Contexto:

En la última década México sumó (oficialmente) más de 200,000 muertes violentas (asesinatos). Desconocemos dónde están 30,000 personas. 120 periodistas, 50 alcaldes en funciones y más de 75 candidatos o ex funcionarios locales han sido asesinados.

Tan sólo dos años (2011 y 2017) suman más de 1,000 policías asesinados, solo en enfrentamientos con la delincuencia organizada. Fosas clandestinas en cuatro estados (Coahuila, Tamaulipas, Morelos y Veracruz) suman más de 500 cuerpos, de los cuales la inmensa mayoría no han sido identificados. Se estima que en el país hay más de 2,000 fosas clandestinas.

Organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Iberoamericana presentaron el informe Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, e instaron al próximo gobierno federal a priorizar dos medidas en su agenda:

  • La reforma integral al artículo 102 constitucional, como base normativa para una Fiscalía General autónoma e independiente;
  • El Consejo Asesor compuesto por especialistas en derechos humanos, justicia y observación internacional para proponer cambios institucionales y supervisar investigaciones penales de violaciones graves.

El informe retoma casos emblemáticos de violaciones graves como el de Ayotzinapa, las desapariciones en Nuevo León, la Guerra Sucia, el multihomicidio de la colonia Narvarte y la tortura sexual perpetrada por militares. Cada capítulo aporta una aproximación sobre el alcance del derecho a la verdad y el vínculo de este con la justicia penal en los diferentes casos.

Una de las reflexiones principales del documento es que el Estado mexicano ha dificultado deliberadamente el acceso al derecho a la verdad, especialmente en los casos de crímenes atroces, por lo que es necesario contar con mecanismos de acceso a la justicia e instituciones autónomas e independientes.

Artículo19 México y Centroamérica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, CADHAC Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., y el programa de derechos humanos de la IBERO Ciudad de México dijeron estar convencidas de que la adopción de los dos puntos mínimos debe ser un compromiso concreto de la próxima administración federal para comenzar a revertir la grave situación de violencia, impunidad y opacidad en el país.

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Colofón

Los periodistas Michael Reed y Jacobo Dayán compartieron sus reflexiones sobre los procesos de la verdad en el mundo, el rol de la sociedad civil en la construcción de narrativas y el público objetivo de estas. Aquí una injusta pero necesaria síntesis:

No hay recetas; el contexto lo es todo. Los procesos o movimientos colectivos de búsqueda de la verdad y de justicia transicional no son armoniosos ni pacíficos, sino son caóticos, desordenados, con consecuencias indeseables no esperadas, por factores endógenos y exógenos de los diferentes contextos.

El gran auditorio no nos está escuchando; la innovación es la clave. La mayoría de los pobladores son apáticos respecto a los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para que las violaciones graves, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación sean concebidos por la mayoría como lo que son, grandes problemas públicos? Utilicemos todos los medios para generar narrativas con impacto, como el cine, la literatura, el teatro, no solo los medios tradicionales.

Los cambios normativos no resuelven el problema. La trampa es que sobre las aspiraciones de cambios normativos perfectos (modelos) se plantean, al mismo tiempo, todos los discursos de defensa/contención de que se ha hecho todo lo posible para cumplir con las obligaciones internacionales de un Estado. Preguntémonos, ¿los cambios normativos sirven para algo?, ¿se pueden aplicar?, ¿cambian las realidades de las personas?, o ¿solo sirven como excusa para la no-acción?

Hablemos también de qué ha sido capaz la sociedad civil. La sociedad civil tiene la responsabilidad de construir la narrativa de la actual crisis humanitaria en México; esta no es de los tribunales, ni de las fiscalías, ni del Estado en general. Hoy por hoy, el argentino de a pie sabe lo que pasó en la dictadura por la capacidad de la misma sociedad civil argentina de generar y divulgar narrativas.