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Por Miguel Pulido
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El 20 de marzo, una noticia volvió a dar cuenta de las durísimas circunstancias que viven y vivirán millones de personas cuya situación migratoria es irregular en los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump anunció que revelará dos listas negras: una, de autoridades estatales y locales que no colaboren con el gobierno federal en los arrestos de personas migrantes con fines de deportación. La otra, una relación de personas migrantes en conflicto con la ley penal.

No sólo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo y de forma destacada en México, la migración está envuelta en una crisis humanitaria. Millones de migrantes – después de ser expulsados o de haber decido abandonar sus países de origen por contextos adversos- sufren variadas formas de violencia precisamente ahí, en donde intentan rehacer sus vidas.

El tamaño de la crisis se deja ver cuando el derecho y las instituciones son la fuente del dolor. Cuando –por ejemplo- arrebatan el futuro a las personas y llaman criminal a quien ya bastante ofensa es decirle irregular. Peor aún, en los casos –como el mexicano- en los que las personas migrantes son víctimas de autoridades corruptas que extorsionan o en extremos llegan a estar coludidas con la delincuencia organizada.

Sin negar en absoluto la gravedad de lo que pasa en México, dada la agresiva actitud de Donald Trump permítame detenerme en el debate sobre lo que sucede a la población de origen latino en los Estados Unidos. Lo que lleva más de una década sucediendo es una forma más correcta de describirlo.

La deportación masiva, la separación familiar, las duras penas de prisión a migrantes, el acoso policial en las comunidades, ninguna de estas prácticas es nueva. Que quede claro, no estamos ante el inicio de una dura época, sino en el franco recrudecimiento de una política persecutoria que ya carga millones de injusticias a cuestas.

Para ubicar el anuncio del gobierno de Trump, retomo lo que sucede en Arizona desde 2005. Es un asunto que he documentado en visitas a la región y al que por razones profesionales volví hace unos días. En la ciudad de Tucson, los tribunales federales implementan la llamada “Operation Streamline”. Uno de los ejemplos más crudos de cómo la maquinaria institucional está perfectamente preparada para ir –sin contemplaciones- contra las personas migrantes.

De lunes a viernes, siempre a la 1:30 pm, y desde hace 11 años, en audiencias públicas se llevan a cabo juicios exprés, realizados de forma masiva en tiempos récord. En sólo 50 minutos se condena a 70 personas a penas de prisión corporal, sin derecho alguno de esparcimiento, educación o a hacer ejercicio.

Lo que ahí sucede es impactante. La astringencia de la sala, lo lujoso del recinto, la pulcritud del lenguaje, el orden con el que todo se desarrolla y el despliegue logístico del proceso pueden maquillar, pero no alcanzan a esconder la violencia.

¿Quiénes son acusados y -por definición y de manera anticipada- encontrados culpables? Hombres y mujeres migrantes previamente deportados y que habían sido advertidos de no regresar a Estados Unidos. El escenario en la corte es prístino, pero también devastador. Estas personas están encadenadas de pies, cintura y manos, en una escena más próxima a los tiempos de la esclavitud que a la forma en la que una democracia trata a las personas. Esa imagen por sí sola da cuenta de que algo está mal. La secuencia es brutal: de las cadenas a la jaula y en muchos casos de ahí a un auténtico destierro.

Pero ahí no para la cosa. Detrás de “Operation Streamline” hay un lucrativo negocio de miles de millones de dólares: venta de equipos y las cárceles privadas. De 2005 a la fecha, el incremento de personas presas por el “crimen” de ingreso ilegal se ha quintuplicado. Y con esos números, los ingresos de un feroz sector empresarial van con prisa tras el cielo. En las últimas semanas, las empresas privadas del sector carcelario han tenido un extraordinario incremento en el mercado de acciones.

La enrabietada retórica de Donald Trump ha desviado la atención de un aspecto crucial en el análisis de la gigantesca y perfectamente aceitada maquinaria para el encarcelamiento y las deportaciones: las cascadas de dinero que significan.

Parafraseando lo que me dijo una abogada activista de Nogales, Arizona: vivimos una época en la que hacer negocios por buscar, detener, encadenar y encerrar personas es legal. Mientras que arriesgar la vida por desesperación, aspirar a una vida mejor o reunirse con la familia es un acto criminal.
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