.

Dejo de lado las implicaciones y retos jurídicos de esta comunicación y me concentro en las virtudes y beneficios que ésta representa. Más allá del valor judicial que puede significar en su momento, la ubicación de los casos, su caracterización y encuadre como crímenes internacionales, su difusión internacional, entre otras cosas, constituyen un importante ejercicio de construcción de memoria histórica.

No es un secreto que en México la impunidad es centro de debate público y concepto secuestrado favorito de la clase política. Se ha clasificado ya como generalizada y en aumento, con estudios que colocan a México en el lugar 66 de 69 Estados estudiados[4]. El ciclo compuesto por impunidad en términos reales y los índices de percepción de la misma, fortalecen un estado de indeterminación, de falta de conocimiento frente a las atrocidades ocurridas en los últimos años. En otras palabras, la institucionalidad pública no sólo falla en explicar lo que pasó y sigue pasando, sino que además lo poco que explica no es creíble. Tómese como ejemplo la ridícula e indignante “verdad histórica” de la PGR en el caso Ayotzinapa.

Si esperamos -y permitimos- que el Estado construya la memoria histórica que transmitimos por generaciones, no solo estamos garantizando esa famosa impunidad e injusticia a las víctimas, nos estamos mintiendo a nosotros mismos.

Entonces ¿qué hacer? Pues convertimos nuestra memoria colectiva en memoria histórica. ¿Cómo hacerlo? En la medida en la que seamos capaces de darle forma, institucionalidad a nuestras memorias confrontadas, estaremos construyendo una memoria histórica más veraz, más justa, sobre todo hacia tanta víctima con quienes compartimos país. La forma no es necesariamente escrita, y la institucionalidad no es necesariamente pública. La creación artística -cine, teatro, música, etc-, por ejemplo, ha sido una herramienta muy utilizada por los sujetos victimizados para trabajar el pasado[5], para tomar una posición política en el campo de la memoria.

Más allá de la verdad judicial, que en México las pocas veces que aparece suele ser mentirosa, nos toca, como sociedad civil, construir memoria histórica. No sólo es lo justo, es también lo más democrático. Una sociedad verdaderamente democrática participa activamente de la construcción de su memoria histórica, arrebatándole la exclusividad de dicha facultad al usualmente mentiroso Estado.

¿Fácil? Para nada. La historia de “la asustadita” chihuahuense que conté arriba, por supuesto, tiene distintas versiones. Sin importar el momento o lugar, es imposible encontrar una memoria, una versión y una interpretación del pasado[6], compartidas por todos y todas. Supongo que en la memoria de las madres de esos “presuntos responsables”, lo que quedó grabado fue la persecución infundada hacia sus hijos. Siempre existen memorias, versiones e interpretaciones alternativas, en la resistencia.

La memoria es también una lucha política. No solo es una lucha contra el olvido o el silencio, sino que más propiamente es una lucha de memorias contra memorias. El olvido y el silencio también son versiones del pasado. Versiones en donde eso no pasó. Claro, las circunstancias en esa Chihuahua no facilitaban el escenario para poner en común -o confrontar- nuestras versiones. El miedo y el silencio son primos hermanos de la violencia.

Por ello, valoro y celebro especialmente esfuerzos de construcción de memoria como el del colectivo de organizaciones civiles, institucionalizado en la comunicación a la CPI.

No hay que esperar sentencias, ni siquiera comisiones de la verdad, para que sea momento de empezar reconocer a nuestras víctimas, de repararles posicionando su memoria, de tomar una postura política para hacerles justicia, aunque sea en nuestras memorias.

[1] Acá puede encontrar el documento: [https://www.fidh.org/es/region/americas/mexico/denuncian-a-autoridades-militares-y-civiles-ante-la-corte-penal].

[2] Aunque suelen utilizarse indistintamente “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes contra la humanidad”, se prefiere el segundo por ser más fiel a la traducción del inglés (crimes against humanity), además de (a mi percepción) conceptualmente más adecuada.

[3] A grandes rasgos, que la competencia de la CPI sea complementaria a la de los Estados, implica que sólo conocerá de casos que los mismos Estados no puedan o no quieran sancionar.

[4] La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018. Fundación Universidad de las Américas, Puebla, Marzo, 2018. Diponible en línea: [https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf].

[5] Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2002.

[6] Loc. Cit.